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  • Diario Digital | miércoles, 22 de mayo de 2024
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Cuando la turba decide ser juez: linchamientos, brutalidad y el silencio que alimenta la impunidad

El Código Penal boliviano establece penas para quienes se involucren en linchamientos, pudiendo llegar hasta 30 años de prisión.

Analizan videos para identificar a pobladores que golpearon y quemaron a 3 secuestradores en Ivirgarzama./ URGENTE.BO
El vehículo de los detenidos y asesinados fue incendiado por los movilizados./ FISCALÍA
Cuando la turba decide ser juez: linchamientos, brutalidad y el silencio que alimenta la impunidad

A mediodía se reportó la primera muerte y, tres horas después, las víctimas mortales habían aumentado a tres. Todo esto sucedió el miércoles 8 de mayo en Ivirgarzama, localidad del municipio de Puerto Villarroel en el Trópico de Cochabamba. En este lugar, pobladores pedían la pena de muerte para los hombres acusados de intento de robo y secuestro de una pareja. Estos crímenes tuvieron lugar en el centro de la población, en su plaza principal, que se encuentra frente a la Alcaldía y está rodeada de mercados, tiendas y paradas de transporte público.

Julio César de 34 años, Cristian de 25 años y un adolescente de 17 años vivieron horas de tortura. Había una cuarta persona con ellos, pero logró escapar. La Policía ya tiene su identidad y está siendo buscada, ya que hay una orden de aprehensión en su contra. La pesadilla comenzó en la madrugada después de que la gente fuera alertada sobre un presunto intento de robo y secuestro, lo que llevó a los habitantes a utilizar sus grupos de WhatsApp para comunicarse y avisar a los demás. 

Según el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, 10 días antes del terrible hecho, los presuntos delincuentes contactaron a la pareja a través de redes sociales con la excusa de querer comprarles un auto indocumentado. El día del encuentro, los presuntos delincuentes intimidaron a las víctimas con un arma de fuego y les obligaron a subir a un vehículo rojo. Durante el trayecto, el auto se quedó sin gasolina y una de las víctimas logró liberarse y pedir ayuda, alertando a los pobladores de que estaban siendo secuestrados.

El caso enfureció a la población, debido a los secuestros y robos registrados en el municipio y en toda la región del Trópico. La gente estaba reuniéndose cuando la Policía de Ivirgarzama llegó al sitio donde estaban los denunciados. Un oficial revisó detenidamente el vehículo de los acusados y encontró prendas de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), así como una mochila con cuadernos, certificado de notas y un mandil blanco, lo que llevó a creer a la comunidad que se trataba del robo o secuestro a un estudiante. Sin embargo, más tarde se confirmó que estas pertenecían a Cristian, quien era estudiante de Medicina en una Universidad de Cochabamba.

Ante los testimonios de la pareja afectada y la evidencia encontrada, la Policía aprehendió a tres de los cuatro acusados. Los detenidos fueron llevados a celdas policiales, pero una turba enardecida irrumpió en la instalación policial, causando destrozos y superando a los pocos oficiales presentes. A pesar de los intentos de la Policía de garantizar un proceso judicial, la gente estaba decidida a impartir su propia “justicia”.

Los policías de la oficina estiman que más de 400 personas ingresaron al lugar, forzando los candados de las celdas y sacando a golpes a los tres detenidos. La comisaría de Ivirgarzama se encuentra en una zona muy transitada, con comercios, paradas de mototaxis e incluso cerca de la Fiscalía.

La violencia fue registrada por los propios habitantes, que filmaron los hechos con sus celulares y compartieron el material en grupos de WhatsApp y Facebook. Julio César, Cristian y el adolescente solo podían emitir quejidos y gritos mientras eran golpeados y despojados de sus ropas, quedando solo en bóxer. Fueron sacados de la comisaría por la fuerza, sin que los agentes pudieran detenerlos, y en un video se ve a uno de ellos resignado siguiendo a la multitud.

Las imágenes son extremadamente violentas. Los tres hombres fueron exhibidos por las calles del municipio semidesnudos, con personas insultándolos y gritándoles que “no merecen vivir”. Primero caminaban y luego fueron obligados a avanzar de rodillas.

La turba condujo a los tres hombres hasta la plaza principal, donde los ataron a una palmera. Sus cuerpos presentaban marcas y heridas sangrantes. La gente los rodeaba, creando una situación cada vez más caótica a medida que la multitud enfurecida decidió rociarlos con gasolina y prenderles fuego. En las grabaciones se puede ver a uno de los fallecidos cubierto con una bolsa de polipropileno, mientras los otros dos lo observan de pie. Más tarde, se confirmaron dos muertes más. Según los exámenes forenses, las tres víctimas sufrieron múltiples contusiones, así como quemaduras que abarcaban entre el 60% y el 80% de sus cuerpos.

Una vez que todo terminó, la multitud se dispersó y reanudó sus actividades diarias como si nada hubiera ocurrido, habiendo desahogado su ira por los eventos delictivos ocurridos en la zona. Escogieron guardar silencio para evitar que los instigadores o responsables del triple asesinato fueran llevados ante la justicia. No obstante, los investigadores están analizando las grabaciones virales y otros indicios para identificar a los participantes en el suceso y determinar sus responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Por otro lado, el alcalde de Puerto Villarroel, Limbert Cossío, afirmó que los pobladores sorprendieron a las tres personas en flagrancia, evidenciando que las víctimas estaban atadas, lo que sugiere un intento de secuestro. Cossío también expresó su preocupación por el número reducido de policías destinados en esa unidad, los casos recurrentes de robos y secuestros, así como la falta de confianza en el trabajo de las autoridades judiciales, argumentando que la justicia no se aplica en la mayoría de los casos.

Los tres fallecidos fueron identificados. El fiscal Tejerina confirmó que entre ellos se encontraba un adolescente de 17 años, de nacionalidad boliviana y española. Él y Cristian vivían en Cochabamba. El segundo residía en Punata, municipio del Valle Alto. Juan Carlos, originario de Santa Cruz, era el único que tenía antecedentes por robo.

El cuerpo del cruceño no fue reclamado hasta el viernes 10 de mayo, por lo que el fiscal solicitó que se realicen las gestiones para su entierro en una fosa común del Cementerio Municipal de Ivirgarzama, debido a cuestiones de salud que impedían que permaneciera en la morgue del hospital.

Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, las tres personas asesinadas tenían su actividad delictiva en el lado del Chapare, donde se dedicaban a robar vehículos indocumentados para luego revenderlos.

Momento del linchamiento en Ivirgarzama./ RRSS
Momento del linchamiento en Ivirgarzama./ RRSS

La Fiscalía está investigando dos casos relacionados con el triple crimen, uno por presunto robo y otro por los asesinatos en sí.

El triple crimen es el segundo caso de linchamiento registrado en Puerto Villarroel en lo que va del año. El 25 de enero, Danilo A.R., un joven de 22 años, perdió la vida tras ser brutalmente golpeado y quemado por una multitud que lo acusaba de robar motocicletas en el municipio del Trópico de Cochabamba. El cuerpo del joven fue hallado atado con cables en una cancha deportiva, mientras que prevaleció un “pacto de silencio” entre los agresores, mientras los familiares de Danilo exigían justicia, insistiendo en la inocencia del fallecido.

En Bolivia, decenas personas son víctimas de linchamientos cada año. Los presuntos delincuentes son atacados por turbas enfurecidas, quienes los golpean, queman, cuelgan o incluso los ahogan, especialmente en áreas rurales. No se cuenta con estudios que documenten sistemáticamente los casos de linchamientos y suelen ser clasificados como asesinatos u homicidios. En un período de cinco años, entre 2014 y 2018, se registraron al menos 22 linchamientos en Bolivia de acuerdo a informes de medios de comunicación.

Dentro de las tragedias de linchamientos en Cochabamba, se encuentra la ocurrida el 27 de noviembre de 2021, cuando una turba acabó con la vida de Juan Carlos A.O. y Rafael G.Q., de 28 y 22 años, respectivamente, en la comunidad de Vacas. Se les acusó de haber robado un trufi, siendo golpeados, quemados vivos y luego llevados hasta un río para ser ahogados hasta la muerte. Posteriormente, los cuerpos fueron quemados y los restos calcinados enterrados en un cañadón en la localidad de Loman Centro de Pocona.

Uno de los sucesos más desgarradores en la historia delictiva de Bolivia tuvo lugar el 26 de febrero de 2008 en el municipio de Epizana. Tres policías fueron capturados, torturados y cruelmente asesinados por comunarios que los acusaron de extorsión en trancas móviles instaladas en caminos vecinales para exigir coimas.

En marzo de 2021, Omar Osvaldo G.T. y Gastón América R.F. fueron asesinados y quemados en la comunidad de Iluri Grande, en Tiraque, tras sorprenderlos atracando a un padre e hijo que habían viajado para comprar un auto indocumentado, intentando robarles alrededor de 7 mil dólares.

El linchamiento de Celso Caballero R. en mayo de 2020, acusado de robar una moto, conmocionó a todo el país. El joven de 27 años fue torturado, ahorcado y enterrado vivo en Chalviri, Sacaba.

Por otro lado, el caso de Lilian Karina F.F., una joven de 18 años acusada de robar cerveza y dinero en una tienda de Tiquipaya el 14 de octubre de 2023, es igual de escalofriante. La familia propietaria del negocio la roció con alcohol y le prendió fuego, dejándola gravemente herida. Tras tres meses de lucha, la mujer falleció a causa de una falla multiorgánica. La familia de Lilian asegura que ella no participó en el delito y exige justicia, habiendo algunos implicados en detención preventiva.

La Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia no permite la pena de muerte y reconoce la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad del acusado en un tribunal de justicia. La máxima condena en el país es la privación de libertad por 30 años, sin posibilidad de indulto, aplicándose en casos graves como asesinato y feminicidio luego de un juicio.