Cuando las fronteras fallan y la justicia calla: el caso Melina y la trata que crece

Las palomas de la plaza Murillo giran sobre el cielo paceño, indiferentes a la escena que ocurre abajo. Doña Rosa (nombre ficticio) sostiene un manojo de documentos: exámenes médicos, capturas de pantalla y nombres que, en un mundo justo, bastarían para acusar sin rodeos. Pero no es el caso. Lo que carga no es solo papel: es la prueba, la impotencia y el dolor de una madre que intenta recuperar la risa de su hija, esa que el silencio de enero se llevó sin aviso.

Doña Rosa no levanta la voz ni reclama con furia. Se sostiene en pie, y eso —después de todo lo vivido— ya es mucho. Su hija, Melina (19), desapareció sin que se oyera un portazo, sin testigos ni alarmas, dejando atrás apenas una carta y el brillo frío de una pantalla. Un mes más tarde, logró volver a casa. Pero la alegría duró poco. Lo que encontró al regresar no fue justicia, sino un camino empedrado de excusas y burocracia. Como si escapar del horror fuera solo la primera batalla.

Doña Rosa es testigo de esta nueva guerra silenciosa, entre chats, pantallas y juegos que parecen inofensivos. Sabe que mientras el mundo digital avanza sin límites, las fronteras de piedra y tierra que separan a Bolivia del resto siguen tan porosas como siempre. Su historia no es solo el testimonio de una madre que resiste: es también la advertencia de una amenaza que ya no toca la puerta. Ahora escribe, juega, y envía una solicitud de amistad.

Según los registros de la Policía Boliviana, de 2025, La Paz concentra la mayor cantidad de denuncias por desaparición de personas. Las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo identifican que las niñas, niños y adolescentes son la población más afectada en los últimos años por este delito.

El capitán Diego Patzi, jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), explica que reciben entre 5 a 10 reportes al día. De ese total, asegura, el 80% logra resolverse.

“El equipo policial con el que contamos no es muy amplio, pero nos damos cabida para atender a la mayor cantidad de personas. Por día, que denuncien 10 casos, creo que el 80% sale con resolución en 24 horas”, indica el capitán Patzi.

¿Y ese 20 % que no vuelve? Muchos de esos casos, quizá, quedan atrapados en la categoría más temida: víctimas de delitos tan antiguos como difíciles de probar, la trata de personas. Uno de ellos es el caso de Melina, la única hija de doña Rosa, y una de las pocas sobrevivientes que puede contar su historia.

EL JUEGO DE LA CAPTACIÓN

Desde pequeña, según narra doña Rosa, Melina tuvo dificultades para conectar con chicos de su edad. Le costaba encajar. La rechazaban por pensar distinto.

“Ella misma no entendía por qué no lograba encajar. Le decían que era aburrida”, comenta.

Fue así que en Free Fire encontró un espacio que no la juzgaba. Allí, entre partidas, halló algo más que una distracción: una persona que la entendía, José, un jugador con residencia en Perú.

Empezaron hablando poco. Después, su contacto se hizo cada vez más frecuente. En esos mundos digitales, la amistad se construye entre tiros, curas y regalos. El sistema mismo te invita a crear lazos: al armar equipos, al intercambiar objetos, al confiar en alguien que te cubre la espalda —aunque sea en la pantalla.

Como si fuera una red social, en Free Fire se pueden enviar solicitudes de amistad, buscar usuarios por apodo o ID y conversar por audio en tiempo real mientras te diviertes. Lo que parecía solo un juego, fue el inicio de algo más peligroso: el vínculo que José supo construir sin levantar sospechas.

Free Fire, como muchos otros juegos en línea, permite que cualquier persona mayor de 13 años cree una cuenta. Así lo establece su sitio oficial, aunque todo queda sujeto a las regulaciones de Google o Apple según el país. La empresa detrás del juego también ofrece recomendaciones para que madres y padres supervisen el uso que sus hijos hacen de la plataforma y sepan cómo actuar si detectan comportamientos sospechosos. Pero esas advertencias, casi siempre escondidas en letras pequeñas, no bastan.

Es así que Melina, rechazada en el mundo físico, encontró refugio en el virtual. Allí, entre partidas y chats, José se volvió más que un compañero de juego: era quien la escuchaba, entendía y compartía con ella su rutina. Con el tiempo comenzó el enamoramiento. No de un avatar, sino de alguien a quien ella “conocía de verdad”.

Entonces, llegó el siguiente paso. Doña Rosa menciona que José le pidió a su hija una prueba de amor: primero, la contraseña de su cuenta de Facebook; después, algo más íntimo: fotografías de ella sin ropa. Melina accedió, convencida de que era parte de una relación real, legítima y segura.

Con esa confianza ganada, el tratante ya había cruzado casi todas las barreras. Solo quedaba el último movimiento: el encuentro. 

José la invitó a encontrarse y que ella estudie y trabaje en el país vecino. Con la amenaza de las fotos e impulsada por la oportunidad, aceptó irse. Ingresó por Desaguadero, la ciudad que separa Bolivia de Perú, una frontera más simbólica que real. Una salida que, para muchas, no tiene retorno.

Israel Mariño, responsable del área de sistemas de la Fundación Munasim Kullakita, y Wara Delgadillo del Castillo, a cargo del Observatorio de Trata de Personas de Cecasem, coinciden en algo esencial: Free Fire no es el único terreno fértil para los tratantes.

ROBLOX Y DISCORD, OTRAS FUENTES DE CAPTACIÓN

Ambas instituciones han documentado casos similares donde niñas y adolescentes fueron captadas a través de otras plataformas como Roblox y Discord. Espacios diseñados —al menos en apariencia— para el entretenimiento o la socialización, pero que esconden entre juegos y chats un acceso directo para criminales, sin filtros, sin control, sin barreras.

Israel Mariño, de Munasim Kullakita, explica que en ese videojuego no son pocos los menores que terminan expuestos a contenidos sexuales, conversaciones inapropiadas o interacciones con adultos que se esconden detrás de perfiles inofensivos, ya que el mismo juego permite cualquier tipo de relación con escasos filtros. Según advierte, la accesibilidad sin filtros reales convierte a estas plataformas en espacios de alto riesgo, donde cualquier persona —sin importar su edad— puede establecer contacto con un menor de edad.

“Hay avatares muy exuberantes como una mujer con un largo escote que pasan imágenes de desnudos a los menores. Para un niño de 8 a 10 años, ver esto crea un shock, él se queda loco pues estás hablando con una mujer de 25 años que te muestra su foto desnuda. Por lo que mantienen una conversación, pactan encuentros y ahí resulta que son pedófilos que violan a los niños”, relata Mariño, según sus investigaciones.

Y el problema no es exclusivo de Bolivia. En países como Estados Unidos ya se han reportado casos de trata y pornografía de niños que comenzaron con una simple conversación en Roblox, según informaron medios e instituciones internacionales.

Sobre Discord, Mariño indica que funciona como una extensión del enganche inicial. Una vez ganada la confianza de la víctima en el videojuego, el tratante suele llevar la conversación a esta otra plataforma, donde el contacto es más directo, privado y prolongado. 

En febrero de este año, el bufete de abogados Cotchett, Pitre & McCarthy presentó una demanda en California contra Roblox y Discord por proporcionar un terreno de caza para depredadores sexuales infantiles, al facilitar entornos en línea donde adultos pueden interactuar libremente con menores sin supervisión.

Según Wara Delgadillo del Observatorio de Trata de Cecasem, los tratantes prefieren videojuegos y plataformas con chat integrado porque permiten conversaciones rápidas y naturales: ahí nace la tensión. Destaca que en Bolivia no se usa el secuestro exprés —como en otras regiones—, sino una táctica sostenida de enamoramiento digital seguida de invitaciones presenciales. 

El perfil de las niñas y adolescentes que buscan es con baja autoestima o inseguridad, reducido o nulo entorno de amistades reales y necesidad de encajar en un entorno social.

FRAGILIDAD EN LAS FRONTERAS

En muchos casos, esas citas se concretan en zonas fronterizas como Desaguadero, Bermejo o Cobija, donde el tránsito irregular y los pasos informales permiten cruzar sin autorización o verificación rigurosa.

La fiscal de género del Ministerio Público de Pando, Rocío Chambi, admite esta debilidad que existe en las fronteras y ve la necesidad de que el control pueda ser más riguroso. “Nuestra frontera es un puente por donde se puede pasar a pie, no hay un control riguroso las 24 horas que solicite la documentación de las personas”.

Los oficiales fronterizos de Desaguadero aclaran que sí controlan, pero solo actúan a gran escala cuando llegan alertas específicas de desapariciones, aún en esos casos acepta que no logran revisar a todas las personas que cruzan por el masivo comercio que hay en estos sectores los días de feria.

Mencionan que como contingencia también controlan el transporte de menores en trancas. En el caso de Desaguadero, en las trancas de Laja y Guaqui. No obstante, luego de visitar esta ciudad, no se encontró control alguno que detenga las movilidades para verificar la procedencia de las personas, mayores y menores.

Fue por Desaguadero por donde Melina viajó rumbo a Perú, páramo que cuenta con oficiales y militares en el puente que conecta ambas naciones.

Confiando en la promesa de José, Melina dejó una carta en casa en donde decía que se iba a un “mejor lugar” y pedía que la familia no se preocupara. Ella emprendió el viaje sola, con la guía de José. Tras viajar en tres flotas diferentes, llegó a una zona selvática en San Martín del Perú, una ciudad llamada Nueva Cajamarca.

Comenta que la recibieron José, quien tenía 17 años, una mujer y un hombre que, según le dijeron, eran el tío y mamá del joven. Además, vio a otras mujeres que ocasionalmente estaban en el domicilio rodeado de vegetación.

Allí la obligaron a trabajar durante el día en la cosecha de frutas y, por la noche, la llevaron a lugares tipo discotecas, en chozas donde la obligaron a beber, enfrentar situaciones violentas y le inyectaron un líquido desconocido.

Al día siguiente, Melina despertó sin memoria clara de lo ocurrido. Solo tenía flashes de lo vivido por la noche: el inicio de un calvario que se prolongó por días. “Solo recuerda que un hombre estaba encima de ella, tocándole y que puso su miembro en su boca, lo que no entiende por qué”, comentó entre lágrimas doña Rosa.

Aunque fue rescatada un mes después de desaparecer, no fue gracias a autoridades o prensa, sino por el empeño de su familia. Su caso se difundió solo por la cuenta en Facebook Zarlet Ilumina, no tuvo cobertura mediática formal.

Luego de que doña Rosa leyera la carta que dejó Melina, contactó a una amiga de su hija que dio pistas clave: la relación que comenzó en Free Fire y un perfil de Facebook vinculado a José. Con ese dato, el esposo de doña Rosa, Orlando, viajó a Perú y denunció el caso allí. La policía local confirmó que el nombre del perfil pertenecía a una persona real que vivía en Nueva Cajamarca.

Luego de visitar el domicilio, pudieron confirmar que una adolescente que coincidía con la descripción de Melina llegó hace casi un mes al inmueble. Aunque en ese momento no estaban los jóvenes presentes, fue cuestión de horas para encontrar a la adolescente, que retornaba de un viaje a Chiclayo.

Mientras todo eso sucedía en Perú, doña Rosa intentaba hacer su parte desde Bolivia. Acudió a la FELCC de El Alto para formalizar la denuncia. La respuesta la dejó helada: los oficiales sugirieron que Melina “seguramente se había ido con su enamoradito y volvería”. Además, descartaron la posibilidad de actuar rápido, asegurando que esos casos se reportan a diario y que, en la mayoría, “los esfuerzos son en vano”.

Esa reacción revela una problemática que sigue sin resolverse en Bolivia: la falta de una normativa clara para diferenciar los casos de personas desaparecidas. No todas las desapariciones están vinculadas a trata; algunas encubren otros delitos, como feminicidios. Sin embargo, hoy se tratan con los mismos recursos y respuestas mecánicas.

Israel Mariño, de la Fundación Munasim Kullakita, advierte que esa falta de tipificación ha llevado a que muchos casos de trata se clasifiquen como pornografía infantil, lo que disminuye las condenas y desvía el enfoque. Por su parte, Wara Delgadillo, del Observatorio de Trata de Cecasem, insiste en la urgencia de una ley específica para desaparecidos. 

Desde su institución ya impulsaron una propuesta normativa, pero hasta ahora no ha sido abordada ni por el Estado ni por los candidatos presidenciales. 

“Eso también hace que, en muchas ocasiones, se desgasten esfuerzos policiales, recursos en búsqueda de personas que son víctimas de otros delitos y corresponden a otras instancias, y esto hace que la investigación como tal del delito de trata de personas se vea bastante afectado y no esté bien enfocado”, detalla Delgadillo.

En contraste, la fiscal Rocío Chambi informa que el Ministerio Público sacó un proyecto de ley que habla del ciberpatrullaje en el mundo virtual. “Está para una aprobación por la Cámara de Diputados y (con estos esfuerzos) considero que hay bastante avance en relación a delitos cibernéticos”.

Luego del calvario que sufrió, doña Rosa recuperó a su hija y tiene un pedido claro: que los padres adviertan señales simples —como cambio de entorno social, melancolía o excesiva privacidad— y establezcan diálogo constante con sus hijos.

Además, menciona que escapar de la trata no significa estar a salvo. Melina aún no ha podido recuperar su cuenta de Facebook: la contraseña quedó en manos de José. Según una amiga, desde ese perfil él sigue preguntando por ella: dónde estudia, dónde vive, si alguien sabe cómo contactarla. Sigue ahí. Al acecho.

Doña Rosa ha intentado reabrir el caso bajo la figura de trata de personas, para frenar ese hostigamiento y evitar que otras niñas pasen por lo mismo. Pero en su primer intento, le negaron la solicitud. Le dijeron que no podía considerarse trata si Melina ya había aparecido.

La abogada Marcela Martínez dijo que está viendo las formas de ayudar a doña Rosa, ya que, al no haber un proceso judicial, hay el riesgo de que se vuelvan a llevar a Melina. “Es peligroso porque los tratantes están intentando contactarla de nuevo”.

Con el rostro cansado pero la convicción intacta, doña Rosa insiste en que no quiere venganza, solo justicia. Que su hija merece algo más que silencio institucional y una carpeta archivada. Porque además de los traumas, Melina arrastra las consecuencias físicas del tiempo perdido: enfermedades producto de las sustancias que le inyectaron durante su encierro, y rechazo de psicólogos que no quieren atenderla por estar relacionada con un caso de trata.

Doña Rosa se despide con la misma calma con la que llegó. Aferrada a su fe, con el folder en la mano y la esperanza intacta. Solo quiere una cosa: que su hija vuelva a reír como antes. Que la alegría que Free Fire se llevó, un día vuelva a casa.

Colaboración de Orlando Yapu y Romer Terrazas. Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP).