Desde el área de la psicología forense intentan analizar la figura de los efectivos del orden policial y militar que transgreden normas y llegan a conductas delictivas, tomando como elemento la cantidad de hechos de violencia física, verbal e incluso feminicidios que sucedieron en los últimos años en Bolivia, figuras en que se han visto implicados uniformados retirados o en servicio. En octubre de 2020, la Justicia sentenció a cinco años de presidio al exsubteniente de la Policía Christian López, por estupro hacia Lorena Paredes, una muchacha de 18 años que, además, ha sido victimada con un arma de fuego en el pecho. El exefectivo es investigado por el deceso de quien fue su pareja.

El campo no ha sido abordado al 100%. Sin embargo, existen aristas de análisis. Así lo aclara la experta en psicología forense, medicina legal y ciencias policiales Lorena Cox, quien advierte que se basa en investigaciones que tienen que ver con su campo de acción. Una de sus conclusiones es que la transgresión a las normas suele darse, bastante menos, por parte de funcionarios que responden a puestos jerárquicos menores.

“En cargos más bajos se ha podido observar un menor grado de transgresión, por lo que se puede entender que esto se va aprendiendo en la inmersión misma de la institución y todo lo que supone el ascenso de categorías y la capacitación adicional que reciben. Son los únicos que están capacitados para el manejo criminológico y psicológico. Poseen muchas herramientas que, empero de que deberían ayudarles al esclarecimiento de la investigación de las comisiones delictivas, pues son utilizadas para desarrollarlas”.

Según Cox, el 0.01% de los efectivos del orden público “no desarrolló conductas delictivas que supongan algún tipo de transgresión de la norma”. “El hecho de asumir una carrera policial o militar refleja que a lo largo de esto van sumando conocimientos y técnicas adicionales y, principalmente, el hecho de que son los únicos que tienen el permiso legalmente establecido de portar armas. Esto, con el fin que, debe suponer, es el de resguardo de la población. Se pudo encontrar que este tipo de conductas transgresoras tiene que ver con, por ejemplo, las situaciones de violencia física intrafamiliar, abuso sexual, lo relacionado con tráfico de sustancias y otro tipo de circunstancias penadas por ley”, explica.

AGRAVANTE

La transgresión de las leyes a sabiendas de que están vigentes y el hecho de que caigan en un delito gozando de atribuciones dotadas por una entidad implica que exista un “agravante de responsabilidad criminal”.

“El hecho de cometer un delito, encima haciendo uso de sus atribuciones institucionales y de cargo, que son conferidas, supone un agravante de responsabilidad criminal”. Sobre los convenios de “rehabilitación” que suelen orientarse con el fin de que los uniformados del orden adopten una perspectiva de género, Cox considera que existe un dejo de “gracia”.

“Es un poco gracioso. Si se está hablando de rehabilitarlos es porque se tiene la constancia de que algún efecto han producido con su conducta. No es lo mismo rehabilitar que reeducar. Entonces, es posible hablar de reeducación de conductas cuando, en su mayoría, son personas con rasgos y características de personalidad compatibles con la comisión de delitos vinculados con integridad física, emocional y sexual. Cuando se está hablando de reeducación, se refiere a personas que desarrollaron la violencia de manera general en todos los ámbitos de relacionamiento, desde que ingresan a la institución”.

Evitando generalizar, Cox relata que se halló a funcionarios con características de personalidad que competen a los agresores de violencia intrafamiliar. “Es adquirida, incluso, al ingreso y por la forma de trato y de instrucción que llevan adelante, la han naturalizado también en su contexto familiar, adicionalmente de que, en su mayoría, llegan a este tipo de formación con resultado de haber pertenecido a familias que desarrollaron la violencia”.

Estas personas, describe, suelen desarrollar una conducta violenta activa. Al abordar sobre las características de la agresión de violencia intrafamiliar hay algunos aspectos a tener en cuenta, como el “pobre repertorio conductual”, lo que significa que reaccionan abruptamente. Además, poseen un “control cognitivo conductual ejercido en la familia y, sobre todo, en la pareja”.

Estas conductas se deben a la inseguridad, falta de autoestima, dependencia y pensamientos vinculados con la celotipia. “Son celosos. Atribuyen esta violencia por presuntas conductas que la víctima puede llegar a generar y que son suficientes para motivar la violencia en todos los aspectos de estas personas”.

Cuando la problemática se produce en un grado intensificado y se llega a dar muerte, como narra la psicóloga, sucede un trastorno delirante de tipo paranoico con rasgos celotípicos. “Es muy compatible con el perfil de feminicidio de tipo íntimo, donde se pudo encontrar que las victimas fallecen como resultado del extremo grado de violencia ejercido en relación con ellas en este ambiente de convivencia, con un vínculo emocional, principalmente (se da), con armas, y hablamos de cualquier tipo de objetos usados dentro de un ambiente doméstico”.

En el hogar, se naturalizó la portación de armas como elemento de intimidación y coacción. “Se pudo evidenciar que fueron utilizadas para cometer este tipo de lesiones gravísimas en relación con otros individuos y de feminicidio, con respecto a sus víctimas”.

ESTRATEGIA

Las conductas violentas son generadas de manera estratégica. Las personas que las ejercen lo hacen dentro del contexto familiar. “Solamente su familia de origen o familia conformada podrá tener constancia”.

Explica que ha sido posible “hallar rasgos de personalidad compatibles con trastorno antisocial”. “Llegan a desarrollar conductas de baja empatía, ausencia de culpabilidad, planificación y manipulación”. La inteligencia suele ser otro elemento presente. “Tienen un alto grado de coeficiente intelectual que les lleva a cometer delitos y contar con el apoyo de colegas para encubrir este tipo de hechos”.

En su experiencia como psicóloga forense, confiesa que “pudo evidenciar que un gran porcentaje de personas que cometen delitos tiene estas características y responde a funciones públicas”. De ahí que este aspecto suponga un agravante de responsabilidad.