Juan Carlos Arias Olivera y Rafael Gonzales Quispe, de 28 y 22 años, fueron torturados antes de perder la vida en una comunidad de Vacas, en la región del Cono Sur de Cochabamba.El sábado 27 de noviembre, una turba fuera de sí los acusó de robar el vehículo de un poblador (que ahora está encarcelado) y, a plena luz del día, los amarraron al arco de una cancha de fútbol donde los patearon hasta el cansancio y golpearon con piedras y palos.  Luego, les prendieron fuego en los pies, cuando aún estaban vivos, y los llevaron hasta un río donde los sumergieron hasta quitarles la vida.

La cruel y trágica historia aún no había terminado. Los pobladores, con la certeza de haber ‘ajusticiado’ a mano propia a delincuentes sin darles la opción a juicio, planearon cómo deshacerse de los cadáveres a fin de desaparecerlos y volver a sus labores cotidianas como si ahí nunca hubiese pasado nada. A Benedicto R.C., propietario de la movilidad que presuntamente estaba siendo robada por los jóvenes, le dijeron que se lleve los cuerpos en el vehículo ‘recuperado’ y los queme, en una zona alejada, para borrar toda prueba del doble asesinato.

El ‘pacto de silencio’ estaba hecho. Todos iban a ‘protegerse’ guardando silencio, pero no contaron con que un video, donde se ve a los jóvenes siendo golpeados, iba a circular en las redes sociales destapando el violento crimen. En la grabación, uno de los jóvenes, con las manos atadas a la espalda, expresaba su dolor con quejidos, mientras la multitud le exigía ponerse de pie. Uno de ellos le dijo ‘al hombre que has amarrado tiene su familia’, refiriéndose al conductor al que habrían pretendido robarle su auto, y lo golpeó con un palo en el rostro.

Otro sugería que lo tomaran de los cabellos y lo arrastraran hasta el arco de la cancha de fútbol de la comunidad de Totora Pampa, donde ya estaba atado el otro joven, quien estaba siendo golpeado por varios hombres que le decían que hable y confiese todo.

La Policía, que no tiene presencia en Vacas, tomó conocimiento del hecho por redes sociales. El domingo 28 de noviembre, recibieron una llamada donde les confirmaron el linchamiento en la comunidad de Totora Pampa. Un equipo multidisciplinario y efectivos de distintas unidades policiales se constituyeron al lugar donde un comunario refirió que el robo del vehículo ocurrió en la comunidad Alto Loman y que los pobladores habían interceptado a los presuntos delincuentes. Los efectivos llegaron a la cancha de fútbol donde los jóvenes fueron torturados, pero no encontraron los cuerpos.

Juan Carlos y Rafael fueron reconocidos por sus familiares a través de los videos que circularon en Facebook e inmediatamente formalizaron la denuncia, el lunes 29 de noviembre. Al día siguiente, un comunario proporcionó mayor información a los policías identificando a los posibles autores, partícipes e instigadores del linchamiento.

Esa noche, los efectivos aprehendieron a Felipe G.C., de 48 años, presunto instigador del crimen. Una de las hijas del ahora encarcelado, aseguró que su padre no estuvo el día del hecho en Totora Pampa porque estaba ‘cavando papa’ en otra comunidad y que lo estarían inculpando por ser dirigente de la comunidad Loman Alto.

LOS QUEMAN Y ENTIERRAN

La mañana del miércoles 1 de diciembre, Benedicto R.C., de 43 años, fue aprehendido en Alto Loman y, en la entrevista verbal, confesó su participación en el linchamiento y dio detalles importantes sobre la ejecución de los jóvenes e indicó el lugar donde fueron incinerados y enterrados.

Según su versión, Juan Carlos y Rafael murieron ahogados en un río. Luego, los pobladores le habrían dicho que se lleve los cuerpos en el vehículo que le ayudaron a recuperar y que los queme para desaparecerlos con la intención de que el crimen nunca se descubra. Ese día, la Policía, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y Ministerio Público volvieron a ingresar a la comunidad para realizar el rastrillaje y hallaron los restos totalmente calcinados y enterrados de las víctimas en un cañadón, de difícil acceso, de la localidad Loman Centro (Pocona).

Jazmín Pamela Caballero, abogada de las familias de las víctimas, señaló que los autores pretendían ocultar los asesinatos. Descubrieron que quemaron los cuerpos de los jóvenes junto con los de animales para confundir en caso de que los restos fueran hallados.

“TU VIDA O TU AUTO”

Benedicto R.C. declaró que estaba conduciendo en Alto Loman cuando decidió estacionar su vehículo. Vio que dos jóvenes, a bordo de una motocicleta, pasaron cerca de su movilidad. Unos minutos después, las mismas personas habrían regresado y dispararon hacia su movilidad diciéndole “tu vida o tu auto”. Señaló que lo amenazaron con un arma de fuego.

Luego, le habrían indicado que baje del auto y se eche en el piso, y procedieron a atarle las manos y pies y le cubrieron la boca con una cinta masking. Los vio irse, uno conduciendo su vehículo y el otro en la motocicleta. El hombre intentó moverse, pero no podía hacerlo. Uno de sus parientes, que estaba por la zona, escuchó sus quejidos y lo encontró y auxilió, mientras él le contaba todo lo ocurrido.

Benedicto presume que su pariente alertó a los pobladores porque dice que a él le despojaron de todas sus pertenencias y no tenía forma de comunicarse con otras personas. “Pensé que se llevaron el auto, pero mucha gente se había juntado y los agarraron cuando estaban huyendo a pie”.

Los presuntos ladrones habrían abandonado el auto y la moto para salir de la comunidad caminando y, de esa forma, evitar ser descubiertos. La población los rodeó antes de que pudiesen salir de Vacas.

¿QUIÉNES ERAN JUAN CARLOS Y RAFAEL?

Los dos jóvenes solteros hacían trabajos principalmente de agricultura y albañilería, según la abogada Jazmín Pamela Caballero.

El hermano mayor de Rafael dijo, en entrevista con Red Uno, que la víctima también estaba trabajando en una empresa que distribuye leche. Llegó a Punata, desde Brasil, hace unos tres o cuatro meses. Para el familiar, su hermano menor fue confundido y lo tildaron de delincuente porque tenía el cabello teñido.

Los familiares no han podido establecer el motivo por el que los jóvenes se encontraban en Vacas. Presumen que pudieron haberse dirigido a la comunidad, donde fueron linchados, para vender la motocicleta o por cuestiones laborales.

Las autoridades dieron a conocer que uno de los linchados tenía antecedente policial, no penal, por un caso anterior de robo de vehículo.

FAMILIA DEJA SU HOGAR POR TEMOR

Algunos comunarios de Vacas se constituyeron al domicilio de la familia de Juan Carlos Arias, en Punata, para exigirle que levante la denuncia en contra de los dos imputados. Les advirtieron que si no lo hacían iban a quemar su casa, informó la abogada Jazmín Pamela Caballero. 

“La familia en este momento tiene miedo. Abandonó su hogar ante las amenazas siendo que esta situación no es su culpa, pero ante el temor lo primero que han hecho es escapar”, dijo. 

Añadió que hay otras ocho órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en los asesinatos, pero ejecutarlas está convirtiéndose en una tarea arriesgada puesto que los comunarios suenan alarmas y convocan a toda la gente ni bien se percatan del intento de ingreso de los efectivos policiales.

Los pobladores están movilizados exigiendo la liberación de los dos hombres que fueron enviados preventivamente, por seis meses, al penal de El Abra. 

(IN) JUSTICIA POR MANO PROPIA

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, exhortó a la población a no confundir las prácticas correctivas propias como la ‘justicia comunitaria’ con actos de linchamientos o asesinatos. 

“La justicia comunitaria no es linchamiento y no es asesinato. Todo lo contrario, es una forma de corregir estos comportamientos y de ninguna manera vamos a tolerar dentro del Estado Plurinacional que se sigan repitiendo estos hechos atroces. Aclarar que la acción cometida no es justicia comunitaria, esto es asesinato”, manifestó.

Del Castillo manifestó que los comunarios debieron denunciar ante la Policía el robo del vehículo y evitar el crimen. “Si hubieran denunciado, ahora estaríamos presentado al señor Juan Carlos Arias y al señor Rafael Gonzales por la comisión del robo de vehículo. No obstante, tenemos que presentar a Felipe G. y Benedicto R. por la comisión del delito de asesinato porque ellos habrían incitado y materializado el linchamiento de dos jóvenes en Cochabamba”, dijo a tiempo de presentar a los imputados en una conferencia de prensa acompañado del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera; comandante departamental de la Policía, Rubén Darío Lobatón y el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rolando Rojas.

OTROS TRES LINCHADOS Y ASESINADOS

En Bolivia no existen estadísticas oficiales sobre linchamientos. Los que se conocen se basan en datos registrados por los medios de comunicación, que sólo tienen cifras parciales, debido a que no todos los casos son denunciados.

En Cochabamba, se conoció que otros tres hombres, acusados de robos, fueron asesinados en lo que va del año. Un ‘pacto de silencio’ aún rodea la muerte de Omar Osvaldo Gonzales Terrazas y de Gastón Américo Ruiz Ferrel, conocidos en el mundo del hampa como El Kachilo (delincuente peligroso) y El Américo, respectivamente.

Los amigos, prontuariados, fueron linchados y quemados el 17 de marzo cuando atracaron a dos personas en la comunidad de Iluri Grande de Tiraque, municipio que también pertenece a la región del Cono Sur. A la fecha, ningún autor ha sido identificado porque rige el ‘silencio’.

Un auto quemado y restos óseos pequeños y calcinados fue lo que encontraron los investigadores en Iluri Grande. En este caso, se viralizó en redes sociales una fotografía donde se observa a un hombre sentado, con las manos atadas y los ojos vendados, mientras un vehículo rojo ardía en llamas.

El Kachilo y su amigo cayeron en su propia trampa. Ellos citaron a dos hombres, padre e hijo, en Colomi supuestamente para venderles una camioneta indocumentada en siete mil dólares. Luego, les dijeron que tenían un garaje con muchas más movilidades en el Valle Alto y los convencieron a trasladarse a esa región.

Cuando viajaban con los interesados, que habían llegado de Sucre, los redujeron, encañonaron y les dispararon para robarles el dinero cuando pasaban por la comunidad de Iluri Grande. El tiro alertó a los pobladores, quienes auxiliaron a las víctimas y rodearon a los ‘falsos vendedores’ para llevárselos monte adentro, mientras su auto ardía en llamas. La Policía no pudo ingresar a la zona sino hasta varios días después.

Otra muerte se registró la noche del 15 de agosto. Celestino Condori Apaza fue linchado tras que lo sorprendieran conduciendo un vehículo robado en la zona del sindicato Gualberto Villarroel del municipio de Entre Ríos, en la región del Trópico de Cochabamba.

Según las investigaciones, los propietarios reconocieron su auto robado y pidieron ayuda a los vecinos. Alrededor de 150 personas rodearon al presunto delincuente, de 37 años, y lo maniataron y golpearon brutalmente. Tenía una cuerda envuelta en su cuello y pierna derecha y los signos de violencia en su espalda eran visibles al momento de su rescate al promediar las 21:40. 

Celestino perdió la vida cuando estaba siendo trasladado al hospital de Ivirgarzama. Tampoco hubo detenidos por su muerte.

Sobre los casos, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, aseguró que ninguno de los hechos quedará impune. Dijo que las investigaciones se ralentizan por los ‘pactos de silencio’, pero que la Policía conseguirá las fuentes, sean testigos o pruebas materiales, para identificar a los responsables y vincularlos a los crímenes.

MÁS VIOLENTOS

Otro de los casos que mayor repercusión tuvo este año fue el del adolescente indígena quemado en el pueblo tsimane, en Beni. Lo acusaron de asesinar a dos personas en la comunidad y lo rociaron con gasolina y posteriormente lo quemaron vivo. Falleció tras padecer una larga agonía ante la mirada de varios habitantes.

En mayo de 2020, el linchamiento de Celso Caballero R., acusado de robar una moto, alarmó a toda Bolivia. El joven, de 27 años, fue torturado, ahorcado y enterrado vivo en Chalviri, Sacaba (Cochabamba). Seis personas, todas con detención domiciliaria, son investigadas por su muerte.

La Fundación Construir alertó que ese tipo de hechos no solo debilita aún más al Estado de Derecho, sino que ‘desvirtúan’ la noción de la justicia indígena originaria campesina, que se enmarca dentro de los derechos que vela la Constitución. La pena de muerte no se encuentra contemplada en nuestro país. La Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional la prohíbe y sanciona.

Esa Ley, en su artículo sexto, refiere: “En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato (que se sanciona con 30 años de cárcel) a quien la imponga, la consienta o la ejecute”.