Cámaras, amenazas y silencio: la violencia digital contra mujeres

Andrea y Marcela – nombres cambiados – descubrieron que el peligro podía esconderse dentro de sus propias casas. Los autores de la violencia eran sus parejas de entonces: uno instaló un dispositivo en su habitación y el otro grabó momentos privados de la relación, en ambos casos sin que ellas lo supieran. Cada imagen se convirtió en un recordatorio del control que ellos buscaban ejercer sobre sus vidas, una advertencia constante: si no cedían, su cuerpo y su intimidad podían ser expuestos al mundo. La violencia digital las acorraló, quebrando su tranquilidad y dejando cicatrices que no se ven, pero pesan cada día.

No existen datos estadísticos oficiales sobre violencia digital en Bolivia, pero algunas instituciones registran estos casos. El Centro SOS de la Fundación Internet Bolivia, por ejemplo, cuenta con una línea de atención que entre junio y diciembre de 2024 brindó acompañamiento a 341 personas. De ellas, 259 – equivalente al 76% - reportaron algún tipo de violencia digital. El 87% de quienes buscaron ayuda fueron mujeres. Del total de casos atendidos, un 15% de las denuncias correspondió a acoso digital, mientras que un 30% se relacionó con violencia sexual ejercida mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): el 24% por amenazas de difusión de contenido íntimo y el 15% por la publicación de ese material sin consentimiento.

Andrea y Marcela sufrieron el tipo de violencia más frecuente: sexual mediante las TIC. Sus parejas las grabaron sin consentimiento y las amenazaron con difundir los contenidos. Además, ambas sospechan que los videos llegaron a manos de amigos de sus agresores, percibiendo comentarios disfrazados de bromas o recibiendo llamadas anónimas. Sin testigos dispuestos a declarar, no pudieron comprobar la difusión de los contenidos, y en sus procesos la violencia sufrida sobre su intimidad fue prácticamente ignorada. Los casos no prosperaron y hoy ambas siguen trabajando en su recuperación.

EL MIEDO A QUE SE DIFUNDA Andrea, hoy de 23 años, comenzó a vivir la pesadilla a los 19. Mantenía una relación sentimental de tres años con alguien que había sido su compañero desde el colegio. Ya siendo adultos, vivieron juntos por poco tiempo, durante el cual – según su denuncia fue – víctima de distintos tipos de violencia: física, psicológica y digital.

Uno de los momentos que la llevó a desconfiar ocurrió cuando su pareja, un joven de su misma edad, se apropió del dinero que Andrea ganaba trabajando como traductora de idiomas (del castellano al inglés y viceversa). Al exigirle la devolución, recibió una respuesta que nunca olvidaría: “Seguí jod… y voy a mostrar tus videos. Los voy a subir a YouTube”. Las amenazas continuaron hasta que le envió los videos con un mensaje: “Disfruta, porque mis amigos también lo harán”. Se trataba de grabaciones de momentos de intimidad que Andrea no recuerda, y llegó a sospechar que él le habría administrado alguna sustancia en sus alimentos para afectar su consciencia mientras la grababa.

Durante un tiempo, las amenazas la mantuvieron paralizada, pues temía que los videos fueran difundidos. Calló, hasta que finalmente le contó todo a su madre, quien le aconsejó denunciarlo y le advirtió que si las publicaba él estaría cometiendo un delito. Al presentar la denuncia, sintieron que sus sentimientos respecto a los videos eran invalidados: les decían que parecían consensuados. Andrea también denunció agresión sexual y extorsión. El proceso se prolongó casi tres años sin que sintiera respaldo; su abogado incluso la abandonó una semana antes de la audiencia. La presión y la falta de apoyo la hicieron replantearse todo y finalmente dejar el caso, pues todos la señalaban como responsable de lo que había ocurrido.

Su madre cuenta que la situación destrozó a Andrea, pero también a toda la familia. Están convencidas de que las imágenes circularon entre los amigos de él, pues su hija recibió llamadas en las que aludían al contenido sexual, la denigraban y la sometían a burlas y comentarios humillantes.

NUEVE MESES BAJO CÁMARA Marcela vivió una situación similar. Descubrió que su entonces esposo – con quien tiene una hija de seis años – había instalado un dispositivo en su habitación sin que ella lo supiera, grabándola durante al menos nueve meses. En 2020, al pedirle prestada su computadora para realizar un trabajo, encontró una carpeta que le llamó la atención: estaba titulada “Mi libertad”. Al abrirla, halló otras subcarpetas con material guardado desde hacía tiempo: grabaciones en su cuarto mientras se cambiaba de ropa, vestía a su hija después de bañarse e incluso durante momentos de masturbación. También encontró videos que se habían filmado cuando eran novios, con el acuerdo de borrarlos, y capturas de conversaciones que ella había tenido con otra persona mucho antes de consolidarse su relación.

En retrospectiva, Marcela, que entonces tenía 40 años, comenzó a notar un patrón. Cada vez que discutía con su esposo, él cambiaba repentinamente de actitud al entrar al dormitorio: se mostraba tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Minutos antes, en el patio o la sala, le gritaba e insultaba. Cuando ella intentaba confrontarlo, él respondía con frases que la confundían: “¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? No hemos discutido, te está fallando algo”. Con el tiempo, esas manipulaciones la hicieron dudar de sí misma. Le repetía que no estaba bien mentalmente y que, por eso, él se quedaría con la custodia de su hija. 

Todo había comenzado con un embarazo anterior. Su bebé murió y ella pasó siete días en terapia intensiva con diagnóstico reservado; los médicos advirtieron que podía quedar con secuelas. Su esposo se aferró a ese antecedente para desacreditarla y manipularla, repitiendo que “no estaba bien”.

En octubre, Marcela descubrió los videos y, desesperada, revolvió toda la habitación buscando la cámara, sin encontrarla. Luego, supo que el dispositivo era un teléfono antiguo que, según él, estaba en desuso, pero que había dejado en un mueble. Nunca imaginó que a través de ese aparato la vigilaban día y noche.

Descargó el material y buscó ayuda en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y se presentó la denuncia. Sin embargo, minimizaron las grabaciones. En ese entonces, apenas se hablaba de violencia digital. El único tipo reconocido fue la violencia psicológica, un proceso largo y desgastante del que le advirtieron que “no lograría nada”. El caso terminó en conciliación. Ella está convencida de que su exesposo compartió las grabaciones con sus amigos, porque en varias ocasiones recibió indirectas que hacían alusión a ellas.

A VECES NI ELLAS LO NOTAN Como Andrea y Marcela, muchas mujeres enfrentan distintos tipos de violencia, incluida la digital. Para Nivia Coca, del Colectivo Mujeres de Fuego, este tipo de agresión es cada vez más frecuente, pero recibe poca atención, pese a que puede afectar tanto o más que la violencia física o psicológica. El colectivo recibe unas cinco o seis denuncias semanales; al inicio, las víctimas no mencionan lo digital, pero al relatar los hechos se detecta que también estaban siendo vulneradas en entornos digitales.

Coca explicó que, cuando denuncian violencia familiar, suelen aparecer fotografías o videos íntimos. Los agresores amenazan con difundirlos si continúan con la demanda. La presión hace que muchas desistan para evitar la exposición. Conoció casos en los que exparejas compartieron fotos en grupos de WhatsApp de padres de familia, afectando también a sus hijos, o publicaron imágenes y datos haciéndolas pasar por personas que ofrecían servicios sexuales.

Acotó que la afectación emocional es profunda: algunas pierden el interés por vivir, y deben convertirse en investigadoras, recopilando pruebas para entregarlas a la policía. Aunque existe la unidad de Cibercrimen en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), su trabajo “no es óptimo”; muchas veces deben denunciar directamente en las plataformas para intentar retirar el contenido.

Coca indicó que estos delitos aumentaron desde la pandemia y que los vacíos legales dificultan sancionarlos. Por ello, pide fortalecer los centros especializados y aplicar sanciones ejemplares, ya que se trata de un delito que “mata en vida”. Muchas víctimas desconfían del sistema, porque incluso con pruebas claras no logran romper la cadena de impunidad. 

EL CASTIGO La violencia digital en Bolivia afecta principalmente a mujeres y niñas, pero la legislación sigue siendo limitada. La Ley No. 348 reconoce 17 formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia mediática.

En protección de la niñez, hubo avances: el 10 de septiembre se promulgó la Ley No. 1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Cochabamba reportó su primera sentencia el 25 de septiembre. Erick A.O., de 31 años, fue condenado a 30 años de privación de libertad en el penal de El Abra por los delitos de producción de material de abuso sexual de niña, niño o adolescente, violación de infante, niña, niño o adolescente y pornografía; la víctima era su prima de nueve años.