Escena del Crimen

A Richard Ayala Lutino lo mataron. No fue un robo, sino algo mucho más oscuro. El director de una unidad educativa en Uyuni sufrió un ataque brutal: golpes y una puñalada profunda. La Policía ya descartó el robo como móvil, y se enfoca en una hipótesis más inquietante: venganza. Entre las teorías que cobran fuerza en la investigación, destaca la sospecha de que exestudiantes expulsados estén involucrados en el crimen.

Lo que debía ser una semana de celebración terminó en luto. La Unidad Educativa Técnico Humanístico Antonio Quijarro en Uyuni, Potosí, había preparado varias actividades conmemorativas por su aniversario, y Richard Ayala era la máxima autoridad, el director. El 30 de abril se realizó el desfile de teas y luego la verbena, donde se consumieron bebidas alcohólicas. El 1 de mayo, día central, se celebró una ofrenda floral, un desfile y la presencia de invitados, pero el director no estuvo allí; se debatía entre la vida y la muerte en un hospital.

El 1 de mayo, por la mañana, Ayala Lutino estaba sobre la carretera en Colchane, a la altura del aeropuerto Joya Andina: de rodillas, buscando ayuda. Según el vocero del Comando Departamental de la Policía de Potosí, Limbert Choque, una pareja que transitaba por esa ruta detuvo su vehículo al verlo herido y lo auxilió hasta la Caja Nacional de Salud (CNS) en Uyuni, a un kilómetro de distancia. El lugar donde se encontraba el profesor no estaba cerca de la unidad educativa, sino a unos 15 kilómetros.

El profesor, de 52 años, presentaba una herida profunda de unos 25 centímetros en el abdomen, causada por un cuchillo. Su grave estado de salud impidió que lo entrevistaran; no pudo proporcionar ninguna información. Tras recibir atención en la CNS, lo trasladaron de emergencia a una clínica privada de Potosí, donde el 3 de mayo falleció.

La Policía y la Fiscalía tomaron conocimiento del hecho cuando la víctima llegó a la CNS. Más tarde, la familia, representada por el profesor Mario Ayala, hermano del director, formalizó la denuncia. No comprenden cómo alguien pudo hacerle daño. Según su versión, Richard Ayala no tenía problemas con nadie, era una persona querida y respetada, sin conflictos.

El hecho conmocionó a toda la población, que en los días posteriores se organizó para protestar, exigiendo justicia y mayor seguridad. Los manifestantes se dirigieron al Comando de Frontera Policial de Uyuni y a la Fiscalía, donde las autoridades informaron sobre los avances de la investigación y prometieron esclarecer el crimen.

El comandante de la Policía de Uyuni, Wilson Flores, informó que reforzaron el equipo de investigadores con personal de Potosí. Indicó que registró el lugar donde encontraron a la víctima, aunque presumen que se trata de un escenario secundario, distinto al sitio donde fue golpeado y herido de gravedad. 

También secuestraron las prendas de vestir, y un detalle relevante es que el cuchillo atravesó cinco capas de ropa y provocó una herida de 25 centímetros de profundidad. Determinaron que la víctima intentó defenderse, ofreció resistencia, pero la agresión fue desmedida.

VENGANZA: LA PRINCIPAL HIPÓTESIS

“No entendemos qué razones llevaron a este hecho. Jamás tuvimos pleitos de ninguna naturaleza, pero hoy el dolor nos acongoja. ¿Qué personas le hicieron tanto daño a mi hermano, que ahora lo vemos en un cajón para darle el último adiós? Nos duele”, dijo Mario, hermano de la víctima, durante el entierro del director.

La Policía descartó el robo como móvil y apuntó a un posible caso de venganza. El profesor tenía consigo su celular y otras pertenencias. Las lesiones en su cuerpo y los signos de defensa reflejan la violencia extrema del ataque.

El director departamental de Educación, Javier Ortega, dijo durante un contacto con los medios que recibió información extraoficial que señalaba a estudiantes expulsados del colegio hace uno o dos años. Poco después, el director distrital de Educación en Uyuni, Wilmer López, aclaró que no tiene conocimiento de esa situación y recordó que la Policía es la encargada de la investigación.

Días después, Choque, del Comando de la Policía de Potosí, afirmó que se manejan varias hipótesis sobre el crimen, y una de ellas involucra a estudiantes expulsados. Aunque de manera indirecta, el policía sugirió que, según los familiares del director, exalumnos podrían estar detrás del asesinato. 

Lo cierto es que las investigaciones siguen para determinar quién o quiénes cometieron el delito. Durante este tiempo, tomaron declaraciones a los profesores que participaron en la verbena. Estos admitieron haber consumido bebidas alcohólicas hasta las 02:00 o 03:00 de la madrugada del 1 de mayo, y que se retiraron de forma escalonada. Nadie vio si el director se quedó acompañado o si se fue solo. Solo existe una grabación en la que se lo ve salir de la unidad educativa solo.

Para la Policía y la Fiscalía, los informes de los requerimientos realizados podrían ser clave en el esclarecimiento del caso. Flores, de la Policía de Uyuni, indicó que el Ministerio Público emitió los requerimientos pertinentes, entre ellos el análisis de laboratorio de las prendas de vestir y las pericias técnico-científicas al celular, con el objetivo de realizar el desdoblamiento, la triangulación de llamadas y determinar la ruta que siguió. También pidieron imágenes de vigilancia de estaciones de servicio y negocios para aclarar lo sucedido. Ya obtuvieron una grabación en la que se ve al director salir solo del colegio; camina hasta la carretera y luego desaparece de la imagen. Por ahora se desconoce si se encontró con alguien, si lo interceptaron en el camino o en qué circunstancias terminó siendo atacado con un cuchillo.

Desde la Fiscalía comunicaron que actuaron con rapidez desde que tuvieron conocimiento del caso. Aseguraron que ya cuentan con información relevante, pero que aún no pueden revelarla para no entorpecer la investigación. Sin embargo, adelantaron que próximamente podrían surgir novedades.

Familiares, profesores y padres de familia exigen justicia por el asesinato del director Richard Ayala y piden la captura de los responsables, a quienes consideran merecedores de la pena máxima: 30 años de prisión sin derecho a indulto.