Acribillados: policías, entre la muerte y alarma por ‘gatillo fácil’
En América Latina, los índices de asesinatos de policías a manos de criminales son alarmantes. En Argentina, el crimen de la oficial Maribel Zalazar, en febrero de este año, desató la conmoción generalizada de la población vecina. La mujer, que dejó dos hijos en la orfandad, murió con balas que salieron de su propia arma. El sujeto que ella había detenido tras protagonizar desmanes violentos en la estación Retiro, en Buenos Aires, le quitó su revólver y también, la vida.
En México, las cifras son descomunales: mataron a 1.818 uniformados del 1 diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022. Y a ello cabe agregar que solo hasta marzo de esta gestión perdieron la vida de forma cruenta 15 agentes del orden.
Mientras tanto, en febrero pasado, en Perú, una emboscada acabó con la existencia de siete agentes policiales. Sucedió en la región de Cusco, al interior de una aldea selvática en la que, según medios internacionales, es común la producción de cocaína.
Los oficiales iban en una camioneta. Resultaron atacados y victimados con armas de fuego de largo alcance. Sus cuerpos fueron hallados alrededor del motorizado.
El escenario vulnerable en el que los policías se ven envueltos no les es ajeno a los servidores de la fuerza del orden de Chile. En dicho país limítrofe, la seguidilla de asesinatos de efectivos de Carabineros ha impulsado al Congreso de esa nación a elaborar y darle el visto bueno a una normativa, llamada por muchos como Ley del Gatillo Fácil, que le otorga mayor flexibilidad a los policías para que hagan uso de sus armas letales, es decir, sus revólveres.
El pasado miércoles 5, el Congreso trasandino aprobó la ley Naín-Retamal, misma que permite la “legítima defensa privilegiada” en favor de los uniformados.
El crimen de la sargento Rita Olivares, ultimada a balazos tras descender del patrullero, ha sido el suceso que marcó la inflexión para la aceleración de la normativa, que claramente siempre mucha polémica, puesto que varios sectores entienden que la misma da carta blanca a Carabineros y los militares para matar alegando “defensa propia”.
La aprobación de la Ley Naín-Retamal no ha sido sencilla. Sin embargo, fue posible tras el consenso habido entre el Senado y el Gobierno, presidido por Gabriel Boric. Los elementos más polémicos y resistidos de la norma fueron eliminados. Luego de ello, tuvo el visto bueno.
A modo de ejemplo, cabe mencionar que ha sido borrada la causal que le daba luz verde a los uniformados para disparar cuando fueran atacados por dos o más personas desarmadas.
ONU PROTESTA Uno de los organismos internacionales que sentó su descontento para con el contenido de la Ley Naín-Retamal ha sido la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta institución considera que la norma no va en el mismo lineamiento de los estándares de la comunidad internacional, además de dar, supuestamente, garantías de impunidad para que se cometan posibles crímenes desde el aparato estatal.
"Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputadas y Diputados, sin participación de especialistas independientes” citó el portal informativo Resumen, adjudicando dicha aseveración a la ONU.
El 31 de marzo pasado, esa entidad que vela por los derechos humanos pidió modificaciones en la normativa polémica.
El jefe de la ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, fue quien actuó como vocero. Observó que la “legítima defensa privilegiada” a favor de los policías, cuando estos activen sus armas de fuego, no se enmarca en el derecho internacional en materia de derechos humanos.
No obstante, lo concreto es que, en Chile, en consonancia con los datos manejados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022, los homicidios aumentaron un 33.4% en comparación con 2021.
LA IZQUIERDA, DESCONTENTA También las críticas y anticuerpos hacia la aplicación de esta norma llegan desde la Argentina, más específicamente, desde los sectores de izquierda.
Entienden que “la derecha” ha tomado cuenta del Gobierno de Boric y que esta ley no haría otra cosa que acentuar la impunidad de las fuerzas del orden. “¿Qué significa? Que se invierte la carga de la prueba para el caso en que Carabineros y militares asesinen o hieran a personas. No deberán probar que concurren los requisitos de la legítima defensa y la proporcionalidad de los medios utilizados (como cualquier persona debe hacer en tribunales). Por el solo hecho de usar el uniforme estarán protegidos por esa presunción en el caso de agresión indicado más arriba”, advierte el Frente de la Izquierda, en su portal, La Izquierda Diario.
LA FIGURA EN BOLIVIA Pero, ¿qué señala la publicación “El uso de la fuerza y armas de fuego en el marco del respeto a los derechos humanos”, de la Policía Boliviana? En el cuarto apartado, de Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios, quedan establecidos los límites dentro de los cuales los servidores policiales pueden usar sus armas de fuego.
En el texto se lee que la utilización de estas armas solo debe darse cuando otros medios resulten ineficaces. Y una vez que sea inevitable, los policías tienen que “moderarse”, reducir los daños al mínimo, proteger la vida del otro, incluso si fuera criminal, y “prestar asistencia y servicios médicos” al antisocial herido.