Suprema autoriza juicio contra la directiva de la Constituyente
31 de enero de 2008 (17:39 h.)
Sucre/ANF
La Corte Suprema de Justicia dio vía libre para el procesamiento de siete miembros de la directiva de la Asamblea Constituyente, que fueron denunciados el pasado año, por desacato a las determinaciones de autoridades judiciales que anularon una resolución del cónclave, que dejó fuera del debate la propuesta de Chuquisaca sobre la capitalidad plena para Sucre.
Los ministros reunidos en Sala Plena determinaron autorizar el juicio que, inicialmente, fuera rechazada por el pleno de la Asamblea Constituyente que sesionó en la ciudad de Oruro.
Pero, al tener los asambleístas las mismas prerrogativas de diputados o senadores, el Ministerio Público presentó requerimiento de investigación penal ante la Corte Suprema de Justicia, que enmarcado en el Artículo 52 de la Constitución Política del Estado dio vía libre a la investigación.
El requerimiento del Ministerio Público llegó a la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que elaboró un informe para poner en consideración de Sala Plena que, a su vez, por dos tercios de votos autorizó el inicio de la investigación.
La información fue confirmada por el decano de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Ampuero, quien afirmó que Sala Plena emitió un Auto Supremo autorizando la investigación penal contra siete miembros de la Asamblea Constituyente por la supuesta comisión de delitos contra las leyes.
"La Sala Plena ha equiparado a los constituyentes al mismo rango que los diputados o senadores, el Artículo 52 de la Constitución Política del Estado establece que para el juzgamiento de un diputado o senador la Corte Suprema de Justicia con carácter previo debe autorizar el juzgamiento por el cargo que ocupan y concurran ante la autoridad jurisdiccional correspondiente", aseguró Ampuero.
La denuncia contra los asambleístas surgió a consecuencia de que el 15 de agosto de 2007 la plenaria de la Asamblea Constituyente, decidió excluir del debate el tema de la capitalidad plena.
Esto provocó el planteamiento de un recurso de amparo constitucional en la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, cuyo Tribunal, luego de escuchar a las partes y hacer un análisis en el fondo, declaró nula la resolución obligando a la Asamblea Constituyente volver a considerar el tema en el marco del reglamento.
La denuncia del Comité Interinstitucional fue planteado ante la Fiscalía de Distrito, que pretendía iniciar la investigación convocando a los asambleístas para que declarasen, pero los asambleístas plantearon un recurso de Hábeas Corpus en el Distrito Judicial de La Paz, cuyo fallo salió a su favor paralizando las investigaciones hasta que la Asamblea Constituyente considere su juzgamiento.
Pero, la Asamblea Constituyente rechazó la apertura de investigación en contra de sus mismos miembros y por eso la otra alternativa para el Ministerio Público fue pedir autorización a la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia dio vía libre para el procesamiento de siete miembros de la directiva de la Asamblea Constituyente, que fueron denunciados el pasado año, por desacato a las determinaciones de autoridades judiciales que anularon una resolución del cónclave, que dejó fuera del debate la propuesta de Chuquisaca sobre la capitalidad plena para Sucre.
Los ministros reunidos en Sala Plena determinaron autorizar el juicio que, inicialmente, fuera rechazada por el pleno de la Asamblea Constituyente que sesionó en la ciudad de Oruro.
Pero, al tener los asambleístas las mismas prerrogativas de diputados o senadores, el Ministerio Público presentó requerimiento de investigación penal ante la Corte Suprema de Justicia, que enmarcado en el Artículo 52 de la Constitución Política del Estado dio vía libre a la investigación.
El requerimiento del Ministerio Público llegó a la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que elaboró un informe para poner en consideración de Sala Plena que, a su vez, por dos tercios de votos autorizó el inicio de la investigación.
La información fue confirmada por el decano de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Ampuero, quien afirmó que Sala Plena emitió un Auto Supremo autorizando la investigación penal contra siete miembros de la Asamblea Constituyente por la supuesta comisión de delitos contra las leyes.
"La Sala Plena ha equiparado a los constituyentes al mismo rango que los diputados o senadores, el Artículo 52 de la Constitución Política del Estado establece que para el juzgamiento de un diputado o senador la Corte Suprema de Justicia con carácter previo debe autorizar el juzgamiento por el cargo que ocupan y concurran ante la autoridad jurisdiccional correspondiente", aseguró Ampuero.
La denuncia contra los asambleístas surgió a consecuencia de que el 15 de agosto de 2007 la plenaria de la Asamblea Constituyente, decidió excluir del debate el tema de la capitalidad plena.
Esto provocó el planteamiento de un recurso de amparo constitucional en la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, cuyo Tribunal, luego de escuchar a las partes y hacer un análisis en el fondo, declaró nula la resolución obligando a la Asamblea Constituyente volver a considerar el tema en el marco del reglamento.
La denuncia del Comité Interinstitucional fue planteado ante la Fiscalía de Distrito, que pretendía iniciar la investigación convocando a los asambleístas para que declarasen, pero los asambleístas plantearon un recurso de Hábeas Corpus en el Distrito Judicial de La Paz, cuyo fallo salió a su favor paralizando las investigaciones hasta que la Asamblea Constituyente considere su juzgamiento.
Pero, la Asamblea Constituyente rechazó la apertura de investigación en contra de sus mismos miembros y por eso la otra alternativa para el Ministerio Público fue pedir autorización a la Corte Suprema de Justicia.