Presidente de la CNE confirma que ahora se favorece a las mayorías
08 de mayo de 2010 (22:42 h.)
El presidente de la Corte Nacional Electoral, Antonio Costas, en entrevista exclusiva con OPINIÓN, confirmó que las reglas actuales favorecen a las mayorías, en detrimento de las minorías, con la asignación mayor de escaños, y con la entrega de credenciales a los asambleístas departamentales, dio por cerrada la polémica:
OPINIÓN: ¿Qué pasó con la rebeldía de la Corte de Oruro?
ANTONIO COSTAS: En realidad con Oruro, como tardó demasiado en hacer asignaciones y su cómputo hubo un extremo de presión sobre las cortes departamentales para hacer una asignación condicionada como la que había estado proponiendo Unidad Nacional. De ahí que el presidente de la Corte de Oruro ha buscado argumentaciones que no tenían razón de ser para hacer una asignación de escaños de población, que es donde hay el problema, acorde a la norma.
Finalmente ha tenido que aplicar la resolución y lo que dice la Ley 4021 y el resultado es el que estaba esperando desde un principio.
O.: ¿Quiere decir que ese conato de conflicto no existió en los hechos?
A.C.: No, porque en realidad el estilo de trabajo que tiene el presidente de la Corte de Oruro es controversial, es una persona que tiene su propia opinión. En los hechos nunca hemos tenido una nota oficial reclamando por alguno de los aspectos que hace mención en la prensa.
En general cumplen con su trabajo, nosotros apoyamos el trabajo de la Corte de Oruro, y nos quedamos tranquilos porque la asignación que hicieron es la misma que se había previsto en todas las directivas y resoluciones. Consecuentemente, está dentro de lo que es normal, lo demás, ha sido cáscara y poca nuez.
O.: Aprovechemos para explicar la polémica asignación de escaños, ¿dónde se genera el conflicto?…
A.C.: Empieza a generarse al momento de sancionarse y promulgarse la Ley 4021, donde se establece un sistema electoral para las elecciones del 6 de diciembre y todo el sistema electoral para las elecciones del 4 de abril en el que se independiza la votación del Gobernador y de los asambleístas.
Además, se especifica claramente el tipo de elección que se iba a tener en cada uno de los casos. Por ejemplo, los asambleístas por territorio son elegidos por provincia independiente de su población, inclusive son elegidos, además, por votación simple.
En el caso de los asambleístas por población, definitivamente esto hace referencia al nivel de votación fundamentalmente de las capitales donde se tiene la mayor concentración de los votantes.
Es un nuevo esquema de equilibrio entre lo que es rural y lo que es urbano, entre lo que es voto de minorías ciudadanas y el voto de mayorías ciudadanas, entre las que no entra el concepto de mayorías y minorías de partidos políticos.
De ahí que las minorías de partidos políticos han reaccionado tan fuertemente ahora tratando de desmerecer el trabajo que ha hecho el órgano electoral, tratando de tipificar como si esta actitud fuera un incumplimiento a la Constitución Política del Estado, a la Ley 4021. Nada más falso y alejado de la verdad.
Lo que hemos hecho ha sido aplicar lo que decía la previsión y no se puede alegar ignorancia de esta normativa si tiene más de un año de sancionada. Además, nuestro reglamento para la elección del 4 de abril, fue publicado antes del 18 de enero porque se tenían que presentar candidatos. Y, después, sendas separatas donde explicábamos todo el proceso de elección de las diferentes autoridades con el tipo de asignación.
Lo que se ha visto ahora es el reclamo de organizaciones políticas que han tenido menor votación y que aspiraban a una mayor representación en las Asambleas Departamentales.
O.: El Vicepresidente confirmó que la fórmula vigente ahora beneficia a las mayorías…
A.C.: Es así, porque es la metodología de los divisores naturales. Los divisores naturales dan como el principio básico de la representación mayores escaños a quienes más votos tienen. Esa es la definición básica que tiene este sistema.
Lo que ocurre, para el caso de los diputados, es que a través de una fórmula complementaria que es la fórmula de compensación, de la asignación de escaños plurinominales que es la asignación global que se obtiene a nivel de la votación presidencial, se resta los diputados uninominales por ser diputados que son elegidos de manera puntual, especifica. Hay candidatos específicos para estos escaños.
Al restar de los escaños plurinominales se produce una compensación hacia quienes han obtenido menor votación. Si hacemos un análisis comparativo, una organización que ha obtenido un buen resultado en un departamento tiene un buen resultado en las circunscripciones también. Entonces, al restar el resultado que tenemos en la circunscripción uninominal de los plurinominales estamos favoreciendo a quienes menos han obtenido para que puedan acceder a los curules.
O.: La oposición dice, ¿cómo con 45 por ciento de votación se puede obtener el 70 por ciento de representación?
A.C.: Es una visión equivocada. Es pensar que la votación para asambleístas estuvo circunscrita a una votación en particular. Si recordamos, para la votación del 4 de abril utilizamos tres franjas. Teníamos el Gobernador, el asambleísta por territorio y los asambleístas por población.
Si analizamos esto, en el caso de los asambleístas, vemos que la votación es diferenciada, por territorio hay un porcentaje y por población hay otro porcentaje, entonces, ¿cuál es el porcentaje final en la Asamblea?, el promedio de las dos participaciones, la participación territorial y la participación por población.
Si, por ejemplo, una organización política en Chuquisaca, obtuvo el 40 por ciento por territorio y obtuvo el 60 por ciento por población, ¿cuál es su peso en la Asamblea?: el promedio de 40 y 60 que sería alrededor de 50. Ahí viene la equivocación de la lectura que están haciendo las organizaciones políticas. La votación por población no se sobrepone a la votación por territorio, es complementaria.
Los escaños finales son la suma de lo que uno obtiene por territorio y de lo que obtiene por población.
O.: ¿Qué falta para terminar este proceso?, porque entiendo que algunos pueblos indígenas no eligieron aún a sus asambleístas departamentales…
A.C.: En el caso de los indígenas del departamento de La Paz falta concertar la posibilidad de que ellos puedan elegir a cinco representantes entre seis pueblos indígenas. Ése es un trabajo que se está desarrollando pero todavía no se ha completado, no existe una fecha específica para su incorporación a la Asamblea y ésta se va a realizar inmediatamente estén elegidos.
O.: ¿No debían ser elegidos esos representantes indígenas, también el 4 de abril?
A.C.: No, para el caso concreto de ellos no. Había una flexibilidad porque si conseguían elegirse antes del 4 de abril, ellos se incorporaban hasta el 30 de mayo, pero como en algunos casos no se ha completado esa elección y es una elección muy particular que se desarrolla por usos y costumbres, ellos inmediatamente completan sus requisitos, son reconocidos por las cortes departamentales, y cumplidas las formalidades de presentación de documentación se les entrega la acreditación y ellos entran en funciones.
O.: ¿Sólo falta La Paz?
A.C.: Tenemos en Oruro alguna dificultad y también en Beni. Hay una discrepancia en Santa Cruz entre dos pueblos que están regularizando el procedimiento. Hemos recibido una impugnación de autoridades electas del Chaco tarijeño, se pide revisar la elección, pero la Corte Electoral no puede actuar directamente, sólo tenemos supervisión, no tuición ni control. Son las autoridades indígenas las que tienen que dirimir estos problemas y será una buena oportunidad para aplicar justicia comunitaria para que resuelvan esto.
Jorge Lazarte: "No se puede dar por cerrada la polémica asignación de escaños"
OPINIÓN: ¿Con la entrega de credenciales, se cierra el capítulo sobre distribución de escaños?
JORGE LAZARTE: Sólo en un sentido. El organismo electoral impuso su decisión y pudo llevar a cabo la entrega de credenciales a los que, según la Corte, han sido elegidos en las elecciones de abril.
Pero, el problema no ha acabado desde el punto de vista jurídico ni político. Los que impugnan la decisión de la Corte todavía pueden recurrir a la justicia ordinaria y parece ser que lo están haciendo, con recursos de amparo constitucional. Si acaso estos recursos fueran exitosos, no es impensable que terminen en sentencias judiciales que anulen las decisiones del organismo electoral en los casos en los que estas demandas de amparo hubieran sido exitosas.
Quiere decir que pueden crearse problemas de orden jurídico mayúsculos en los organismos electorales. No hay que olvidar que hay jurisprudencia en el organismo electoral que va más allí del cumplimiento literal del principio de preclusión.
Ha habido casos, en el pasado, en los que a pesar de existir este principio de preclusión, el mismo organismo electoral tuvo que retirar credenciales una vez que fueron entregadas.
Desde el punto de vista jurídico eso queda abierto, aún cuando el organismo electoral y departamental hubiesen impuesto la decisión que ha sido impugnada por los partidos que entienden que fueron perjudicados en sus intereses.
Desde el punto de vista político, está claro que estos partidos no van a olvidar el problema por el cual se han movilizado en huelgas de hambre. Entre los medios con que cuentan pueden seguir insistiendo respecto a la ilegalidad de las credenciales entregadas a ciertos asambleístas y representantes del Gobierno.
Si lo político y lo jurídico se conjugaran, el problema puede ser mayúsculo, es decir, la eventualidad que hacia delante estas fuerzas políticas de oposición lograran fallos de la justicia a su favor. El riesgo político sería que las decisiones que adopten las Asambleas Legislativas pudieran ser declaradas nulas de pleno derecho por haber sido producto de una participación de asambleístas a los cuales se termine negándoles el derecho de formar parte de las Asambleas Legislativas.
No quiero decir que vaya a ocurrir, pero es una probabilidad que está abierta.
Todo esto nos conduce a un problema de fondo. El problema ha surgido porque dos cosas se unieron, por un lado malas reglas aprobadas por el Congreso que han dado origen a interpretaciones contradictorias, es un problema de la eficiencia en el sistema de regulación y, en segundo lugar, la falta de consistencia o de una confiabilidad que empieza a erosionarse de las autoridades encargadas de hacer cumplir estas reglas que tenían complicaciones en la forma cómo fueron redactadas.
Hacia delante, si no se quiere topar con problemas de similar naturaleza, tienen que aprobarse reglas que sean absolutamente claras y no contradictorias. En segundo lugar que haya operadores de justicia electoral que sean suficientemente confiables como para que la población y los partidos acepten sus decisiones entendiendo que lo que están haciendo es simplemente cumplir con esas reglas.
O.: ¿Cuánto tiempo hay para el trámite de reclamos?
J.L.: Si nos regimos con las prescripciones del Código electoral hay un plazo de medio año para que las denuncias puedan ser hechas y más allí de este plazo ya no se admiten más recursos.
O.: Es impensable el caos que podría generar revisar las credenciales ya otorgadas…
J.L.: El problema es que hay muchas cosas que están en juego. Dependerá en buena parte de lo que hagan los partidos de la oposición. Si por alguna razón se resignaran a una batalla que consideran perdida no habría problema, que es lo que pasó el año 2002 cuando el Senado votó mal eligiendo al Presidente de la República de entonces, por la habilitación de un senador que tenía problemas legales.
Los partidos, en ese entonces, prefirieron callar y dejar pasar las decisiones como si nada hubiera ocurrido y olvidarse de los problemas legales. Va a depender mucho de los partidos de oposición, pero también de lo que haga el partido mayoritario en las asambleas departamentales.
Por ejemplo, si actuara imponiendo su voluntad por encima de la voluntad de las minorías, estas minorías van a reaccionar recordando todo el tiempo los problemas de legalidad en las asambleas departamentales. Si fuera distinto y se toma en cuenta a los partidos pequeños su reacción puede bajar en intensidad.
O.: ¿Se sabe qué pasó con el Movimiento Sin Miedo, principal afectado en La Paz que se borró de los reclamos?
J.L.: Han estado en un principio sumándose a las protestas, pero luego prefirieron distanciarse porque, hasta ahora, el Movimiento Sin Miedo no sabe exactamente cuál es el lugar que tiene una vez que ha salido de la coalición oficialista. No está en el Gobierno pero tampoco quiere ser arrastrado a la oposición.
Es insostenible en el tiempo y tendrá que definir dónde está exactamente. Me temo que es por esta razón pareció actuar y no ha actuado. No creo que haya habido acuerdos con el Gobierno o con la Corte para callar sus reclamos.
O.: Algunos partidos presentaron demandas ante las instancias judiciales…
J.L.: El Movimiento Sin Miedo ha sido afectado y no podía no hacer nada. De algún modo hizo poco, porque las demandas judiciales han sido planteadas por los demás partidos, pero como recurso complementario a las movilizaciones. Con el Movimiento Sin Miedo fue al revés, se movilizó poco y prefirió optar por el recurso.
No sabemos hasta qué punto está interesado en actuar por sus propias demandas. El hecho de no saber con certeza qué es lo que finalmente va a hacer tiene que ver con su problema existencial.
O.: ¿La justicia ordinaria puede pronunciarse sobre cuestiones electorales?
J.L.: Hay dos recursos, el de amparo constitucional que se puede plantear y el recurso ante el Tribunal Constitucional.
No son recursos iguales. El de amparo sólo pueden plantearlo las personas que se sienten afectadas por determinado tipo de decisiones.
El recurso al Tribunal Constitucional lo pueden hacer instituciones que se sienten afectadas.
Como el Tribunal Constitucional no ha sido facultado para admitir recursos, las partes afectadas han sido obligadas a plantear recursos de amparo, pero no creo que lo hayan hecho como partido sino como personas.
DE TODO UN POCO
PILATOS
El conflicto planteado por pobladores de Caranavi, en Los Yungas de La Paz, con 11 días de bloqueo carretero, decenas de camiones y miles de pasajeros varados y, finalmente la masiva intervención policial y militar para desbloquear, fue producto de una situación absurda, según los datos que se tienen a la mano. El Gobierno prometió instalar una fábrica de procesamiento de cítricos en Caranavi, expertos cubanos hicieron los estudios. Hasta que se interpuso el todopoderoso y, aparentemente millonario senador del MAS y dirigente colonizador Fidel Surco (propietario de la flota de transporte Trans Totaí), quien con sus influencias decidió que la inversión se realice más allá, en Alto Beni, donde se dice que tiene tierras de engorde. Caranavi se defendió con el bloqueo y el Gobierno durante diez días dijo que era un problema regional donde las federaciones de productores de coca debían decidir. En otras palabras, creó el conflicto y luego se lavó las manos.
RESISTENCIA
El desbloqueo de la carretera de tierra hacia el norte de La Paz tuvo su particularidad. En toda la jornada del viernes, no se produjeron enfrentamientos tradicionales sino que los bloqueadores de Caranavi desde los cerros (es un terreno muy accidentado), protegidos por la vegetación (es zona tropical), tiraban piedritas con hondas y hacían rodar piedras. La Policía desde la carretera respondía con gases lacrimógenos y, cuando consideraba que los bloqueadores estaban aturdidos por los químicos, ordenaba a los tractores limpiar el camino. Los bloqueadores (la mayoría adolescentes pero también mujeres de pollera), bajaban de los cerros y cruzaban delante de los policías, como si fuesen transeúntes perjudicados por el bloqueo, para intentar hacer resistencia más adelante o atrás, donde ya se había despejado. La hilera de vehículos de la Policía era casi tan larga como la de los camiones varados durante dos semanas.