Gobierno y opositores radicalizan posiciones tras fracaso de diálogo
15 de agosto de 2008 (20:43 h.)
Redacción central/Agencias
Luego del fracaso del intento de diálogo entre el Presidente y los prefectos ratificados en el referendo revocatorio, del domingo pasado, las posiciones del Gobierno y los departamentos opositores se radicalizaron.
El Gobierno reafirmó, este viernes, que las movilizaciones que realizan los departamentos autonomistas exigiendo la reposición del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es político y sólo busca la confrontación en el país.
El presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, dijo en esta capital y al término de la celebración religiosa de la Virgen de Urkupiña, que existe desinformación por parte de las autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y que los recursos del IDH no fueron quitados, sino que las regiones no supieron disponer de esos dineros y no mostraron capacidad para utilizarlos.
"El Gobierno ha flexibilizado su punto de vista, ha planteado escenarios de acercamientos, estamos dispuestos a incorporar de manera plena, la estructura y la demanda autonómica de las regiones, pero vemos intransigencia", dijo.
En rueda de prensa, García Linera insistió que el IDH está en las regiones y que no hay motivo ni técnico y legal para el reclamo. "Cada prefecto van a tener un ingreso de más de mil millones de bolivianos más que el año pasado. Esta es una movilización política. Es un reclamo que busca la confrontación, les rogamos que abandonen esta actitud y asuman la convocatoria al diálogo", señaló.
Manifestó que algunas autoridades cívicas y prefecturales no ven lo que dice el pueblo que apoyó al presidente Evo Morales con más del 60 por ciento en el referéndum revocatorio y sólo buscan la confrontación. "Entendamos el mandato del referéndum que ha sido claro, que hay un proyecto nacional validado por más de los dos tercios de los bolivianos de oriente y occidente de Norte a Sur", agregó.
Opositores
Los prefectos de la "media luna" y la de Chuquisaca, en el marco del Consejo Nacional Democrático (Conalde), dieron a conocer, tras la reunión con Morales, la llamada "Resolución de Santa Cruz", donde aseguraron que la crisis nacional debe ser resuelta por el Gobierno y en donde lo responsabilizan "de lo que pueda suceder de aquí en adelante".
Además de convocar un "paro cívico" (lo que en los hechos es una huelga general) en sus departamentos para el próximo martes, advirtieron a las autoridades nacionales que "su presencia en nuestros departamentos no es considerada grata ni bienvenida".
"La lucha recién se inicia, tengan por seguro que vamos a ganar", aseguró ayer, Branko Marinkovic, el principal líder cívico de Santa Cruz, tras leer la resolución del Conalde.
La resolución de Santa Cruz está precedida de los anuncios del prefecto de este departamento, Rubén Costas, de aplicar el estatuto de autonomía de su región, que el Gobierno considera "inconstitucional y separatista", al igual que los aprobados en Beni, Pando y Tarija.
Costas anunció al finalizar la consulta revocatoria del domingo la próxima creación de un sistema fiscal propio para Santa Cruz y un cuerpo de seguridad en este departamento.
También dio a conocer la aprobación de un decreto para conformar un órgano electoral en Santa Cruz de cara a la designación de una asamblea departamental.
Luego del fracaso del intento de diálogo entre el Presidente y los prefectos ratificados en el referendo revocatorio, del domingo pasado, las posiciones del Gobierno y los departamentos opositores se radicalizaron.
El Gobierno reafirmó, este viernes, que las movilizaciones que realizan los departamentos autonomistas exigiendo la reposición del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es político y sólo busca la confrontación en el país.
El presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, dijo en esta capital y al término de la celebración religiosa de la Virgen de Urkupiña, que existe desinformación por parte de las autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y que los recursos del IDH no fueron quitados, sino que las regiones no supieron disponer de esos dineros y no mostraron capacidad para utilizarlos.
"El Gobierno ha flexibilizado su punto de vista, ha planteado escenarios de acercamientos, estamos dispuestos a incorporar de manera plena, la estructura y la demanda autonómica de las regiones, pero vemos intransigencia", dijo.
En rueda de prensa, García Linera insistió que el IDH está en las regiones y que no hay motivo ni técnico y legal para el reclamo. "Cada prefecto van a tener un ingreso de más de mil millones de bolivianos más que el año pasado. Esta es una movilización política. Es un reclamo que busca la confrontación, les rogamos que abandonen esta actitud y asuman la convocatoria al diálogo", señaló.
Manifestó que algunas autoridades cívicas y prefecturales no ven lo que dice el pueblo que apoyó al presidente Evo Morales con más del 60 por ciento en el referéndum revocatorio y sólo buscan la confrontación. "Entendamos el mandato del referéndum que ha sido claro, que hay un proyecto nacional validado por más de los dos tercios de los bolivianos de oriente y occidente de Norte a Sur", agregó.
Opositores
Los prefectos de la "media luna" y la de Chuquisaca, en el marco del Consejo Nacional Democrático (Conalde), dieron a conocer, tras la reunión con Morales, la llamada "Resolución de Santa Cruz", donde aseguraron que la crisis nacional debe ser resuelta por el Gobierno y en donde lo responsabilizan "de lo que pueda suceder de aquí en adelante".
Además de convocar un "paro cívico" (lo que en los hechos es una huelga general) en sus departamentos para el próximo martes, advirtieron a las autoridades nacionales que "su presencia en nuestros departamentos no es considerada grata ni bienvenida".
"La lucha recién se inicia, tengan por seguro que vamos a ganar", aseguró ayer, Branko Marinkovic, el principal líder cívico de Santa Cruz, tras leer la resolución del Conalde.
La resolución de Santa Cruz está precedida de los anuncios del prefecto de este departamento, Rubén Costas, de aplicar el estatuto de autonomía de su región, que el Gobierno considera "inconstitucional y separatista", al igual que los aprobados en Beni, Pando y Tarija.
Costas anunció al finalizar la consulta revocatoria del domingo la próxima creación de un sistema fiscal propio para Santa Cruz y un cuerpo de seguridad en este departamento.
También dio a conocer la aprobación de un decreto para conformar un órgano electoral en Santa Cruz de cara a la designación de una asamblea departamental.