Gobierno demanda a prefectos frenar la campaña de intimidación y dialogar
15 de agosto de 2008 (20:43 h.)
La Paz/ABI
El Poder Ejecutivo demandó, ayer, a los prefectos opositores -de Santa Cruz, Pando Beni Tarija y Chuquisaca- detener la "campaña de intimidación a la sociedad", y respetar el voto popular expresado en el referéndum revocatorio, que exigió "negociación, paz y diálogo".
"Les pedimos que no continúen en esta campaña de intimidación a la sociedad, pedirles continuar en este espacio de diálogo que el Gobierno ha convocado y al cual los prefectos no se han adherido", instó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en declaraciones a la Red PAT.
El llamado del Ejecutivo surge tras el anuncio de los prefectos aglutinados en el Conalde de ir a un paro cívico el martes 19 de agosto, demandando la reposición de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; Beni, Ernesto Suárez; Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar, decidieron además, vetar la visita de las autoridades del Ejecutivo y condicionar futuros actos electorales a una auditoría al referéndum revocatorio del domingo.
El dignatario denunció que detrás de las protestas por la devolución de los recursos del IDH "hay intereses absolutamente vinculados a los intereses políticos de los prefectos".
Manifestó que el presidente Evo Morales planteó a los prefectos consolidar un pacto fiscal, que no sólo contemple una transferencia de recursos económicos; sino ver la posibilidad de desarrollo integral articulando esfuerzos entre las diferentes instituciones.
Quintana manifestó que el país se ha pronunciado en el referéndum revocatorio y está pidiendo al Gobierno y a las prefecturas negociación, paz y diálogo.
"El pueblo demandó un proceso de transformaciones en paz, y esa voluntad expresada en las urnas debe ser respetada", enfatizó.
El ministro insistió en que el diálogo debe continuar, a fin de armonizar la nueva Constitución Política del Estado con los estatutos autonómicos, pese a que éstos fueron sancionados de forma ilegal.
"Llevemos las autonomías a un régimen estatal, eso es lo que propone la nueva Constitución", añadió.
El Poder Ejecutivo demandó, ayer, a los prefectos opositores -de Santa Cruz, Pando Beni Tarija y Chuquisaca- detener la "campaña de intimidación a la sociedad", y respetar el voto popular expresado en el referéndum revocatorio, que exigió "negociación, paz y diálogo".
"Les pedimos que no continúen en esta campaña de intimidación a la sociedad, pedirles continuar en este espacio de diálogo que el Gobierno ha convocado y al cual los prefectos no se han adherido", instó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en declaraciones a la Red PAT.
El llamado del Ejecutivo surge tras el anuncio de los prefectos aglutinados en el Conalde de ir a un paro cívico el martes 19 de agosto, demandando la reposición de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; Beni, Ernesto Suárez; Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar, decidieron además, vetar la visita de las autoridades del Ejecutivo y condicionar futuros actos electorales a una auditoría al referéndum revocatorio del domingo.
El dignatario denunció que detrás de las protestas por la devolución de los recursos del IDH "hay intereses absolutamente vinculados a los intereses políticos de los prefectos".
Manifestó que el presidente Evo Morales planteó a los prefectos consolidar un pacto fiscal, que no sólo contemple una transferencia de recursos económicos; sino ver la posibilidad de desarrollo integral articulando esfuerzos entre las diferentes instituciones.
Quintana manifestó que el país se ha pronunciado en el referéndum revocatorio y está pidiendo al Gobierno y a las prefecturas negociación, paz y diálogo.
"El pueblo demandó un proceso de transformaciones en paz, y esa voluntad expresada en las urnas debe ser respetada", enfatizó.
El ministro insistió en que el diálogo debe continuar, a fin de armonizar la nueva Constitución Política del Estado con los estatutos autonómicos, pese a que éstos fueron sancionados de forma ilegal.
"Llevemos las autonomías a un régimen estatal, eso es lo que propone la nueva Constitución", añadió.