El Gobierno cree que todavía no ha fracasado diálogo con prefectos
17 de agosto de 2008 (18:33 h.)
Freddy Morales
La Paz/OPINIÓN.- Fortalecido por la victoria en el referendo revocatorio del pasado domingo, el gobierno del presidente Evo Morales busca y promueve acuerdos con la oposición, especialmente con los prefectos de oposición, reducidos en número pero también fortalecidos por el voto. El primer intento, sin embargo, tras dos reuniones, el miércoles y jueves, no produjo humo blanco.
Fue, más bien casi una ruptura, en palabras del departamento de Pando, a lo que el presidente Evo Morales respondió con un contundente “sólo quieren dinero cuando el pueblo, con su voto, exige acuerdos políticos”. La huelga de hambre del movimiento cívico fue suspendida en cuatro departamentos sin lograr nada y a cambio se convoca paro de 24 horas el martes, en cinco departamentos.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, evalúa ese primer intento post referendo:
OPINIÓN: La primera ronda con los Prefectos terminó en fracaso…
Juan Ramón Quintana: Yo diría que no ha fracasado. Se ha abierto un paréntesis en este diálogo. Lo cierto es que no hemos logrado todavía acordar una agenda consistente para encarar los problemas de fondo que tiene el país.
El Gobierno ha propuesto una agenda de tres puntos fundamentales para superar este conflicto político. En primer lugar la constitucionalización de las autonomías.
Queremos un Estado democrático, autonómico y esto supone la incorporación de los otros cinco departamentos, pero siempre enmarcado y al amparo de la nueva Constitución Política del Estado.
El segundo aspecto planteado es la necesidad de construir un pacto fiscal. Es decir, una ecuación redistributiva de los recursos económicos que obtiene nuestro país, de tal manera que podamos darle la vuelta a la página de la inequidad y de la injusticia, fundamentalmente en aquellas regiones que se benefician de manera relativa respecto a la redistribución de los recursos.
Hemos llamado a esto un pacto fiscal que no es nada más ni menos que encontrar la fórmula justa, equitativa, para que los recursos que tiene el país puedan ser distribuidos a imagen y semejanza de las necesidades que tienen las regiones, los municipios, los ciudadanos y ciudadanas y las vocaciones productivas.
En tercer lugar hemos planteado a los prefectos de oposición que se sumen a un esfuerzo para llevar adelante la designación de todas aquellas autoridades en las instituciones más importantes del país: en la administración de Justicia, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Nacional Electoral, con el objeto de darle mayor solidez, certidumbre y promover este proceso de cambios contando con autoridades democráticamente elegidas, por mayoría, en el Parlamento.
Frente a estas tres propuestas los prefectos las han rechazado porque solamente están persiguiendo en este diálogo recursos económicos frescos para seguir impulsando su agenda política. Nosotros no compartimos que el tratamiento en este ámbito del diálogo exclusivamente el tema de Impuesto Directo de Hidrocarburos.
Creemos que tratar ese tema es importante pero no resuelve los problemas de fondo que vive el país.
O: Aparentemente el tema económico es el nudo que no permite avanzar hacia el gran acuerdo nacional propuesto por el Presidente.
JRQ: Efectivamente, pero si solamente atendemos a los prefectos respecto de sus demandas de IDH, respecto de la restitución de sus recursos económicos para que ellos sigan promoviendo sus proyectos en cada región esto no resuelve el problema.
El problema es fundamentalmente político y si lo asumimos así, el problema económico se resolvería por añadidura. Lo que pasa es que los prefectos no le dicen al país que son los enemigos irreconciliables de la nueva Constitución Política del Estado. Los prefectos no desean que la nueva Constitución Política sea aprobada porque le tienen terror a sus efectos positivos, favorables, y que son beneficios para la sociedad boliviana.
Le tienen miedo a la reelección el Presidente, tienen miedo a que la nueva Constitución Política del Estado le otorgue más facultades al ciudadano para ejercer más control sobre los recursos públicos, le tienen terror a que la nueva Constitución sea mucho más equitativa en la distribución de la tierra.
Entonces, los prefectos son enemigos irreconciliables de la construcción de un nuevo Estado más justo, más equitativo y mucho más democrático.
O: De abrirse la negociación, ¿hay la posibilidad de modificar algunos artículos del proyecto de nueva Constitución?
JRQ: Así es. Hemos sido categóricos. En un ámbito de diálogo, de búsqueda de salidas estructurales al país, existe la posibilidad de colocar en el referendo dirimitorio todos aquellos temas que en este diálogo no van a encontrar, seguramente, un acuerdo.
Y esos temas que no serán objeto de un acuerdo debieran ser sometidos al veredicto popular. El tema de tierras, el tema de reelección, el modelo autonómico, debieran ser objeto de una consulta popular en el marco de un nuevo referendo dirimitorio por la nueva Constitución Política del Estado.
Lo que proponemos es devolverle al ciudadano para que decida con su voto si está de acuerdo o no en algunos temas que van a ser propuestos en el marco del referendo dirimitorio y no, como pretenden los prefectos, cancelar definitivamente el proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
Los prefectos no quieren un acuerdo político que resuelva estructuralmente los problemas del país, ellos sólo quieren dinero para seguir financiándose políticamente y seguir manteniendo su legitimidad bajo la impostura de la autonomía que es un derecho que se han ganado las regiones, está apoyada por el Gobierno, vamos a estatalizar el régimen autonómico, pero un régimen autonómico que sea democrático, plural y transparente. Eso es lo que no quieren los prefectos.
O: La oposición asume medidas de presión como el paro del martes…
JRQ: Preveíamos que los prefectos iban a desplegar un conjunto de medidas, iban a radicalizarse ante el rechazo del Gobierno respecto al tratamiento del tema del IDH. Es comprensible que los prefectos tengan que agotar sus recursos violentos porque ese es el único camino que les queda.
Es previsible que tengan que optar por el camino del conflicto porque cada día que pasa están asfixiados políticamente porque su gente en los departamentos no ve resultados con los recursos económicos que razonablemente administran los prefectos. Lo que quieren, en definitiva, es usar los recursos del IDH para su financiamiento y campaña política continua en cada región.
Si no tienen esos recursos la gente se va a dar cuenta que lo único que han hecho en este tiempo es simplemente maquillar el discurso de la autonomía, pero detrás de este maquillaje no existe un proyecto de desarrollo regional.
O: ¿Para cuándo el Gobierno tiene previsto convocar de nuevo a los prefectos?
JRQ: Vamos a seguir insistiendo. No hemos determinado fecha, el diálogo está abierto desde la perspectiva del Gobierno nacional.
Cuando los prefectos se despedían les ratificamos nuestra voluntad de mantener abiertas las puertas del diálogo. Serán los prefectos quienes en última instancia definan la fecha, el día, la hora para retornar a la mesa de negociaciones frente a la sociedad boliviana. Como Gobierno ratificamos nuestra vocación democrática para resolver concertadamente los problemas que enfrentamos los bolivianos.
O: Dos prefectos opositores fueron revocados. ¿Cuál será el procedimiento para llenar esas acefalías?
JRQ: Vamos a convocar, en el menor tiempo posible, a las elecciones. Una vez la Corte Nacional Electoral nos entregue los resultados oficiales del conteo del referendo revocatorio del 10 de agosto, inmediatamente asumimos la responsabilidad de convocar a elecciones en estos dos departamentos.
O: Entretanto, ¿habrán prefectos interinos?
JRQ: Vamos a designar como señala la norma prefectos interinos, pero respetando fundamentalmente la opinión de los ciudadanos. El Presidente de la República ha señalado categóricamente que no designaremos a dedo a ningún prefecto.
El prefecto por el tiempo que dure el interinato va a reflejar las demandas de la sociedad, va a reflejar la petición de la ciudadanía. Será un prefecto que represente a todos los ciudadanos en cada región, por lo tanto nuestro interés es que su desempeño en este período de transición fundamentalmente reconozca el pluralismo político y las necesidades que se tiene en cada región.
O: ¿La elección será en 60, 90 ó 120 días?
JRQ: Tenemos un plazo estimado entre 90 y 120 días, eso será objeto de un tratamiento institucional entre la Corte Nacional Electoral, el Parlamento y el Gobierno nacional y ojalá en este triángulo virtuoso podamos tener un acuerdo institucional para convocar a elecciones para estos dos prefectos, del departamento de Cochabamba y de La Paz.
La Paz/OPINIÓN.- Fortalecido por la victoria en el referendo revocatorio del pasado domingo, el gobierno del presidente Evo Morales busca y promueve acuerdos con la oposición, especialmente con los prefectos de oposición, reducidos en número pero también fortalecidos por el voto. El primer intento, sin embargo, tras dos reuniones, el miércoles y jueves, no produjo humo blanco.
Fue, más bien casi una ruptura, en palabras del departamento de Pando, a lo que el presidente Evo Morales respondió con un contundente “sólo quieren dinero cuando el pueblo, con su voto, exige acuerdos políticos”. La huelga de hambre del movimiento cívico fue suspendida en cuatro departamentos sin lograr nada y a cambio se convoca paro de 24 horas el martes, en cinco departamentos.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, evalúa ese primer intento post referendo:
OPINIÓN: La primera ronda con los Prefectos terminó en fracaso…
Juan Ramón Quintana: Yo diría que no ha fracasado. Se ha abierto un paréntesis en este diálogo. Lo cierto es que no hemos logrado todavía acordar una agenda consistente para encarar los problemas de fondo que tiene el país.
El Gobierno ha propuesto una agenda de tres puntos fundamentales para superar este conflicto político. En primer lugar la constitucionalización de las autonomías.
Queremos un Estado democrático, autonómico y esto supone la incorporación de los otros cinco departamentos, pero siempre enmarcado y al amparo de la nueva Constitución Política del Estado.
El segundo aspecto planteado es la necesidad de construir un pacto fiscal. Es decir, una ecuación redistributiva de los recursos económicos que obtiene nuestro país, de tal manera que podamos darle la vuelta a la página de la inequidad y de la injusticia, fundamentalmente en aquellas regiones que se benefician de manera relativa respecto a la redistribución de los recursos.
Hemos llamado a esto un pacto fiscal que no es nada más ni menos que encontrar la fórmula justa, equitativa, para que los recursos que tiene el país puedan ser distribuidos a imagen y semejanza de las necesidades que tienen las regiones, los municipios, los ciudadanos y ciudadanas y las vocaciones productivas.
En tercer lugar hemos planteado a los prefectos de oposición que se sumen a un esfuerzo para llevar adelante la designación de todas aquellas autoridades en las instituciones más importantes del país: en la administración de Justicia, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Nacional Electoral, con el objeto de darle mayor solidez, certidumbre y promover este proceso de cambios contando con autoridades democráticamente elegidas, por mayoría, en el Parlamento.
Frente a estas tres propuestas los prefectos las han rechazado porque solamente están persiguiendo en este diálogo recursos económicos frescos para seguir impulsando su agenda política. Nosotros no compartimos que el tratamiento en este ámbito del diálogo exclusivamente el tema de Impuesto Directo de Hidrocarburos.
Creemos que tratar ese tema es importante pero no resuelve los problemas de fondo que vive el país.
O: Aparentemente el tema económico es el nudo que no permite avanzar hacia el gran acuerdo nacional propuesto por el Presidente.
JRQ: Efectivamente, pero si solamente atendemos a los prefectos respecto de sus demandas de IDH, respecto de la restitución de sus recursos económicos para que ellos sigan promoviendo sus proyectos en cada región esto no resuelve el problema.
El problema es fundamentalmente político y si lo asumimos así, el problema económico se resolvería por añadidura. Lo que pasa es que los prefectos no le dicen al país que son los enemigos irreconciliables de la nueva Constitución Política del Estado. Los prefectos no desean que la nueva Constitución Política sea aprobada porque le tienen terror a sus efectos positivos, favorables, y que son beneficios para la sociedad boliviana.
Le tienen miedo a la reelección el Presidente, tienen miedo a que la nueva Constitución Política del Estado le otorgue más facultades al ciudadano para ejercer más control sobre los recursos públicos, le tienen terror a que la nueva Constitución sea mucho más equitativa en la distribución de la tierra.
Entonces, los prefectos son enemigos irreconciliables de la construcción de un nuevo Estado más justo, más equitativo y mucho más democrático.
O: De abrirse la negociación, ¿hay la posibilidad de modificar algunos artículos del proyecto de nueva Constitución?
JRQ: Así es. Hemos sido categóricos. En un ámbito de diálogo, de búsqueda de salidas estructurales al país, existe la posibilidad de colocar en el referendo dirimitorio todos aquellos temas que en este diálogo no van a encontrar, seguramente, un acuerdo.
Y esos temas que no serán objeto de un acuerdo debieran ser sometidos al veredicto popular. El tema de tierras, el tema de reelección, el modelo autonómico, debieran ser objeto de una consulta popular en el marco de un nuevo referendo dirimitorio por la nueva Constitución Política del Estado.
Lo que proponemos es devolverle al ciudadano para que decida con su voto si está de acuerdo o no en algunos temas que van a ser propuestos en el marco del referendo dirimitorio y no, como pretenden los prefectos, cancelar definitivamente el proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
Los prefectos no quieren un acuerdo político que resuelva estructuralmente los problemas del país, ellos sólo quieren dinero para seguir financiándose políticamente y seguir manteniendo su legitimidad bajo la impostura de la autonomía que es un derecho que se han ganado las regiones, está apoyada por el Gobierno, vamos a estatalizar el régimen autonómico, pero un régimen autonómico que sea democrático, plural y transparente. Eso es lo que no quieren los prefectos.
O: La oposición asume medidas de presión como el paro del martes…
JRQ: Preveíamos que los prefectos iban a desplegar un conjunto de medidas, iban a radicalizarse ante el rechazo del Gobierno respecto al tratamiento del tema del IDH. Es comprensible que los prefectos tengan que agotar sus recursos violentos porque ese es el único camino que les queda.
Es previsible que tengan que optar por el camino del conflicto porque cada día que pasa están asfixiados políticamente porque su gente en los departamentos no ve resultados con los recursos económicos que razonablemente administran los prefectos. Lo que quieren, en definitiva, es usar los recursos del IDH para su financiamiento y campaña política continua en cada región.
Si no tienen esos recursos la gente se va a dar cuenta que lo único que han hecho en este tiempo es simplemente maquillar el discurso de la autonomía, pero detrás de este maquillaje no existe un proyecto de desarrollo regional.
O: ¿Para cuándo el Gobierno tiene previsto convocar de nuevo a los prefectos?
JRQ: Vamos a seguir insistiendo. No hemos determinado fecha, el diálogo está abierto desde la perspectiva del Gobierno nacional.
Cuando los prefectos se despedían les ratificamos nuestra voluntad de mantener abiertas las puertas del diálogo. Serán los prefectos quienes en última instancia definan la fecha, el día, la hora para retornar a la mesa de negociaciones frente a la sociedad boliviana. Como Gobierno ratificamos nuestra vocación democrática para resolver concertadamente los problemas que enfrentamos los bolivianos.
O: Dos prefectos opositores fueron revocados. ¿Cuál será el procedimiento para llenar esas acefalías?
JRQ: Vamos a convocar, en el menor tiempo posible, a las elecciones. Una vez la Corte Nacional Electoral nos entregue los resultados oficiales del conteo del referendo revocatorio del 10 de agosto, inmediatamente asumimos la responsabilidad de convocar a elecciones en estos dos departamentos.
O: Entretanto, ¿habrán prefectos interinos?
JRQ: Vamos a designar como señala la norma prefectos interinos, pero respetando fundamentalmente la opinión de los ciudadanos. El Presidente de la República ha señalado categóricamente que no designaremos a dedo a ningún prefecto.
El prefecto por el tiempo que dure el interinato va a reflejar las demandas de la sociedad, va a reflejar la petición de la ciudadanía. Será un prefecto que represente a todos los ciudadanos en cada región, por lo tanto nuestro interés es que su desempeño en este período de transición fundamentalmente reconozca el pluralismo político y las necesidades que se tiene en cada región.
O: ¿La elección será en 60, 90 ó 120 días?
JRQ: Tenemos un plazo estimado entre 90 y 120 días, eso será objeto de un tratamiento institucional entre la Corte Nacional Electoral, el Parlamento y el Gobierno nacional y ojalá en este triángulo virtuoso podamos tener un acuerdo institucional para convocar a elecciones para estos dos prefectos, del departamento de Cochabamba y de La Paz.