El Fiscal General observa vacíos legales en detención de pandinos
02 de marzo de 2009 (20:54 h.)
La Paz/ANF
El fiscal General de la República, Mario Uribe, observó varios vacíos legales en la detención por los organismos de seguridad del Estado de siete ciudadanos pandinos; acción ocurrida la madrugada del miércoles 18 de febrero.
Uribe llegó a esta conclusión, luego de conocer el informe escrito que le fue enviado por el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, en el que se advierte vacíos procedimentales, toda vez que no se especifica quiénes participaron de la operación de aprehensión, la hora de los allanamientos y cuál fue la participación exacta del Ministerio Público.
"El informe no brinda detalles de quiénes participaron, menos las órdenes que tuvieron, cómo se procedió en el desarrollo del operativo y cuál fue el accionar del Ministerio Público, estos documentos no han satisfecho las expectativas del suscrito Fiscal General y, por lo tanto, se ha pedido una ampliación de algunos detalles, el mismo que hasta ahora no se me ha proporcionado", informó Uribe.
Para el Fiscal General de la República, esta complementación de información es importante, porque permitirá aclarar estas dudas en torno a este operativo de detención y posterior traslado hasta La Paz de los siete ciudadanos pandinos.
La madrugada del miércoles 18 de febrero, las fuerzas de seguridad del Estado procedieron a la detención de Wilson Da Silva Rebollo, Nilma Benegas Becerra (concejales de El Porvenir) Hugo Mopi Solíz; ex jefe de Comunicaciones de la Prefectura de Pando, Marcial Peña, secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Pando, además del alcalde de El Porvenir, Edwin Ventura Börth, Hernán Justiniano Ugarte (concejal) y Roberto Rea Ruíz (oficial Mayor) por su presunta participación en los luctuosos hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2008 en El Porvenir y Filadelfia (distantes a 30 kilómetros de Cobija-Pando).
Estos siete ciudadanos fueron trasladados desde Pando a La Paz en un confuso operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad del Estado, en un horario irregular (de madrugada) lo que desató varias denuncias sobre las ilegalidades de las detenciones que también fueron admitidas por la jueza séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, Betty Yañíquez.
El fiscal General de la República, Mario Uribe, observó varios vacíos legales en la detención por los organismos de seguridad del Estado de siete ciudadanos pandinos; acción ocurrida la madrugada del miércoles 18 de febrero.
Uribe llegó a esta conclusión, luego de conocer el informe escrito que le fue enviado por el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, en el que se advierte vacíos procedimentales, toda vez que no se especifica quiénes participaron de la operación de aprehensión, la hora de los allanamientos y cuál fue la participación exacta del Ministerio Público.
"El informe no brinda detalles de quiénes participaron, menos las órdenes que tuvieron, cómo se procedió en el desarrollo del operativo y cuál fue el accionar del Ministerio Público, estos documentos no han satisfecho las expectativas del suscrito Fiscal General y, por lo tanto, se ha pedido una ampliación de algunos detalles, el mismo que hasta ahora no se me ha proporcionado", informó Uribe.
Para el Fiscal General de la República, esta complementación de información es importante, porque permitirá aclarar estas dudas en torno a este operativo de detención y posterior traslado hasta La Paz de los siete ciudadanos pandinos.
La madrugada del miércoles 18 de febrero, las fuerzas de seguridad del Estado procedieron a la detención de Wilson Da Silva Rebollo, Nilma Benegas Becerra (concejales de El Porvenir) Hugo Mopi Solíz; ex jefe de Comunicaciones de la Prefectura de Pando, Marcial Peña, secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Pando, además del alcalde de El Porvenir, Edwin Ventura Börth, Hernán Justiniano Ugarte (concejal) y Roberto Rea Ruíz (oficial Mayor) por su presunta participación en los luctuosos hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2008 en El Porvenir y Filadelfia (distantes a 30 kilómetros de Cobija-Pando).
Estos siete ciudadanos fueron trasladados desde Pando a La Paz en un confuso operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad del Estado, en un horario irregular (de madrugada) lo que desató varias denuncias sobre las ilegalidades de las detenciones que también fueron admitidas por la jueza séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, Betty Yañíquez.