Humberto Quispe, fiscal de materia de La Paz, fue acusado incluso de robo. En su contra pesan al menos una veintena de denuncias de ciudadanos afectados

Destituyen a fiscal acusado de corrupción y uso de influencias



El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, destituyó ayer al fiscal de materia de La Paz, Humberto Quispe, por las denuncias de presunta corrupción y uso indebido de influencias que pesan sobre él y aclaró que esa acción no paraliza los procesos disciplinarios y penales que se investigan en la ciudad de La Paz y llegaron en revisión a Sucre.

"He tomado la decisión. Hoy (miércoles) he firmado el memorándum de agradecimiento de sus servicios y destituir al fiscal Humberto Quispe en la ciudad de La Paz, eso no implica que los procesos penales y disciplinarios que tiene se paralicen, al contrario, la investigación continuará y que el doctor Quispe se defienda desde el llano como cualquier ciudadano frente a las denuncias que existen", señaló Guerrero en conferencia de prensa, según la agencia de noticias ANF.

OTROS CASOS Recordó que ante las denuncias de corrupción en otros casos la Fiscalía ordenó operativos, aprehendió e imputó a varios fiscales en su política de lucha contra la corrupción al interior y fuera del Ministerio Público.

La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que no tolerarán ninguna situación de hechos de corrupción, de atropellos y abuso de autoridad dentro del Ministerio Público y por eso, desde la Fiscalía General, se decidió prescindir de los servicios del fiscal Quispe.

Guerrero dijo que Quispe tiene procesos disciplinarios en curso ante un tribunal sumariante en La Paz y otros con recursos jerárquicos en Sucre, algunos de tipo penal por extorsión, uso indebido de influencias y que se investigan en la ciudad de La Paz. Además, aclaró que Quispe no es fiscal de carrera, pese a que haya hecho año de provincia.

DENUNCIA DE ROBO Entre las acusaciones contra Quispe ( al menos una decena) se encuentra la denuncia de un ciudadano que asegura que éste le robó de su empresa 300 mil bolivianos y 200 mil dólares, además de un vehículo, según el diario La Razón de La Paz.

Las denuncias contra este funcionario del Ministerio Público, encargado de precautelar el cumplimiento de la justicia, datan desde el 2011. Las víctimas conformaron una asociación para hacer conocer sus casos y buscar sanciones contra él.