Descartan nombramiento congresal de magistrados
29 de junio de 2009 (21:05 h.)
Sucre/ANF.- El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, René Martínez (MAS), descartó la posibilidad de que el Congreso pueda designar a magistrados del Tribunal Constitucional en lo que resta de la actual legislatura.
Martínez dijo que la agenda legislativa ya no contempla esas designaciones que -según apuntó- deberán ser realizadas por el nuevo sistema constitucional que prevé la elección de tribunos y otras autoridades judiciales mediante el voto popular.
El parlamentario oficialista restó importancia a las advertencias lanzadas por la cesante magistrada Silvia Salame, quien señaló que la paralización del Tribunal dejó pendientes de resolución cerca de tres mil procesos, al indicar que la situación podrá mantenerse invariable hasta la elección de los nuevos tribunos, luego de la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el año próximo.
Martínez indicó que mientras tanto, las causas podrán ser recepcionadas en el Tribunal por personal administrativo, pues dijo que la magistrada Salame estuvo cumpliendo con una tarea que pudo haber sido realizada por funcionarios de niveles inferiores.
Asimismo, el parlamentario oficialista responsabilizó al presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Vásquez, de haber "obstaculizado" en su momento la elección de autoridades judiciales cuando supuestamente entrabó el proceso mediante objeciones a un sistema acordado previamente entre los partidos.
En pasados días, la magistrada Silvia Salame hizo efectiva su renuncia al cargo aduciendo las dificultades financieras a las cuales fue conducido el Tribunal, según su criterio por una decisión de autoridades gubernamentales.
Salame dijo también que no era posible continuar trabajando cuando el presupuesto de la institución se redujo en más de un ochenta por ciento, lo que provocó la paralización del organismo y el virtual despido de su personal.
Precisamente, los funcionarios del Tribunal Constitucional acudieron a un recurso de Amparo ante la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, donde denunciaron supuestas irregularidades en la medida del Consejo de la Judicatura de reducir drásticamente el presupuesto de la actual gestión.
Martínez dijo que la agenda legislativa ya no contempla esas designaciones que -según apuntó- deberán ser realizadas por el nuevo sistema constitucional que prevé la elección de tribunos y otras autoridades judiciales mediante el voto popular.
El parlamentario oficialista restó importancia a las advertencias lanzadas por la cesante magistrada Silvia Salame, quien señaló que la paralización del Tribunal dejó pendientes de resolución cerca de tres mil procesos, al indicar que la situación podrá mantenerse invariable hasta la elección de los nuevos tribunos, luego de la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el año próximo.
Martínez indicó que mientras tanto, las causas podrán ser recepcionadas en el Tribunal por personal administrativo, pues dijo que la magistrada Salame estuvo cumpliendo con una tarea que pudo haber sido realizada por funcionarios de niveles inferiores.
Asimismo, el parlamentario oficialista responsabilizó al presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Vásquez, de haber "obstaculizado" en su momento la elección de autoridades judiciales cuando supuestamente entrabó el proceso mediante objeciones a un sistema acordado previamente entre los partidos.
En pasados días, la magistrada Silvia Salame hizo efectiva su renuncia al cargo aduciendo las dificultades financieras a las cuales fue conducido el Tribunal, según su criterio por una decisión de autoridades gubernamentales.
Salame dijo también que no era posible continuar trabajando cuando el presupuesto de la institución se redujo en más de un ochenta por ciento, lo que provocó la paralización del organismo y el virtual despido de su personal.
Precisamente, los funcionarios del Tribunal Constitucional acudieron a un recurso de Amparo ante la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, donde denunciaron supuestas irregularidades en la medida del Consejo de la Judicatura de reducir drásticamente el presupuesto de la actual gestión.