Defensor apoya conminatoria para remitir caso Poma a justicia ordinaria
01 de agosto de 2011 (15:48 h.)
El defensor del pueblo, Rolando Villena, expresó el lunes su respaldo a la resolución emitida la semana pasada por la Cámara de Senadores, que conmina al Tribunal Permanente de Justicia Militar apartarse del caso que investiga la muerte del subteniente Gróver Poma y remitir los antecedentes del proceso a la justicia ordinaria.
"Consideramos acertada la resolución del Senado, esta determinación es muy importante, tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental del Estado Plurinacional, sostén de la vigencia de la Constitución Política del Estado, de la democracia, de los derechos y garantías ciudadanas, estipuladas además en su norma orgánica. Por ello, deben existir muestras claras a la población de respeto y cumplimiento de los principios, valores, derechos y garantías postulados en nuestra carta magna", argumentó Villena.
Añadió que la Defensoría del Pueblo no niega el rol de la justicia militar, reconocida constitucionalmente, pero dijo que en el caso Poma, por el grado de afectación a los derechos humanos, debe ser sometido a la justicia ordinaria.
A su juicio, sólo pueden ser considerados delitos militares aquellos que afecten bienes jurídicos de la institución castrense.
"La comisión de delitos comunes clasificados como homicidio, lesiones gravísimas y daño calificado, deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria. Estos atentan contra bienes jurídicos protegidos como la vida, la seguridad física y la integridad psicológica de las personas", precisó.
"Consideramos acertada la resolución del Senado, esta determinación es muy importante, tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental del Estado Plurinacional, sostén de la vigencia de la Constitución Política del Estado, de la democracia, de los derechos y garantías ciudadanas, estipuladas además en su norma orgánica. Por ello, deben existir muestras claras a la población de respeto y cumplimiento de los principios, valores, derechos y garantías postulados en nuestra carta magna", argumentó Villena.
Añadió que la Defensoría del Pueblo no niega el rol de la justicia militar, reconocida constitucionalmente, pero dijo que en el caso Poma, por el grado de afectación a los derechos humanos, debe ser sometido a la justicia ordinaria.
A su juicio, sólo pueden ser considerados delitos militares aquellos que afecten bienes jurídicos de la institución castrense.
"La comisión de delitos comunes clasificados como homicidio, lesiones gravísimas y daño calificado, deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria. Estos atentan contra bienes jurídicos protegidos como la vida, la seguridad física y la integridad psicológica de las personas", precisó.