Borth alerta que caso Fernández desatará un conflicto de poderes
29 de octubre de 2008 (21:43 h.)
La Paz/ANF
El senador Carlos Borth (Podemos) afirmó, este miércoles, que el caso del confinamiento y detención del ex prefecto, Leopoldo Fernández, originó una maraña jurídica que derivó en un conflicto de poderes que involucra actualmente al Ejecutivo y Judicial, situación que no tardará en alcanzar al Poder Legislativo.
"Resumamos lo que tenemos hasta la fecha. Se le inicia un juicio a Leopoldo Fernández en la jurisdicción de La Paz por delitos cometidos en Pando, donde los hechos, las personas, las víctimas, todos se encuentran en Pando, esa es una decisión judicial al menos cuestionable. Un poco más adelante se ha remitido a Sucre, en el marco no se sabe de qué juicio, ya que el juicio de responsabilidades iniciado por el Fiscal General todavía no se ha abierto formalmente, porque el Congreso no ha autorizado el enjuiciamiento de Fernández", explicó.
Manifestó que a esto se suma la decisión de la Corte Superior de Chuquisaca que ordenó que Fernández sea remitido a Sucre para que sea puesto a disposición del Fiscal General.
"Algo que no es al menos ortodoxo, remitir a manos del Fiscal General, no se sabe para qué. Frente a esas decisiones el Poder Ejecutivo decide desconocer el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca, poniendo en peligro y creando un nefasto antecedente en contra del recurso de hábeas corpus", detalló.
A esto se añade, también, que la noche del martes, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, presentó denuncia formal contra los vocales de la Corte chuquisaqueña, Elena Lowental y Oswaldo Fong, por fallar a favor del Fernández, quien presentó un hábeas corpus a esta instancia judicial.
"Este es ya un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y Judicial en medio de una maraña de decisiones judiciales poco claras, si este conflicto no es enfrentado con claridad pronto va involucrar al Poder Legislativo también", advirtió.
La solución a este complicado caso -según el congresista- se dificulta más cuando la justicia ordena que se remita a Fernández al fiscal General, Mario Uribe, y éste a su vez, delega el caso a una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados que tenía a cargo la investigación de los hechos acontecidos en Pando que dejaron 18 muertos el 11 de septiembre.
Sin embargo, esta comisión parlamentaria anuncia el desacato al fallo emitido por el Poder Judicial, alegando vicios de nulidad. "La nulidad de un fallo judicial se declara necesariamente con una sentencia, para desacatar el recurso se necesita otro fallo judicial. Además, la invitación al desacato del veredicto legal está penado por la Constitución (Política del Estado)", afirmó.
Dijo que semejante lío sólo podría ser resuelto por el Tribunal Constitucional, que sin embargo, no está en ejercicio. "Quizás se requiera una acción enérgica del Legislativo, en una sesión congresal, pueda poner orden en este tema, pero no sé si existen condiciones políticas para esto", agregó Borth.
El senador Carlos Borth (Podemos) afirmó, este miércoles, que el caso del confinamiento y detención del ex prefecto, Leopoldo Fernández, originó una maraña jurídica que derivó en un conflicto de poderes que involucra actualmente al Ejecutivo y Judicial, situación que no tardará en alcanzar al Poder Legislativo.
"Resumamos lo que tenemos hasta la fecha. Se le inicia un juicio a Leopoldo Fernández en la jurisdicción de La Paz por delitos cometidos en Pando, donde los hechos, las personas, las víctimas, todos se encuentran en Pando, esa es una decisión judicial al menos cuestionable. Un poco más adelante se ha remitido a Sucre, en el marco no se sabe de qué juicio, ya que el juicio de responsabilidades iniciado por el Fiscal General todavía no se ha abierto formalmente, porque el Congreso no ha autorizado el enjuiciamiento de Fernández", explicó.
Manifestó que a esto se suma la decisión de la Corte Superior de Chuquisaca que ordenó que Fernández sea remitido a Sucre para que sea puesto a disposición del Fiscal General.
"Algo que no es al menos ortodoxo, remitir a manos del Fiscal General, no se sabe para qué. Frente a esas decisiones el Poder Ejecutivo decide desconocer el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca, poniendo en peligro y creando un nefasto antecedente en contra del recurso de hábeas corpus", detalló.
A esto se añade, también, que la noche del martes, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, presentó denuncia formal contra los vocales de la Corte chuquisaqueña, Elena Lowental y Oswaldo Fong, por fallar a favor del Fernández, quien presentó un hábeas corpus a esta instancia judicial.
"Este es ya un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y Judicial en medio de una maraña de decisiones judiciales poco claras, si este conflicto no es enfrentado con claridad pronto va involucrar al Poder Legislativo también", advirtió.
La solución a este complicado caso -según el congresista- se dificulta más cuando la justicia ordena que se remita a Fernández al fiscal General, Mario Uribe, y éste a su vez, delega el caso a una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados que tenía a cargo la investigación de los hechos acontecidos en Pando que dejaron 18 muertos el 11 de septiembre.
Sin embargo, esta comisión parlamentaria anuncia el desacato al fallo emitido por el Poder Judicial, alegando vicios de nulidad. "La nulidad de un fallo judicial se declara necesariamente con una sentencia, para desacatar el recurso se necesita otro fallo judicial. Además, la invitación al desacato del veredicto legal está penado por la Constitución (Política del Estado)", afirmó.
Dijo que semejante lío sólo podría ser resuelto por el Tribunal Constitucional, que sin embargo, no está en ejercicio. "Quizás se requiera una acción enérgica del Legislativo, en una sesión congresal, pueda poner orden en este tema, pero no sé si existen condiciones políticas para esto", agregó Borth.