Alistan demanda ampliada contra Evo y dos ministros por caso Pando
18 de diciembre de 2008 (17:12 h.)
Sucre/ANF.- Los prefectos de la denominada "media luna", esta vez con el respaldo de la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, tienen listo el memorial de ampliación de juicio contra el presidente Evo Morales, los ministros de Defensa, Walker San Miguel y de Gobierno, Alfredo Rada, y los viceministros, Nardi Suxo, Sacha Llorenti y Wilfredo Chávez por su presunta vinculación con los hechos de sangre que se registraron en Pando, en septiembre pasado.
El abogado de los prefectos, Alberto Morales, anunció que en el transcurso de esta semana será presentado en la Fiscalía este pedido de ampliación de juicio para las citadas autoridades para someterlas a la justicia en el marco estricto de legalidad y respetando sus derechos y garantías.
Morales dijo que el memorial de ampliación está en proceso de firmas por parte de las autoridades departamentales señaladas quienes decidieron iniciar una contraofensiva legal y penal contra las autoridades de Gobierno, que abusan de su condición y promueven procesos para mantener controlados a algunos prefectos.
"Queremos demostrarles cómo se hace un proceso con las garantías de la Constitución y no con el abuso de poder", sostuvo el abogado Morales.
Sostuvo que el país está viviendo un proceso de judicialización de la política con un Gobierno que no respeta la independencia de los jueces ni de los fiscales, abusa de los sistemas legales para dominar al adversario político, reducirlo hasta aniquilarlo aprovechando que los prefectos asumieron una actitud defensiva frente a todo ataque.
Uno de los motivos para pedir juicio de responsabilidades contra el Presidente de la República es que éste, no habría cumplido con la función de garante de la paz y es más, generó el resultado de las muertes y sería el primer responsable.
El abogado sostiene que el hecho también involucra a los ministros del área de Defensa, Walker San Miguel y de Gobierno por la Policía Nacional, Alfredo Rada, quienes tampoco actuaron para prevenir el enfrentamiento según testimonios de los mismos pobladores.
Morales afirmó que según los testimonios, el párroco de Cobija y el dirigente del Comité Cívico pidieron al asiento militar de Cobija intervenir para proteger la vida de las personas, pero la respuesta fue que no tenían órdenes de la ciudad de La Paz para actuar y por el contrario se acuartelaron.
El abogado de los prefectos, Alberto Morales, anunció que en el transcurso de esta semana será presentado en la Fiscalía este pedido de ampliación de juicio para las citadas autoridades para someterlas a la justicia en el marco estricto de legalidad y respetando sus derechos y garantías.
Morales dijo que el memorial de ampliación está en proceso de firmas por parte de las autoridades departamentales señaladas quienes decidieron iniciar una contraofensiva legal y penal contra las autoridades de Gobierno, que abusan de su condición y promueven procesos para mantener controlados a algunos prefectos.
"Queremos demostrarles cómo se hace un proceso con las garantías de la Constitución y no con el abuso de poder", sostuvo el abogado Morales.
Sostuvo que el país está viviendo un proceso de judicialización de la política con un Gobierno que no respeta la independencia de los jueces ni de los fiscales, abusa de los sistemas legales para dominar al adversario político, reducirlo hasta aniquilarlo aprovechando que los prefectos asumieron una actitud defensiva frente a todo ataque.
Uno de los motivos para pedir juicio de responsabilidades contra el Presidente de la República es que éste, no habría cumplido con la función de garante de la paz y es más, generó el resultado de las muertes y sería el primer responsable.
El abogado sostiene que el hecho también involucra a los ministros del área de Defensa, Walker San Miguel y de Gobierno por la Policía Nacional, Alfredo Rada, quienes tampoco actuaron para prevenir el enfrentamiento según testimonios de los mismos pobladores.
Morales afirmó que según los testimonios, el párroco de Cobija y el dirigente del Comité Cívico pidieron al asiento militar de Cobija intervenir para proteger la vida de las personas, pero la respuesta fue que no tenían órdenes de la ciudad de La Paz para actuar y por el contrario se acuartelaron.