La Iglesia tiene razón cuando exige honestidad para iniciar el diálogo
05 de abril de 2008 (19:53 h.)
Sin duda, la entidad con mayor solvencia moral, histórica y social para contribuir a la solución de los problemas de este tiempo es la Iglesia. Obviamente, no es neutra ni uniforme, nos referimos a las ideas y tendencias políticas que hay en su seno. A diferencia de otras corrientes religiosas que forman a la gente para lograr su salvación, a despecho de lo que sucede en su medio y en su época, la nuestra tiene compromiso tácito y permanente con la gente, aquí en la Tierra.
Para que alguien o alguna entidad contribuya a la solución de conflictos, son necesarias algunas condiciones imprescindibles. Tres son las fundamentales: en primer lugar, que los protagonistas estén de acuerdo con esa participación. Estar de acuerdo quiere decir crear y cumplir las condiciones necesarias para construir el acuerdo. No es posible ni siquiera dialogar, si una de las partes o todas realizan acciones opuestas al entendimiento, por ejemplo, hacer propaganda, cada vez más intensa, a favor de la nueva CPE cuando dicho documento es motivo del conflicto y, consiguientemente, objetivo del diálogo y del acuerdo. Lo mismo o peor es insistir en el referendo del 4 de mayo, sabiendo que tal hecho, ahondará la brecha que separa al Gobierno del departamento de Santa Cruz. En segundo lugar, los protagonistas de la contienda tienen que dar muestras claras de su propósito de escuchar, de tomar en cuenta propuestas más convenientes a fin de rectificar sus posiciones. Y, finalmente, tiene que haber algo o alguien que garantice el fiel cumplimiento de los asuntos acordados.
Sin ese ambiente mínimo, nadie se animaría a participar en un proceso de entendimiento entre contendientes sin vocación de diálogo y respeto mutuo. La Iglesia ya ha sido sorprendida en su buena fue por ciertos políticos; parece que algunos de los que ahora están en el poder también lograron su apoyo para después quebrantar compromisos principistas tácitos. Las reformas planteadas por el oficialismo al sistema educativo nacional, no fueron muy consecuentes con lo que, en la práctica, había pasado entre la Iglesia y ciertas corrientes, supuestamente cristianas.
Antes de comprometer su trabajo para el diálogo y la paz, está bien que la Iglesia exija deberes fundamentales a los actores de la política, no tanto por cuidar sus asuntos particulares como por evitar que el pueblo sea burlado y que la democracia y la unidad nacionales sean debilitadas. La seriedad que, en la práctica, es una forma de ponerse al servicio del país y de respetar el sentido crítico de la población, consiste, precisamente, en trabajar honestamente por el entendimiento y la paz. La profundización de la ruptura y quizá el comienzo de una etapa violenta más cruel pueden darse como consecuencia del capricho, de la falta de claridad en la comprensión del país, del odio y de la revancha improductivas. Ante tal peligro, la Iglesia debe contribuir al diálogo, pero sin concesiones ni actitudes simplemente sentimentales. Debe quedar claramente establecido que la Iglesia somos todos los católicos.
Para que alguien o alguna entidad contribuya a la solución de conflictos, son necesarias algunas condiciones imprescindibles. Tres son las fundamentales: en primer lugar, que los protagonistas estén de acuerdo con esa participación. Estar de acuerdo quiere decir crear y cumplir las condiciones necesarias para construir el acuerdo. No es posible ni siquiera dialogar, si una de las partes o todas realizan acciones opuestas al entendimiento, por ejemplo, hacer propaganda, cada vez más intensa, a favor de la nueva CPE cuando dicho documento es motivo del conflicto y, consiguientemente, objetivo del diálogo y del acuerdo. Lo mismo o peor es insistir en el referendo del 4 de mayo, sabiendo que tal hecho, ahondará la brecha que separa al Gobierno del departamento de Santa Cruz. En segundo lugar, los protagonistas de la contienda tienen que dar muestras claras de su propósito de escuchar, de tomar en cuenta propuestas más convenientes a fin de rectificar sus posiciones. Y, finalmente, tiene que haber algo o alguien que garantice el fiel cumplimiento de los asuntos acordados.
Sin ese ambiente mínimo, nadie se animaría a participar en un proceso de entendimiento entre contendientes sin vocación de diálogo y respeto mutuo. La Iglesia ya ha sido sorprendida en su buena fue por ciertos políticos; parece que algunos de los que ahora están en el poder también lograron su apoyo para después quebrantar compromisos principistas tácitos. Las reformas planteadas por el oficialismo al sistema educativo nacional, no fueron muy consecuentes con lo que, en la práctica, había pasado entre la Iglesia y ciertas corrientes, supuestamente cristianas.
Antes de comprometer su trabajo para el diálogo y la paz, está bien que la Iglesia exija deberes fundamentales a los actores de la política, no tanto por cuidar sus asuntos particulares como por evitar que el pueblo sea burlado y que la democracia y la unidad nacionales sean debilitadas. La seriedad que, en la práctica, es una forma de ponerse al servicio del país y de respetar el sentido crítico de la población, consiste, precisamente, en trabajar honestamente por el entendimiento y la paz. La profundización de la ruptura y quizá el comienzo de una etapa violenta más cruel pueden darse como consecuencia del capricho, de la falta de claridad en la comprensión del país, del odio y de la revancha improductivas. Ante tal peligro, la Iglesia debe contribuir al diálogo, pero sin concesiones ni actitudes simplemente sentimentales. Debe quedar claramente establecido que la Iglesia somos todos los católicos.