La alternativa de crear los Consejos Departamentales de Derechos Humanos
11 de mayo de 2009 (12:47 h.)
Una definición a partir de la filosofía jurídica sobre los derechos humanos (DDHH) sostiene que son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos, que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna.
Las organizaciones internacionales de Derechos Humanos tienen una serie de objetivos que, sin embargo, en la dinámica del trabajo que realizan, están sujetas a evaluaciones sobre su labor y también a críticas. Se ha dicho, en algunas ocasiones, que estos organismos no cumplen con su misión, porque son proclives a ciertas políticas de los gobiernos de turno y no demuestran equilibrio adecuado para analizar situaciones que afectan a determinados grupos sociales, es decir, que no observan precisamente uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que son independientes de factores particulares, como el estatus, el sexo, la etnia, nacionalidad e incluso la posición económica.
Llama la atención en el momento particular que discurren los problemas nacionales, que 4 regiones del país adopten la decisión de crear Consejos de Derechos Humanos para responder a lo que consideran una arremetida del gobierno de Evo Morales contra los derechos ciudadanos de sus autoridades, y de sus pobladores, acusados por un fiscal que investiga supuestos actos de terrorismo originados en Santa Cruz, y que involucra a líderes de ese departamento.
La conformación de estos Consejos en Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija, regiones opositoras al Gobierno, deben cumplir, según han dicho sus propiciadores, una defensa de las persecuciones políticas y el amendrentamiento a los dirigentes cívicos y autoridades electas por el voto popular. En este propósito, cada uno de los Consejos será integrado por personalidades de los departamentos.
Cuando asumen esta decisión, implícitamente, hay que colegir que los departamentos y los dirigentes de estas regiones están expresando que no tienen ninguna confianza con la Asamblea de Derechos Humanos, organismo que tradicionalmente trabaja en el país en la defensa de los derechos humanos.
Esto hace ver que dicho organismo vigente en el país, para este gran conglomerado de ciudadanos de las 4 regiones, ha dejado de ser imparcial por adoptar posturas cercanas a políticas gubernamentales, situación agravada con últimas declaraciones de sus responsables que reflejan ciertas afinidades con el oficialismo.
Los organismos que plantean la defensa de los derechos humanos no pueden relegar conceptos básicos sobre la universalidad y la igualdad
y muchos menos olvidarse de que los derechos humanos son atemporales e independientes de los contextos sociales, es decir, que la importancia de la defensa de los preceptos adquieren fuerza moral, cuando son llevados de la teoría a la práctica.
Las organizaciones tradicionales de Derechos Humanos, con la decisión de crear Consejos de Derechos Humanos, como opción a la defensa de estos principios, hoy han sido colocadas en serio entredicho sobre su labor y su moral.
Las organizaciones internacionales de Derechos Humanos tienen una serie de objetivos que, sin embargo, en la dinámica del trabajo que realizan, están sujetas a evaluaciones sobre su labor y también a críticas. Se ha dicho, en algunas ocasiones, que estos organismos no cumplen con su misión, porque son proclives a ciertas políticas de los gobiernos de turno y no demuestran equilibrio adecuado para analizar situaciones que afectan a determinados grupos sociales, es decir, que no observan precisamente uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que son independientes de factores particulares, como el estatus, el sexo, la etnia, nacionalidad e incluso la posición económica.
Llama la atención en el momento particular que discurren los problemas nacionales, que 4 regiones del país adopten la decisión de crear Consejos de Derechos Humanos para responder a lo que consideran una arremetida del gobierno de Evo Morales contra los derechos ciudadanos de sus autoridades, y de sus pobladores, acusados por un fiscal que investiga supuestos actos de terrorismo originados en Santa Cruz, y que involucra a líderes de ese departamento.
La conformación de estos Consejos en Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija, regiones opositoras al Gobierno, deben cumplir, según han dicho sus propiciadores, una defensa de las persecuciones políticas y el amendrentamiento a los dirigentes cívicos y autoridades electas por el voto popular. En este propósito, cada uno de los Consejos será integrado por personalidades de los departamentos.
Cuando asumen esta decisión, implícitamente, hay que colegir que los departamentos y los dirigentes de estas regiones están expresando que no tienen ninguna confianza con la Asamblea de Derechos Humanos, organismo que tradicionalmente trabaja en el país en la defensa de los derechos humanos.
Esto hace ver que dicho organismo vigente en el país, para este gran conglomerado de ciudadanos de las 4 regiones, ha dejado de ser imparcial por adoptar posturas cercanas a políticas gubernamentales, situación agravada con últimas declaraciones de sus responsables que reflejan ciertas afinidades con el oficialismo.
Los organismos que plantean la defensa de los derechos humanos no pueden relegar conceptos básicos sobre la universalidad y la igualdad
y muchos menos olvidarse de que los derechos humanos son atemporales e independientes de los contextos sociales, es decir, que la importancia de la defensa de los preceptos adquieren fuerza moral, cuando son llevados de la teoría a la práctica.
Las organizaciones tradicionales de Derechos Humanos, con la decisión de crear Consejos de Derechos Humanos, como opción a la defensa de estos principios, hoy han sido colocadas en serio entredicho sobre su labor y su moral.