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  • Diario Digital | jueves, 04 de junio de 2026
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Impuestos eleva la “sensación de riesgo” para contribuyentes del RC-IVA

Impuestos eleva la “sensación de riesgo” para contribuyentes del RC-IVA
A partir del primero de marzo de 2009, la oficina de Impuestos Nacionales implementará el proyecto de RC-IVA, con el fin de fiscalizar de manera más estricta el pago de tributos de los contribuyentes, en especial a los trabajadores dependientes de las empresas, que descargan su contribución al Estado con diferentes facturas.

En este proyecto se aplicará una táctica que consiste en elevar la "sensación de riesgo" al contribuyente, mediante un control más minucioso, para que éste se sienta vigilado y no cometa infracciones.

El anuncio fue realizado por la Directora Nacional de Impuestos Nacionales, Marlene Ardaya, en el marco de la aplicación de una política más estricta sobre tributación para permitir que el Estado tenga una mayor recaudación por concepto de impuestos.

Esto en apariencia significaría contar con un universo de contribuyentes más grande para obtener más recursos, pero la realidad es que el Estado fiscalizará a quiénes ya tributan, a los trabajadores dependientes de empresas, profesionales y a quiénes emiten factura por concepto de alquileres, pero dejará libre a un sector mayoritario: los comerciantes, que continúan en el Régimen Simplificado a pesar de que muchos de ellos trabajan con un elevado capital.



Control de compras



Este proyecto de RC-IVA, comenzará a aplicarse a partir del siguiente mes y dejando de lado las intenciones del Gobierno, los trabajadores observan desde ya un trato injusto, pero también otro aspecto preocupante: intromisión en la privacidad, porque Impuestos Nacionales se fijará hasta “en cuántas botellas de cerveza compra o a qué destina cada quién los recursos de su sueldo”.

Fue la propia ejecutiva de Impuestos Nacionales quién dio pistas sobre esta nueva forma de actuación del Estado sobre los contribuyentes. “Es inadmisible que una persona adquiera 15 cajas de cerveza”, sostuvo Ardaya al echar dudas sobre el destino de los recursos de los trabajadores que serán fiscalizados de forma estricta.

“Los trabajadores apenas ganamos un sueldo que nos alcanza para subsistir y ahora nos van a fiscalizar lo poco que ganamos”, sostuvo Juan Vásquez, secretario de Relaciones de la Central Obrera Departamental de Cochabamba.



60 mil contribuyentes



Silvano Arancibia, director Regional de Impuestos Nacionales de Cochabamba, informó que la aplicación del proyecto RC-IVA, tiene que ver con la aplicación del sistema de control Da Vinci, software con que opera la entidad. Con éste se detectaron 536.300 facturas adulteradas o clonadas, lo que supone una elevada cantidad de dinero que no ingresa al erario nacional.

“Este es uno de los argumentos principales para la aplicación del proyecto RC-IVA desde el primero de marzo, queremos fiscalizar el descargo de facturas y evitar evasión impositiva o la defraudación”, sostuvo el funcionario.

Explicó que para cumplir este cometido, se contratará a personal extraordinario, 8 funcionarios para Cochabamba, que fiscalizarán en el terreno, empresas o tiendas, las planillas de pago de sus trabajadores para verificar si existe un descargo correcto del IVA, a partir de las facturas de que disponen cada mes.

“En Cochabamba hay alrededor de 60 mil trabajadores contribuyentes”, señaló para explicar la importancia de la recaudación local.

Mario Cazón, jefe Regional de Grandes Contribuyentes, Graco Cochabamba, sostuvo que la fiscalización abarcará no sólo a las empresas pequeñas, sino también a las grandes. Estas oficinas se convertirán en el centro de operaciones del proyecto RC-IVA, de acuerdo al responsable de la entidad.

“Contamos en Cochabamba con 255 grandes contribuyentes, pero la fiscalización no sólo abarcará a estos grandes, sino a todo a nivel nacional, serán por lo menos 220 funcionarios extras que se encargarán de esta tarea”, explicó Cazón.

El Secretario de Relaciones de la COD sostuvo que el Estado boliviano a través de Impuestos Nacionales tiene la potestad de fiscalizar el pago de impuestos, sin embargo, esto no debe afectar los intereses y la economía de los sectores que perciben salarios bajos, sino a los grandes contribuyentes y empresas.