GAFI excluye a Bolivia de lista de países que lavan dinero

Al menos 11 disposiciones legales permitieron a Bolivia salir de la lista negra de países donde se permite el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, según la resolución emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dependiente de Naciones Unidas.
El ministro de Economía, Luis Arce, informó ayer que en febrero de este año se logró que GAFI aprobara la visita de su comisión revisora para que verifique la aplicación de legislación contra estos delitos. Es por eso que en su plenaria realizada en Oslo, del 19 al 21 de junio, determinó lo siguiente: “El GAFI celebra con satisfacción el progreso significativo de Bolivia en el mejoramiento del régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, y señala que estableció el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos asumidos en el plan de acción en relación a la deficiencia estratégica que GAFI identificó en 2010. Bolivia ya no está sujeta al monitoreo del GAFI dentro del seguimiento global antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
Arce recordó que para salir de la lista negra de este grupo, en agosto de 2008 se emitió el Decreto 29681, que regula la internación y salida de divisas; en mayo de 2009, el Decreto 138 estableció la retención de fondos, además de la incautación y confiscación de patrimonio y medios utilizados para cometer terrorismo.
En marzo de 2010 se aprobó la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que mejora la tipificación del delito de ganancias ilícitas. En mayo de ese año, con la Ley 007, se introdujeron modificaciones al sistema normativo penal, que facultan a la Fiscalía para que dicte medidas cautelares directamente.
Con la Ley 170 de septiembre de 2011 se incorporaron al Código Penal las figuras del financiamiento al terrorismo y separatismo, la modificación de las tipificaciones de los delitos de terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas, y se asignaron nuevas competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras.
La Ley 262 de junio de 2012 instituyó un régimen especial de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con el terrorismo.