Elevar la producción interna es urgente para mejorar la situación

El economista y ex gerente del BCB, Fernando Campero considera que, antes de pensar siquiera en la importación, el Gobierno debe transmitir mayor seguridad a los agentes económicos productivos, para que estos puedan elevar la producción interna a fin de enfrentar la inflación y escasez de alimentos y servicios.

Manifiesta que Evo Morales y sus colaboradores están en la necesidad de ahuyentar el “desasosiego” del empresariado, desvirtuando las especulaciones que sugieren que el Ejecutivo asumiría medidas radicales desfavorables para este sector.

Afirma que, así como el Ejecutivo debe abandonar su discurso radical, lo debe hacer también la “derecha radical y recalcitrante”, que busca la desestabilización del gobierno de Evo Morales, alentando la especulación y el ocultamiento de productos para agudizar la escalada inflacionaria, y soltando rumores inquietantes.

Apunta que la configuración de un escenario propicio para la inversión en producción depende de la voluntad política del Ejecutivo y la oposición encaminada a otorgar las garantías necesarias de que los agentes privados no serán tocados y de que pueden seguir invirtiendo en la producción de bienes y servicios.



Controlar emisión

Campero manifiesta que, además de las políticas de incentivo a la producción, se debe controlar la emisión orgánica de divisas que viene generando una desproporcionada demanda de bienes y servicios, los cuales vienen subiendo de precio de forma acelerada.

Dice que es en este ámbito donde debe intervenir el BCB, ocupándose de aplicar políticas monetarias orientadas a reducir la liquidez de la economía, y no así sugerir la importación de alimentos o cualquier otro producto, como lo hizo en pasados días.

“El Banco Central debe ocuparse del aspecto monetario, tiene que controlar la emisión monetaria a través de medidas concretas, como las operaciones del mercado abierto que implementa y son un mecanismo importante”, subraya, al recordar que el ente emisor no puede tener vínculos con el sector real pues nunca los ha tenido.

Señala que, además de las operaciones de mercado abierto, el BCB debe sostener su política de depreciación del dólar hasta donde sea conveniente a fin de equilibrar los precios nacionales con los internacionales.

Apunta que, en tanto agente financiero del Estado, el BCB tiene tuición sólo sobre las políticas monetarias, pues si interviene en otras actividades, como la recomendación para importar alimentos, va a dar espacio al prebendalismo y la corrupción en la esfera pública.

Asevera que el mercado debe ser el regulador de la oferta y la demanda, así como de los precios, más aún si se tiene en cuenta que la intervención del Estado en tales asuntos sólo ha ocasionado mayor especulación en el pasado.

Dice que la importación daría lugar a que los productos sean repartidos entre sectores afines al Gobierno y éstos, a su vez, los distribuirían entre terceros que se ocuparían a comercializarlos a precios más bajos que los vigentes en el mercado, provocando así mayor especulación y ocultamiento.



Más riesgos

El economista Fernando Campero asegura que la intervención directa del Estado en tareas de producción y comercialización que no sean esencialmente estratégicas, conlleva el serio riesgo de abrir espacio para la corrupción, debido a la histórica incapacidad del sector público para administrar este tipo de actividades.

Advierte que el riesgo de corrupción es aún mayor cuando existe un exceso de demanda y dinero entre los consumidores, como ocurre actualmente por la inmensa cantidad de dinero que circula en la economía boliviana.

El economista se refiere a los cerca de 5.000 millones de dólares que ingresan por exportaciones, los 1.200 millones de dólares provenientes de las remesas emigrantes y los casi 1.300 millones que el Estado, en todos sus niveles, invierte.

Dice que son estos 7.500 millones de dólares de la economía los que están presionando la elevación en los precios de los principales artículos de consumo, y aclara que la única manera de contrarrestar este escenario es incrementando la producción.

Asegura que, de prosperar la sugerencia de importar alimentos, el Gobierno asumiría una subvención implícita de estos productos orientada a la reducción de precios, lo que se traduciría en mayor especulación y escasez, por la facilidad de sacar los alimentos subsidiados a los países fronterizos para venderlos a mejores precios.