El Día Internacional del Conservador Restaurador, celebrado cada 27 de enero desde hace unos 10 años, se vivió en la ciudad con un panorama conformado por las disputas entre parte de la sociedad civil y la Alcaldía para mantener o trasladar el Museo de Historia Natural, la pretensión de algunos vecinos de demoler parte de la capilla de Santa Veracruz y la intención de algunas autoridades de declarar “patrimonio cultural” al Correo cuando, según arquitectos, simboliza la destrucción de patrimonio que se realizó en el centro histórico en 1978. 

Especialistas en restauración y conservación del patrimonio sostienen que esta coyuntura responde a la relación del patrimonio de la ciudad con la población y autoridades públicas basada en el desconocimiento de su valor histórico, de vocación, material o documental. “Lamentablemente no se ha hecho la difusión necesaria de esos valores, por lo tanto, no existe una apropiación de dichos valores por la población, les da igual que caiga, pero no se dan cuenta de que perdemos todos esos valores cuando se daña el patrimonio”, argumenta el docente, arquitecto y director del proyecto mARTadero, Fernando García. 

El arquitecto Gustavo Siles indica que, para crear esa apropiación y la noción de pertenencia al patrimonio cultural, que motive al mismo ciudadano a velar por él y su resguardo, se debe apelar a la concientización desde la educación básica escolar. “El tema de protección patrimonial no solo tiene que ver con lo normativo, sino con la instrucción y la formación ciudadana a través de actividades de concientización”, refiere el exfuncionario municipal, fundador de la unidad de Patrimonio Territorial de Cercado en 2011 y quien llevó a cabo por cuatro años dichos cursos dirigido desde transportistas hasta estudiantes de secundaria.

Se planteó, también, dentro de su gestión, la inclusión del patrimonio en el currículo escolar, ya sea como una materia específica o transversal, siendo “la única manera” de incorporar la atribución de valor a diversas escalas. “Así se crea consciencia ciudadana y a futuro tendremos no solo profesionales formados, sino ciudadanos formados en lo que significa patrimonio y su debido respeto”, asegura.

POBRE CONCEPCIÓN DE PATRIMONIO La ausencia de un sentido de pertenencia al patrimonio cultural se extiende a los funcionarios públicos y autoridades políticas, que suelen preferir “la construcción antes que la preservación”, dentro de una lógica economicista, como asegura García. Sin embargo, no se reconoce el potencial de recursos económicos a través del patrimonio como se ha mostrado en varios lugares del mundo. “En ciudades como Barcelona, el 30% de los ingresos de las comunas viene del sector turístico cultural relacionado con el patrimonio”, ejemplifica el director del mARTadero. 

En líneas generales, se trata de una acepción pobre acerca de la cultura y el patrimonio relacionándolo con lo antiguo y obsoleto y sin conexiones con el desarrollo y la prosperidad. 

“Es una lucha falsa porque se puede mantener pasado y futuro en diálogo, una reciprocidad entre las dos ideas de conservar el pasado y construir el futuro, ambas cosas deben ser complementarias. La cultura es la relación armónica entre pasado, presente y futuro. Pasado que es el patrimonio que recibimos, tanto de costumbres como legado material, intangible y tangible; el presente como la celebración de encontrarnos, de generar la alegría de vivir y celebrar juntos; y el futuro en cuanto proyectemos uno deseable, construido con inteligencia colectiva y trabajo colectivo, no solo con la decisión de un Gobierno, sino un pacto social en el que decidíamos la ciudad que queremos tener y bajo muchas miradas”, reflexiona García.

Las máximas autoridades ejecutivas, que suelen “llegar a sus puestos a través de su renombre, de la regular actividad de su sapiencia y dentro del mismo ejercicio político en gestiones obligadas, no están “obligados” a ostentar todo ese conocimiento técnico, afirma Siles. Son los funcionarios públicos quienes sí lo deben estar, al contar cada nivel con una sección dedicada especialmente al patrimonio: la dirección de Patrimonio Cultural en el municipio; la unidad de Culturas y Turismo en la Gobernación y la jefatura de Patrimonio en el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a nivel central. 

“Están (los funcionarios) en la obligación de asesorar a sus jefes para una correcta intervención en el patrimonio, de manera que no se vulnere la norma y leyes que ya están enunciadas y planteadas en todos los niveles. Deben prevenir a las autoridades para que tomen conocimiento y puedan tomar las decisiones ejecutivas que correspondan en cumplimiento a la normativa para evitar futuras situaciones como lo que estamos viviendo ahora”, alerta Siles.

Consecuentemente, los problemas administrativos que actualmente aquejan a la construcción del centro de convenciones en un territorio declarado patrimonial podrían haber sido previstos con un asesoramiento con los responsables de patrimonio y cultura en la Alcaldía, quienes deben orientar dónde intervenir, de qué manera y rigiéndose a la legislación vigente.

POLÍTICAS SOSTENIDAS Los expertos sugieren que para apuntar a un real resguardo y conservación del patrimonio y poder emplearlo como generador de capital económico, humano y cultural se deben crear “líneas de acción” basadas en la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo y que se sostengan a pesar de los cambios de gestión. 

Para García urge la necesidad de un ente regulador y descentralizado — “con más fuerza de los que existen ahora” — capaz de hacer cumplir la normativa y con una “visión dialogante entre pasado, presente y futuro, capaz de generar recursos y multivalores alrededor del patrimonio”. “Sería lo ideal fijar criterios y poder articular conocimientos de diferentes instituciones, arquitectos, fundaciones, colectivos, generando mesas de trabajo para proyectar mejor las intervenciones que se fuesen haciendo para construir la ciudad donde todos queremos vivir. En cuestión de patrimonio, ha pasado muy poca cosa en la ciudad en los últimos decenios”, lamenta García. 

Está en desacuerdo Solís, para quien ya existen estas instituciones, faltando “criterios de funcionamiento más claros”. Además de la necesidad de que estos trabajen de forma conjunta, aunando visiones y delegando funciones con un mismo objetivo.