Cochabamba

Existe vulneración de derechos y comisión de delitos no evidentes detrás, y entrelazados, de la violencia sexual, mortalidad materna, embarazos no deseados, violencia obstétrica, abortos inseguros, no acceso a métodos anticonceptivos, estigmatización, denuncias y más en contra de mujeres.

"Yo nunca he querido tener 10 hijos. Mi meta era tener por lo menos dos, un varón y una mujer. Pero, lamentablemente, mi esposo no quiso. Antes, cuando ibas al médico, siempre tenía que estar tu esposo para que firme. Para que te cuides con esos métodos, tenía que firmar. Hoy en día, ya no es así; vas al médico, cualquier método te haces poner para que ya no tengas hijos; pero, antes no era así. Yo no quería; pero, mi esposo era celoso (…). No faltaban amigos envidiosos que le daban consejos diciendo que ‘una mujer cuando no tiene hijos dice que es más que una puta’. Por eso, mi esposo no quiso que me cuide con métodos. Yo, cuánto no quería cuidarme”. El relato de Inés (nombre cambiado) se conoció durante el desarrollo de la investigación ‘Violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19 – Estudio en nueve municipios de Bolivia’ de Alianza por la Solidaridad.

La coordinadora País de Alianza por la Solidaridad ActionAid en Bolivia, Gioconda Diéguez Monzón, lamentó la violencia ejercida directamente por parte de la pareja.

“Muchas veces las relaciones son forzadas o tienen que ceder a una relación sexual bajo presión por parte de la pareja. Detrás está una falta de educación sexual, detrás están una serie de situaciones de discriminación que vives si eres adolescente, si eres una mujer de las zonas rurales, si eres mujer indígena. Hay diversas vulneraciones”.

Por otro lado, según el análisis de la coordinadora País de Alianza por la Solidaridad, cuando se indagan estos casos, se identifican las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos o violencia en algunos establecimientos de salud.

“No en todos los casos; pero, se da un maltrato, hay falta de una atención de calidad en los servicios para, por ejemplo, dotar de métodos anticonceptivos adecuados, modernos y eficaces”.

Isabel es migrante de la región del Trópico del departamento. Hace más de dos décadas llegó a vivir a Cochabamba. Tiene más de 40 años. Sus padres son de Potosí. Ella estudió hasta primero de secundaria; no pudo continuar porque estaba embarazada de su primer hijo. En la actualidad, tiene 10, seis hombres y cuatro mujeres. Su esposo le abandonó; se fue a Chile, y no le envía asistencia familiar.

Durante su relato, ella no quiso hacer referencia a si atravesó violencia sexual. Con dificultad, reconoció que no quería tener 10 hijos, pero su pareja nunca le permitió utilizar métodos anticonceptivos. A eso, se sumaron sesgos machistas de personal de salud.

De acuerdo con el estudio, las múltiples expresiones de violencia que atraviesan los cuerpos de las mujeres son un continuo, múltiple, conexo y superpuesto. “Reconocer este argumento es ciertamente imprescindible porque las violencias como desde las más sutiles y difíciles de percibir hasta las más encarnizadas, están interrelacionadas”.

La violencia sexual, según la OMS es definida como todo acto sexual con mala tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar, de cualquier otro modo, la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo; incluye la fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos sexuales, el acoso sexual, la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación forzados, incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada, la comercialización de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho de hacer uso de la anticoncepción o adoptar medidas de protección contra enfermedades, y los actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres, como la mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad.

En Bolivia, en el marco del artículo 7 de la ley 348, la violencia sexual es definida como "toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio de una vida sexual libre, segura coma efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer”.

ABUSO SEXUAL DE SU EXPAREJA

Lina (nombre cambiado) tuvo una hija fruto del abuso sexual de su expareja, a quién había echado de su casa porque ella sufría violencia. Pero, él volvía, le amenazaba y también abusaba de ella sexualmente. Lina quedó embarazada y tuvo una hija.

Ella es una mujer migrante que nació en el norte de Potosí. Tiene cerca de 40 años. Es madre de seis hijos, cuatro hombres y dos mujeres. Es vendedora ambulante en La Cancha, uno de los mercados de Cochabamba, y también trabajó limpiando casas. En algún episodio de su vida, durante la cuarentena rígida, fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja, quien, al no aceptar el fin de la relación, le agredida incluso con violencia sexual.

Según el estudio, durante la pandemia, “la casa patriarcal es el lugar más letal para las mujeres” y mujeres, como niñas, adolescentes y adultas mayores, fueron víctimas de diversas formas de violencia, incluida la feminicida.

De acuerdo con el estudio, las medidas de confinamiento, que obligaron a las mujeres en su conjunto a convivir las 24 horas del día con sus agresores, desmintieron aún más la ficción de la supuesta seguridad y protección del hogar, dando lugar a que los agresores ejercen violencia con la seguridad de gozar de la impunidad y el silencio del encierro.

Estas agresiones también las sufrió Carolina. Ella vive en Colcapirhua, tiene tres hijos; se dedica al trabajo doméstico y de cuidados, a la vez estudia en la universidad. Hace más de 10 años atraviesa una situación de violencia. Describió con cierta dificultad, durante la investigación de Alianza por la Solidaridad, los hechos de violencia sexual de los que fue víctima.

"Muchas veces, siento que (mi esposo) abusó de mí porque yo no quería tener relaciones. Muchas veces le dije a él de sanito: ‘No quiero tener relaciones contigo de borracho, es como si me estarías obligando y además me da asco, con tu tufo, con tu aliento, es feo’. A pesar de eso, creo que él, con más ganas, se iba a tomar y, muchas veces, hizo lo que yo no quería (…). Yo le dije: ‘Te puedo denunciar de violación’. ¿Cómo me vas a denunciar si yo soy tu esposo?’, me dijo. Entonces, yo siempre tenía esa duda; ‘¿será que se puede denunciar o por el hecho de ser mi marido tenía que hacer eso conmigo?’ (…). Durante ocho años, he tenido relaciones con mi esposo cerrando mis ojos, es como ‘bueno, cierro mis ojos y aquí no ha pasado nada’ (…). Yo, ya me acostumbraba y, así, salí embarazada de mi tercera hija”.

En el informe ‘Violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19 – Estudio en nueve municipios de Bolivia’ de Alianza por la Solidaridad, se develó situaciones de este tipo, al margen de la vulnerabilidad y riesgos incrementado durante la pandemia. En el documento sostienen que diversos estudios y datos globales develaron que antes de la pandemia por COVID-19 existió otra pandemia ignorada, invisibilizada y en la sombra: la violencia contra las mujeres.

Para la investigación, se trabajó en los municipios de Colcapirhua, Cochabamba, El Alto, Zudáñez, Yamparáez, Tarabuco, Tomina y Sopachuy.

ABORTOS INSEGUROS

Cuando se conocen, como ejemplo, datos sobre abortos inseguros o mortalidad materna, se debe considerar que, en muchos casos, son consecuencia de una seguidilla de vulneración de derechos, según estudios y percepción de Alianza por la Solidaridad.

Diéguez describió algunos casos en los que las mujeres se sometieron a abortos inseguros.

“Detrás de un embarazo no deseado o un aborto inseguro hay una serie de vulneraciones de sus derechos, además de violencia. Cuando una mujer se somete a un aborto, es además estigmatizada (…). Muchas veces, se viola el secreto profesional, se maltrata a las mujeres, se les estigmatiza, se les violenta, se les denuncia. Es una serie de cadenas de violencia, que es importante romper”.

Además, reflexionó sobre la necesidad de fortalecer el trabajo, desde diferentes instancias, en favor de los derechos de las mujeres y la educación sexual.

“Un indicador muy alarmante en el país es la alta razón de mortalidad materna (alrededor de 160 por cada 100 mil nacidos vivos, según el Banco Mundial). Ese indicador esconde detrás diversas vulneraciones de derecho, como un embarazo no deseado, una violencia sexual, violencia obstétrica cuando ya acceden a los servicios, aborto inseguro”, enumeró Diéguez.

DATOS MUNDIALES

Datos del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ‘Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra la Mujer; Prevalencia y Efectos de la Violencia Conyugal y de la Violencia Sexual no Conyugal en la Salud (2013) dan cuenta de que, a nivel global, el 35% de las mujeres fue víctima de violencia física y o sexual por parte de su pareja, o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja; la violencia que más casos reporta (30%) es la violencia en las relaciones de pareja. Otro dato relevante es que el 7% de las mujeres en el mundo fue agredida sexualmente por una persona distinta de su pareja. Según las Naciones Unidas, al menos una de cada tres mujeres sufrió en algún momento de su vida violencia física o sexual.

“La violencia contra las mujeres provoca más muertes que la malaria, la tuberculosis y todos los tipos de cáncer juntos”.

Alianza por la Solidaridad, entre otros, apunta a trabajar, desde las escuelas y las familias, en la educación sexual. Agrega la importancia de implementar un plan específico, asignando recursos suficientes y garantizando el acceso a los servicios de atención de violencia, de salud y otros, para las mujeres y sus dependientes.