El exalcalde José María Leyes podría beneficiarse con la denominada “justicia restaurativa” en el caso Mochilas I; y aunque la Alcaldía de Cochabamba no fue notificada formalmente con este tema, confía en que la exautoridad sea juzgada por los delitos de corrupción por los que tiene acusación.

El inicio de juicio oral para el caso Mochilas I está programado para el 17 de marzo. Sin embargo, la situación podría cambiar tras una solicitud de Leyes para acogerse a la justicia restaurativa. Similar acción asumió el empresario importador de las mochilas, Juan de Dios M., según su abogado Henry Pinto.

El caso Mochilas I fue denunciado en abril de 2018 por la entonces concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina, por supuestas irregularidades en la adquisición aquel año de material escolar. Se constituyeron en querellantes la Alcaldía de Cochabamba y el Viceministerio de Transparencia. El empresario implicado en este proceso fue denunciado junto a su esposa, por presuntamente haberse favorecido con información privilegiada para la adjudicación de las 90 mil mochilas chinas antes de que se lance la licitación. El caso implicó a más de una decena de personas.

El comienzo del juicio por este caso había sido programado para el 16 de noviembre de 2021, pero se suspendió (ante la solicitud de certificación de incidentes) para el 17 de marzo de 2022.

EL IMPORTADOR

El empresario Juan de Dios M. fue implicado en el caso por ser el representante legal de la empresa proveedora de las mochilas escolares en 2018.

El importador estuvo encarcelado entre septiembre de 2018 y marzo de 2020. El 5 de marzo de ese año fue liberado; el Juzgado de Sentencia 3 determinó arraigo, presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público y dos fiadores personales.

Este jueves, Henry Pinto, abogado del empresario, informó que se acogen a la justicia restaurativa incorporada en el artículo 35 de la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción.

La norma del 27 de agosto de 2021 estipula, según Pinto, que se interpreta que “todos los delitos de corrupción que no superen los 7 millones de bolivianos de afectación pueden acogerse a la justicia restaurativa”.

Citó un par de ejemplos, de una autoridad universitaria y de un abogado, quienes se acogieron a esta figura y que, en ambos casos, se determinó que dieran “cursos o charlas” como medidas restaurativas ante los procesos en los que fueron implicados. “Con eso han restaurado el daño causado (…). Con esa medida, no hay sentencia, no hay nada”.

El abogado aseguró que no hubo daño económico en el que pueda implicarse al importador.

“A mi cliente nunca le han pagado, porque tenemos certificaciones oficiales dentro de la investigación de que nunca le han pagado (…). Él trajo las mochilas, pero nunca le han pagado. Entonces, no hay daño”.

Considerando estos aspectos, manifestó que presentó un memorial en beneficio de su defendido. Aseguró que el juez aceptó la justicia restaurativa y que el tema fue enviado a La Paz para lograr el acta respectiva.

“El juez ya ha aceptado, ha concedido. El procedimiento dice que te acoges y se remite al Ministerio de Justicia; y el Ministerio de Justicia firma un acta donde te imponen las medidas restaurativas del caso”.

Por otro lado, el jurista informó que el exalcalde Leyes también se acogió a la justicia restaurativa y que su solicitud también fue enviada a La Paz.

“Y el procedimiento es tan escueto que no prevé la posibilidad de objeción, rechazo, nada (…). Todos se están acogiendo y no hay ninguna sanción“.

Para Pinto, no hay daño económico. Sin embargo, la Alcaldía sostiene que está establecido por cerca de 12 millones de bolivianos.

Explicó que los casos van al Ministerio de Justicia y se firma un acuerdo que implica justicia restaurativa. Manifestó que la audiencia de juicio oral programada para el 17 de marzo no se llevará a cabo, “porque la carpeta ya está en La Paz”.

El secretario interino de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Oliver Albis, manifestó que de manera oficial no conocen sobre estas solicitudes de justicia restaurativa.

Sin embargo, dijo que deben analizar la situación.

“Tenemos que tener mucho cuidado, porque en temas de corrupción evidentemente puede ser factible la propuesta, pero debemos garantizar el patrimonio institucional para ver también la sanción; porque al final lo que tratamos de buscar es el resarcimiento del daño económico”.

Dijo que evaluarán el tema cuando sean notificados.

La autoridad acotó que la situación es delicada porque se trata de delitos de corrupción. Recordó que, por un lado, está la conducta antieconómica, pero existen otros delitos como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y otros, “a los que posiblemente no llegue a afectar la justicia restaurativa y se pueda ir por los otros tipos penales”.

MÁS CASOS

Al margen de este tema están los procesos por Mochilas II y Mochilas III, entre otros, contra el exalcalde Leyes.

Juan de Dios M. también es parte del caso Mochilas II, porque también fue proveedor en 2017 y fue denunciado por similares presuntas irregularidades. En ese proceso tiene acusación, pero se defiende en libertad irrestricta.