El alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, está suspendido durante 30 días; y su alejamiento de la silla edil puede ampliarse a 90 días (tres meses) si es que se ejecutan otras dos suspensiones que están pendientes.

De activarse las dos suspensiones adicionales, la autoridad titular podría no retornar durante varias semanas. Además, los casos denominados Comidas y, otro, Cámaras, también están a la espera de audiencias cautelares que pueden complicar su situación.

Las suspensiones sin goce de haberes se dieron en aplicación del Reglamento del Concejo Municipal como la sanción administrativa máxima que puede instruir el ente deliberante. Los procesos penales se resuelven en instancias judiciales.

VIGENTE

En la actualidad, el Alcalde titular está suspendido por un caso de supuestas irregularidades en la adquisición y entrega de vehículos para la Policía.

La suspensión del Concejo se determinó en marzo de 2019; pero, hubo solicitudes de nulidad por parte de Leyes, además de los problemas penales por otros casos.

El tema se reactivó el 13 de octubre, con el tratamiento en el pleno del Concejo considerando una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional. El Concejo determinó la suspensión y designó a Iván Tellería como Alcalde suplente. Sin embargo, Leyes puso argumentos legales asegurando que los concejales no podían suspenderle.

Entonces, Tellería, presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal de Justicia, a fin de ejercer como autoridad. La audiencia se desarrolló el 22 de octubre y la Sala Constitucional 2 dio un fallo en favor de Tellería.

PENDIENTES

Otro caso que derivó en la suspensión, por 30 días, de Leyes, pero que no se ejecutó está referido a las supuestas irregularidades en la adquisición de las mochilas escolares en 2017. El caso también tiene un proceso penal, que no concluye.

Entretanto, el 3 de diciembre de 2019, el Concejo también resolvió suspender por 30 días al Alcalde titular, por la presunta violación de normas sobre adjudicación de desayuno escolar en 2017. La determinación se asumió con base en un informe de la Comisión de Ética del Órgano Deliberante y por recomendación de la Contraloría General del Estado, que encontró indicios de favorecimiento a la empresa para que se adjudicó el desayuno, el no haber verificado en detalle las normas básicas de adquisición de bienes y servicios del sector público (Decreto Supremo 181), la adjudicación a una empresa que no contaba con los registros sanitarios individuales, modificaciones al pliego de especificaciones y otros.

En ese caso, se estableció responsabilidad administrativa contra Leyes.

En su momento, Leyes fue notificado cuando estaba con detención preventiva en un penal, por lo que consideraron que no podía cumplir con la suspensión.