De 716 causas por tierras que atiende el Tribunal Agroambiental en Cochabamba, solo el 3% es por avasallamientos, es decir que, entre enero y mayo de 2022, se están atendiendo 21 casos, según los datos de la Rendición Pública de Cuentas que se presentó en este año.

En este sentido, Cochabamba, ocupa el primer lugar en avasallamientos, seguido por Santa Cruz y Tarija, indicó la magistrada del Tribunal Agroambiental, Ángela Sánchez.

El Tribunal Agroambiental, hasta el 11 de mayo de esta gestión, revisa más de 1.435 causas en el país, de las cuales casi la mitad están en Cochabamba. Son 716 mientras que en Santa Cruz son 243; 241 en Tarija; 218 en La Paz; 216 en Chuquisaca; 139 en Potosí; 119 en Beni; 112 en Oruro y 15 corresponden a Pando.

Los avasallamientos son los mayores problemas que estuvieron golpeando al país en este tiempo y el Tribunal Agroambiental es el que se ocupa de resolver estos asuntos, ya que es un delito en el que se incurre de manera constante y que dejó heridos y fallecidos en diferentes conflictos.

En 2013, se puso en vigencia la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras debido a que estos delitos son cometidos de manera violenta. En más de una ocasión los avasalladores ingresaron en las tierras de otros con armas de fuego y portando dinamitas. Algunos denunciaron que hubo secuestros.

De acuerdo a la norma, en su artículo 351, el avasallamiento está definido como el que invade total o parcialmente tierras individuales o colectivas con violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio. Además, tendría una sanción con privación de libertad de 3 a 8 años, aunque, en la mayoría de los casos, solo se llegan a conciliaciones.

La magistrada Ángela Sánchez, del Tribunal Agroambiental, indicó a Opinión que la población debe diferenciar entre avasallamiento y tráfico de tierras.

"Por ejemplo, cuando ingresan sin tener ningún derecho propietario a una propiedad estatal o privada, es un avasallamiento, pero si dentro de eso, hay una organización que se ha puesto de acuerdo y ha empezado a vender lotes y no tiene un derecho propietario, eso ya es tráfico de tierra", dijo.

Aclaró que los avasallamientos los resuelve el Tribunal Agroambiental, pero si se trata de tráfico de tierras ya tiene que ver con un juez de materia penal.

Además de la condena de entre 3 y 10 años de cárcel, que está establecida en ley, los que incurren en avasallamientos también son sancionados con no poder participar, ser beneficiarios de procesos de distribución de tierras, ni de derechos de uso y aprovechamiento de recursos, por un lapso de 10 años, de acuerdo a la Disposición Adicional Primera de la Ley 477, es decir, que no podrán adquirir un bien inmueble por el lapso de ese tiempo.

En la ciudad de Cochabamba, uno de los lugares con más problemas de avasallamiento es la zona sur debido a la ampliación de la mancha urbana.

"Con la ampliación de la mancha, urbana (los avasallamientos) han pasado a ser de áreas urbanas o periurbanas, entonces el negocio de la actividad agrícola ya no es, para ellos, rentable y muchos empiezan a vender los predios", acotó Sánchez.

Recientemente se conoció de avasallamientos cerca de los predios en Las Londras, en Santa Cruz, donde hubo violencia por parte de interculturales. Se reportó el secuestro de cuatro personas de la central campesina Pailitas.