Opinión Bolivia Cochabamba

  • Diario Digital | miércoles, 03 de junio de 2026
  • Actualizado 17:26

San Sebastián Varones y San Pablo de Quillacollo están entre las cárceles más hacinadas

El Defensor del Pueblo cuestiona que no se aplique Indulto Presidencial y persiste hacinamiento crítico con más de 33 mil privados de libertad en el país.
El interior del recinto penitenciario San Pablo de Quillacollo, en meses anteriores. NOÉ PORTUGAL
El interior del recinto penitenciario San Pablo de Quillacollo, en meses anteriores. NOÉ PORTUGAL
San Sebastián Varones y San Pablo de Quillacollo están entre las cárceles más hacinadas

Los recintos penitenciarios de San Sebastián Varones y San Pablo de Quillacollo, ambos en el departamento de Cochabamba, están entre los penales con mayor hacinamiento, según los datos del Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo informó que mantuvo durante 2025 una alerta temprana vigente sobre la crisis estructural del sistema penitenciario boliviano, caracterizado por un hacinamiento extremo y la falta de aplicación del decreto de indulto presidencial, debido a lo no emisión de certificados por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aseveró que fue muy importante la alerta temprana que sigue vigente.

“La población carcelaria ya superó las 33 mil personas privadas de libertad, con casi un 60% de detenidos preventivos, con un indulto que no se aplica, porque el Tribunal Supremo de Justicia no está emitiendo los certificados", advirtió.

Un informe del Defensor del Pueblo detalla que la población penitenciaria alcanzó 33.058 personas a julio de este 2025, con un nivel de hacinamiento superior al 105% a nivel nacional.

Los recintos con mayor índice de sobrepoblación son San Pablo de Quillacollo, con 513% de hacinamiento, y San Sebastián Varones, con 346%, ambos en Cochabamba.

Además, están Palmasola con 205% y San Pedro de Oruro con 243%.

La Defensoría expresó que el Decreto Presidencial N° 5460 beneficiaría únicamente al 15% de la población penitenciaria, equivalente a 5 mil personas, “excluyendo al 55% que se encuentra en detención preventiva”.

Dijo que, en contraste, el decreto permitió beneficiar solo a una persona en siete meses.

"Este tema es vital, porque puede generarse un conflicto por hacinamiento y falta de seguridad, alimentos, atención médica", remarcó Callisaya, quien presentó una acción de libertad.