“He visto la cara de un Judas al lado mío”. Con estas palabras, la integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Milena Soto se refirió a Yassir Molina y denunció que el entonces líder de la Resistencia “negoció su libertad” a cambio de brindar información sobre la participación de, al menos nueve ex y actuales autoridades y dirigentes, en la crisis social que atravesó Bolivia, entre septiembre y octubre de 2019.

“Tenemos ahora dos enemigos Bolivia, quiero que sepan: el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, y ahora este señor (Yassir Molina). Porque este señor está negociando por su libertad y por beneficio económico meter a personas y autoridades inocentes para hacer ver que en Bolivia hubo un golpe de Estado ¡Imagínense!, cuando sabemos que en Bolivia ha existido un fraude electoral y por eso él ha salido a la calle”, enfatizó Soto, a través de un video difundido en las redes sociales.

LA LISTA

Con un memorial en mano, Soto reveló que en la lista figuran Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba; Diego Murillo, actual concejal de Súmate; y Mauricio Muñoz, secretario de Finanzas de la Alcaldía valluna.

En la lista también existen dos “pesos pesados”: Arturo Murillo, ministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez, y Rómulo Calvo, actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Todos ellos, además de Marcelo Piérola, expresidente del Comité Cívico de Cochabamba; Luis Terán; José Jorge Valda, exabogado de Molina y exasesor legal del Comité Cívico de Santa Cruz, “quien pretendió ocupar el cargo de fiscal general”; junto a Gualberto N., antes presidente de la Cámara de Transporte de Cochabamba.

Soto se preguntó si estas personas estuvieron en los destrozos ocurridos el 5 y 6 de octubre de 2020 en Sucre, razón por la cual hoy se la procesa junto a sus antiguos compañeros de la RJC, quienes fueron trasladados a la capital de Bolivia en las últimas horas.

“No, ninguno”, enfatizó, tras resaltar que Molina se comprometió a emitir información “fidedigna”, sobre el grado de participación y autoría de estas nueve personas en los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

Soto aseguró que Molina se somete a un juicio abreviado y es un “testigo protegido”, a cambio de “llevarse a estas personas”.

El memorial fue enviado al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y a los ministros Eduardo Del Castillo (de Gobierno) e Iván Lima (de Justicia).  

DENUNCIAS

Soto también denunció que a pesar de contar con detención domiciliaria sin escoltas, fue trasladada a Sucre con custodios, en el marco del juicio oral contra la RJC por los destrozos ocurridos en octubre de 2020.  

Añadió que cuando llegó a la capital boliviana “pretendían” que durmiera en la Estación Policial Integral (EPI) de San Roque o en la patrulla y que la escoltaron “hasta para ir al baño”.

Un tribunal en Sucre determinó suspender hasta mañana, martes, el juicio oral contra miembros de RJC, entre los que se encuentran Yassir Molina, Milena Soto y Mario Bascopé, entre otros.