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  • Diario Digital | miércoles, 03 de junio de 2026
  • Actualizado 17:26

Tras retorno de Leyes, despidieron a una funcionaria denunciante

Hay observaciones al proceso de adjudicación y, de acuerdo con los informes que recibió el Concejo Municipal, hubo una firma bajo presión. El caso está en Transparencia.
El horno crematorio instalado en el Cementerio General de la ciudad. NOÉ PORTUGAL
El horno crematorio instalado en el Cementerio General de la ciudad. NOÉ PORTUGAL
Tras retorno de Leyes, despidieron a una funcionaria denunciante

J.J. fue despedida de su cargo dos días después del retorno de José María Leyes a la silla edil de Cochabamba, durante la primera quincena de marzo de este 2021. La ahora exfuncionaria habría presentado antes denuncias de irregularidades por haber tenido que firmar bajo presión un documento para pagar al proveedor por el horno crematorio adquirido en 2020.

Existen observaciones al proceso de adjudicación del equipo de cremación para el Cementerio General de la ciudad de Cochabamba, que se adquirió el año pasado en época de la pandemia del coronavirus, COVID-19. El caso está en la actualidad en manos de Transparencia; la denuncia frenó que se proceda con el pago.

Por otro lado, la adquisición del horno crematorio fue denunciado en agosto de 2020 por supuestos contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y beneficios en razón del cargo, por presuntas irregularidades en la compra.

El caso de la funcionaria es otro elemento en torno a la adquisición del equipo que, en la actualidad, está sin uso, a la intemperie y sin obras civiles en el cementerio.

LA PRESIÓN

En un informe de diciembre de 2020, presentado por el entonces alcalde suplente temporal Iván Tellería al Concejo Municipal, se incluyó que J.J. informó mediante una nota que, habiendo sido asignada como fiscal de cierre administrativo, “firmó bajo presión” de funcionarios municipales y hasta del proveedor del horno crematorio “la solicitud de pago por el monto de 970.000 bolivianos”.

La recepción del equipo fue el 27 de julio de 2020 y no se había pagado hasta meses después.

En una cronología de los hechos, descrita en el informe del 26 de octubre de 2020, ella detalló que procuró proceder como correspondía. Sin embargo, explicó que en días previos (que coinciden con la época de cambio de Alcalde) incluso un ingeniero transfirió un documento a su computadora, para que ella lo imprima y firme “lo más pronto posible”, y evidenciando “un interés y urgencia porque se pague este proyecto” en circunstancias de cambio de autoridades.

El Departamento de Contabilidad había elaborado una lista con observaciones, por lo que no se hacían efectivo el pago.

Ella recibió notas de reclamo por parte del proveedor por no permitir el pago. También solicitó criterio legal en mérito a las observaciones realizadas.

La presión llegó al punto de tener contacto directo con el proveedor del horno crematorio.

En informes también presentados al Secretario de Infraestructura, ella dijo que el proveedor, de la empresa Ridepro, la abordó junto a otra persona en las afueras de Obras Públicas, ella le cuestionó si la estaba siguiendo y él le había respondido que tiene “amigos en todos lados”, lo que, dijo, puede tomarse como acoso, “porque él no puede preguntar por mis movimientos”, aclaró.

En medio de las presiones, también fue convocada a reuniones en oficinas de la Secretaría de Infraestructura, donde estaba el proveedor, quién la increpó, y otras personas.

Bajo la presión, firmo la solicitud de pagó. Pero, luego hizo las denuncias respectivas, y el tema está en manos de la Dirección de Transparencia.

Este medio se contactó este jueves con el proveedor del horno crematorio, de la empresa Ridepro. Él pidió unos minutos y anunció que devolvería la llamada; sin embargo, hasta el final del día, no lo hizo.

DESIGNACIÓN Y DESTITUCIÓN

La funcionaria J.J fue designada como fiscal de cierre administrativo para el proyecto de adquisición del horno crematorio a mediados de octubre de 2020; en su memorando de designación le recordaron que “todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones deberes y atribuciones asignadas a su cargo”.

Continuó en el cargo hasta hace poco más de dos semanas, cuando Tellería continuaba como alcalde suplente temporal.

Un par de días después de que Leyes retornó al cargo de alcalde, ella fue despedida.

El 12 de marzo le entregaron el memorándum de retiro, que se refiere a que “se ha tomado la decisión de prescindir de los servicios que venía prestando en el cargo de Profesional 1 de la Dirección de Gestión de Obras Contratadas Dependiente de la Secretaría de Desarrollo de infraestructura Territorial”. En el documento se le recordó que en el plazo de 30 días calendario debe realizar su declaración jurada de bienes y rentas por dejación de cargo ante la Contraloría General del Estado.

El caso está en manos de Transparencia, que deberá emitir un informe, y será uno de los tantos que heredará la nueva gestión municipal a la cabeza del alcalde electo Manfred Reyes Villa, para seguir procesos.

DOCUMENTOS AL PROVEEDOR

El 31 de marzo el concejal Edwin Jiménez hizo una petición de informe en el que solicita conocer qué autoridad o de qué dependencia serían los funcionarios que hubiesen entregado al responsable de la empresa Ridepro la documentación del proceso de adjudicación del horno crematorio para el cementerio general, cosa que no debería haber ocurrido y que también fue advertido por la ahora exfuncionaria, quien denunció presión.

El concejal también pidió la documentación de los trámites realizados para el pago de la adquisición del horno crematorio.

Los concejales conocen los detalles de los informes, que les fueron entregados en semanas pasadas.

Jiménez recordó que existen varias irregularidades en este tema. Entre esas, observó que se haya dado un plazo de solo 14 días para la llegada del equipo.

Por otro lado, inicialmente el horno crematorio se estaba adjudicando por costo de 2.294.000 bolivianos, incluidas las obras civiles que debían realizarse. Al conocer estos montos, el Concejo pidió informes y, luego, se declaró desierta la convocatoria.

Después, se adjudicó por 970.000 bolivianos casi y determinaron hacer obras civiles con el área de Infraestructura.

Entre otros aspectos, hubo observaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre “instalaciones irregulares”. Una nota del 25 de agosto de 2020 hace referida a la “instalación clandestina de gas natural del horno crematorio del Cementerio General de Cochabamba”.

La adjudicación y todo el proceso fueron realizados durante la gestión de José María Leyes, mientras Tellería estaba en el cargo, tenía que encargarse del pago, “pero no se ha podido, porque no han querido firmar algunos funcionarios que veían aspectos irregulares”, enfatizó Jiménez.

La denuncia de la funcionaria frenó el pago y, ahora, el caso debe ser resuelto con recomendaciones de Transparencia.

Apuntes

Hace tres años

Se conoció que hace tres años, ya se había ofrecido un horno crematorio para que se pueda entregar en concesión en el Cementerio General. Pero, el Concejo Municipal rechazó aquella propuesta del Ejecutivo.

Obras civiles

Tras una solicitud del Concejo Municipal, Iván Tellería, en su calidad de alcalde suplente temporal, presentó un informe en diciembre de 2020, en el que se detalló que no se ejecutó ningún ítem de obras civiles y que se pretendía iniciar procesos de adquisición de materiales y contratación de servicios para poder concluir la infraestructura necesaria.