El juicio oral por el caso denominado “Puente Caído” debía comenzar hoy. La audiencia se instaló, pero fue reprogramada para el 30 de marzo.

Entre los principales implicados en este tema está el exalcalde del Movimiento Al Socialismo (MAS) Edwin Castellanos (2010 - 2015). La Alcaldía de Cochabamba, que sigue el proceso, pide 10 años de cárcel para la exautoridad y los demás implicados.

El tema hace referencia al paso a desnivel de la avenida Independencia y 6 de Agosto. El proceso es en contra de Castellanos además otras exautoridades y técnicos. Esta obra fue inaugurada el 19 de diciembre de 2014, cuando Castellanos ejercía como alcalde; y el puente colapsó el 22 de octubre de 2015. El proyecto fue adjudicado a la empresa Álvarez por un contrato de excepción, después que dos licitaciones se declararon desiertas. Demandó una inversión de casi 11.7 millones de bolivianos.

Pasaron más de seis años desde que colapsó el paso a desnivel.

El director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Oliver Alvis, describió que este lunes se instaló la audiencia con la jueza suplente, que es del Juzgado de Sentencia Penal Número 4, porque el Juzgado de Sentencia Penal Número 3, a cargo del caso, está acéfalo. El exalcalde Castellanos y las demás partes implicadas en el caso, estuvieron presentes.

Sin embargo, una vez instalada la audiencia, la jueza planteó “el principio de juez natural”, para que el Juzgado a cargo sea el que lleve adelante el juicio, con el argumento de la carga procesal, ya que tendría varias audiencias programadas como titular del Juzgado Penal 4.

Por esta razón, se suspendió la audiencia y se reprogramó para el 30 de marzo a las 08:30 horas.

DELITOS Y CONDENA La Alcaldía cochabambina sigue el proceso contra Castellanos y las demás personas involucradas por cuatro delitos tipificados en el Código Penal; el 154, sobre incumplimiento de deberes (el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a un año); el 221, sobre contratos lesivos al Estado (la servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años); el 222 por incumplimiento de contratos (el que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con reclusión de uno a tres años); y el artículo 224, sobre conducta antieconómica (la servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. Si actuare culposamente, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años).

Desde que el puente se hundió, pasaron por la Alcaldía, como máximas autoridades ejecutivas (MAE) José María Leyes, Karen Suárez, Iván Tellería y en la actualidad está Manfred Reyes Villa.

En marzo de 2019, luego de tres años y cinco meses de investigaciones, el Ministerio Público concluyó que en el caso del puente caído se cometieron al menos tres delitos: incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica, por lo que acusó a los involucrados en la contratación y ejecución de la obra. Entonces apuntó como responsable al exalcalde Castellanos, quien era el responsable del proceso de contratación desde el inicio hasta el final. Pero, también fueron comprometidos en el caso un exoficial Administrativo de la Alcaldía, el exfiscal de obra y el representante de la constructora Álvarez.

El Ministerio Público argumentó su acusación señalando que el colapso del puente evidenció que la empresa incumplió diversas cláusulas del contrato de excepción.

Otra persona implicada fue el exconsultor del municipio y supervisor de la ejecución del proyecto, para quien la Fiscalía observó que incumplió sin justa causa el contrato de supervisión del paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia que lo obligaba a estar supervisando. Los fiscales hallaron entonces evidencias de que el profesional dictaba clases en universidades en La Paz cuando debería estar en la obra, y delegaba sus funciones a otros ingenieros.

En mayo de 2016, durante la gestión del exalcalde José María Leyes, se hizo la demolición de la plataforma dañada.

En octubre de 2018, la empresa constructora sorprendió al plantear la reposición de la parte dañada del puente caído con aportes provisionales de todos los actores involucrados. La reconstrucción de la plataforma central tendría un costo de 2 millones de bolivianos.  La propuesta fue rechazada por algunos de los involucrados y las autoridades municipales de entonces.

El Director de Asuntos Jurídicos aseguró que existe evidencia de que las exautoridades y técnicos incurrieron en los delitos.

“Estamos buscando la condena de 10 años contra estos exfuncionarios”, remarcó.

MÁS PROCESOS Solo para este mes de enero fueron programadas tres audiencias de juicio oral contra exalcaldes, por diferentes casos. Ante la posibilidad de que puedan suspenderse las próximas, debido a las acefalías en jueces, Alvis informó que como Gobierno Municipal de Cochabamba presentaron una nota dirigida al representante del Consejo de la Magistratura, y solicitaron una reunión.

“Estamos pidiendo audiencia”, dijo, y acotó que los otros procesos no pueden suspenderse.

Además del juicio contra el exalcalde Castellanos, están previstas otras audiencias contra exautoridades como José María Leyes y Gonzalo Terceros por casos como Mochilas I y II, Dimusa, Hospital del Niño y otros.