EL TRIBUNAL ELECTORAL DEFIENDE A AUTORIDADES MUJERES ELECTAS
En el país hay 30 casos por acoso y violencia política; en la Llajta 2
"A ver qué va a hacer, le haremos corretear". Este fue parte de discurso de un dirigente cuando en 2020 agredieron a la entonces alcaldesa de Sipe Sipe, uno de los municipios del Eje Metropolitano de Cochabamba. El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación de Cochabamba, Carlos Solá, recordó aquel suceso porque él fue testigo de esas palabras durante una reunión; hecho que habría cuestionado en su momento.
Este lunes, se desarrolló en Cochabamba la Cumbre Departamental de Prevención de Acoso y Violencia Política contra Mujeres en Ejercicio de la Función. Participaron autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Tribunal Electoral Departamental (TED). Se informó que en el país hay 30 denuncias por acoso y violencia política; en Cochabamba se procesan dos.
El acoso político hace referencia a la persecución, hostigamiento o amenazas contra mujeres candidatas electas, designadas o en ejercicio de la función política. La violencia política son los actos de agresión física, psicológica o sexual. En 2012 se aprobó en el país la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
La presidenta del TED, Ruth Pontejo, explicó que el objetivo del encuentro fue promover estos espacios de reflexión y coordinación interinstitucional para desarrollar políticas y estrategias interculturales de la educación democrática con equidad de género que garantice el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
La especialista de Programas en ONU Mujeres, Mónica Novillo, mencionó una gama de comportamientos que pueden considerarse acoso o violencia política hacia mujeres que tienen cargos públicos: burlas, insultos, amenazas, obligarles a renunciar, obligarles a firmar documentos, no convocarles a reuniones, no informarles sobre el lugar de reuniones, no darles la palabra, empujones, golpes y otros,
Las situaciones mencionadas, no siempre se reconocen como acoso o violencia política.
La vocal del TSE Dina Chuquimia detalló que durante a gestión 2021 recibieron 185 casos, de los cuales 155 fueron por renuncia voluntaria. "Pero 30 casos, acabaron en denuncias por acoso y violencia política", que han sido presentados en los tribunales electorales.
Agregó que en Chuquisaca hay una denuncia; en La paz, 13; en Cochabamba, dos; en Oruro, una; en Santa Cruz, cuatro; en Beni, tres; y en Potosí, tres.
La presidenta del TED Cochabamba, Ruth Pontejo, explicó que los casos denunciados en el departamento están siendo seguidos por el Tribunal de Género del Tribunal Supremo y por la Unidad de Secretaría de Cámara del TED.
"En estos casos, hemos tenido avances; sin embargo, están todavía en la etapa investigativa (…). Vamos a ver cuáles serán los resultados que arroje la Fiscalía", expresó.
Describió que la mayoría se trata de casos de autoridades que fueron obligadas a renunciar, y que hubo maltrato psicológico.
La titularidad y la alternancia evidencian también presiones cuando se trata de mujeres.
La primera instancia para denuncia es el TED, luego la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); y además hay comisiones de ética en instancias como los concejos municipales.
Entretanto, Chuquimia agregó que en 2022 existe cierta "alarma", porque hasta la actualidad ya hay tres casos denunciados; de esos, dos son en el departamento de Beni y uno en La Paz. Uno de estos casos es de la Presidenta del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara, quien denunció a otra autoridad municipal; contó que intentaron hacerle firmar su renuncia como concejala y Presidenta.
"¿Cuál es el pecado de ellas? Fiscalizar, y es recurrente", dijo la vocal.
La presión llegó a que lleven a la concejala a una asamblea de la comunidad donde le presionaron para renunciar; pero, ella no lo hizo, y el proceso sigue.
"A veces, la presión psicológica puede pesar más que la física".
En otro de los casos, la Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni denunció que uno de sus colegas, de su propio partido político, la presionó para que renuncie a su cargo.
En Riberalta hubo otra denuncia. Una autoridad, quien fiscalizaba el desayuno escolar, fue golpeada con un palo que le quebró la muñeca; cuando pidió permiso a su Concejo para salir a Trinidad para la consulta médica y no le dieron permiso. "Su muñeca se ha soldado fuera de lugar (…). Le dijeron que no era acoso político, le dijeron que era violencia familiar y que vaya a una conciliación". Pero, el tema ya está denunciado como acoso político.
