El exalcalde Antonio Montaño y la concejala de Quillacollo Angelina Zeballos aceptan convertirse en parte querellante en el proceso abierto por la compra de la planta asfaltadora.

Hace unas horas, la Contraloría General del Estado  envió una carta al Concejo Municipal informando que concluyó la auditoría al proceso de compra de la planta asfaltadora para Quillacollo y como consecuencia de ese auditaje presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra concejales y funcionarios, presuntamente responsables de irregularidades en la adquisición.

Varios concejales fueron consultados sobre si aceptarán constituirse en parte querellante, tal como instruyó la Contraloría. Los concejales Antonio Montaño y Angelina Zeballos, ambos del Frente Para la Victoria (FPV), anticiparon que sí. En tanto, Aydéé Mamani,  Juany Veizaga, Valerio Ramos y Roberto Vargas del Movimiento Al Socialismo (MAS) no respondieron.

EXALCALDE Antonio Montaño era alcalde cuando decidió rescindir el contrato (enero de 2019) con la empresa Vezla SRL que se adjudicó la instalación de la planta por 12.125.000 bolivianos. 

La empresa Vezla SRL entregó la planta en diciembre de 2018, sin embargo tres meses después la misma no estaba instalada ni tampoco funcionaba. Tras verificar irregularidades, los concejales resolvieron el contrato en marzo de 2019, enviaron a  Montaño al Comité de Ética y destituyeron por denuncias de “distribución de ítems en la Alcaldía”. 

Montaño volvió a su curul de concejal. Ayer, en tono resuelto, dijo que se presentará voluntariamente a declarar ante la Fiscalía. “Vamos a comparecer ante la justicia. Tomé medidas drásticas (rescisión con la empresa) al verificar que existían irregularidades. Evité daño económico a la Alcaldía”, dijo.

En tanto, Zeballos explicó que fue habilitada como concejala en enero de este año. “Apenas supe de la compra irregular pedí informe al alcalde (Zacarías Jayta) y nunca tuve respuesta. Viajé a Santa Cruz a averiguar sobre la planta. Me enteré que algunas partes de la maquinaria eran de 2015 cuando el Documento Base de Contrataciones, DBC, especificaba que debían ser equipos de última generación”. Regresó y visitó la sucursal de la empresa en el kilómetro 1 hacia Sacaba. Pidió explicación sobre la procedencia de la maquinaria, inspeccionó la planta y presentó denuncia pública y también por escrito. “En base a ese informe es que se rescindió con contrato”.