El alcalde de Cochabamba, Manfred reyes Villa, fue citado a declarar en la Fiscalía tras una denuncia por la presunta contratación irregular de empresas de seguridad para Movilidad Urbana y otras dependencias municipales. La autoridad de abstuvo de declarar.

El Alcalde reconoció sentirse “bajo la lupa”, aunque aseguró que estos contratos corresponden a la anterior gestión; sin embargo, expuso tranquilidad y aseguró que no comete errores.

Un grupo de seguidores de Reyes Villa lo escoltó a su ingreso y salida de la Fiscalía, a la voz de "¡No tenemos miedo, c...!".

La autoridad fue citada para las 10:00 a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros, Tributarios y Delitos Estatales, situada en el edifico Abugoch de la calle Jordán.

Reyes Villa fue llamado para prestar declaraciones ante la denuncia de la Jefatura Departamental de Control de Empresas Privadas de Vigilancia de la Policía. Le denunciaron por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Llegó minutos antes, ingresó en medio de gritos de respaldo y salió en el mismo ambiente.

Se abstuvo de declarar ante la fiscal a cargo del caso. Dejó ver su confianza con que "no le encontrarán nada", por lo que continuará trabajando por la ciudad.

"No van a encontrarnos nada. Vamos a actuar con total transparencia".

EL CASO

El secretario Administrativo y Financiero de la Alcaldía, Mauricio Muñoz, explicó que el tema está referido a la empresa que proporciona trabajadores para que presten servicios en Movilidad Urbana y otras áreas, como la Intendencia o Seguridad Ciudadana.

Aclaró que la compañía, cuya responsable es S.V.C., fue “beneficiada” desde 2016, cuando había otras autoridades municipales.

Expuso contratos de 2016 (28 de junio de ese año), 2017, dos de 2018 a las misma empresa con el mismo Número de Identificación Tributaria (NIT), 2019, 2020 y 2021.

En 2021, detalló, hubo también dos contratos: el primero, del 7 de enero, entre la Alcaldía, representada por Orlando Veizaga, quien era cabeza de la Secretaría Integral de Protección al Ciudadano; y otro firmado en la misma fecha.

“Son contratos que nosotros heredamos, ya que entramos en mayo (de 2021)”.

Muñoz expresó que “de manera sistemática” se hicieron los contratos con la misma persona, salvo una adenda.

“Cuando nosotros entramos, heredamos contratos con la señora. En algún momento se hace un contrato modificatorio, una adenda por el 10%, fruto de la pandemia, del monto total del contrato para continuar en la época de fin de año y todo lo demás. Es decir, nosotros continuamos con algo que ya existía”.

Pero, el 27 de diciembre de 2021, la Policía Nacional, a través de la Jefatura Departamental de Control de Empresas Privadas de Vigilancia, notificó a la Alcaldía de manera formal respecto a la exigencia de que todas las empresas que brindan seguridad privada, seguridad y vigilancia de bienes inmuebles, condominios, bancos, deben tener una licencia de funcionamiento y tienen que presentar una tarjea de identificación (TDI).

También se les habría informado qué empresas pueden ser contratadas, considerando los permisos de la Policía Boliviana y el aval del Ministerio de Gobierno.

“A partir de esta notificación, el municipio de Cochabamba, a la cabeza de Manfred Reyes Villa, y las secretarías que operan este tipo de contratos y la Secretaría de Gobernabilidad no han firmado ningún contrato ni se ha consolidado ningún contrato más con la señora S.V.C., justamente a raíz de esta alerta y porque nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad”.

La autoridad manifestó que mientras ella no tenga sus documentos en regla, no será tomada en cuenta.

“Ante las temerarias acusaciones por parte de la Fiscalía e investigación de que se habría hecho por contratos lesivos al Estado y que eso hubiera causado un daño económico, no ha existido nada de eso. El Alcalde ha instruido que se ponga en los requisitos la licencia de funcionamiento“.

Con este argumento, Muñoz dijo que “cae en saco roto” cualquier intención que se pretenda apuntar a que el Burgomaestre hubiera cometido delitos.

Aclaró que tampoco se erogaron recursos en favor de S.V.C. desde el momento en el que la Alcaldía fue notificada por la Policía.

“Nosotros consideramos que este también es un tema político. Obviamente, temen la gestión de progreso y desarrollo que el alcalde Reyes Villa está trayendo”, expresó, y aseguró que cumplirán todo lo que la normativa instruye.

El contrato con aquella empresa ya venció; y la Alcaldía ya habría comenzado procesos de contratación para 2022 con los requisitos necesarios.

Muñoz sostuvo que cuando ingresaron a la Municipalidad, heredaron contratos ya firmados y licitaciones ya iniciadas, cuyos procesos ya no se podían frenar.

Reyes Villa también aseguró que la empresa de seguridad estuvo en la Alcaldía desde antes que él llegara como autoridad.

“¿Por qué antes no han observado que tenga un certificado?”, cuestionó, apuntando a anteriores gestiones, asegurando que la Alcaldía no trabajará más con esa empresa, en tanto no cumpla con los requisitos.

“Cuántas más obras entreguemos, más nos van a molestar. Yo quiero pedirle a la población cochabambina que estemos atentos. Estamos trabajando con la mayor transparencia. Sabemos que estamos bajo lupa, yo ya sé desde que he llegado”, sostuvo, y recordó las inhabilitaciones que tuvo cuando era candidato a la Alcaldía.

“No van a encontrarnos nada”, aseguró Reyes Villa.

Se trata de una de las primeras denuncias contra Manfred desde que asumió la Alcaldía en 2021. La autoridad expresó tranquilidad.

“Nos vamos a acostumbrar a que nos denuncien. Nosotros, aunque nos estén viendo bajo la lupa, nos vamos a cuidar; vamos a hacer todo frente al pueblo”.

El Alcalde cochabambino tiene otros procesos pendientes desde antes, por presuntas irregularidades de cuando ocupaba el cargo de Prefecto (hoy Gobernador).

La Fiscalía Anticorrupción también citó a S.V.C., la responsable de la empresa de seguridad. A ella le denunciaron por la supuesta comisión de los delitos de desobediencia de la autoridad y ejercicio indebido de la profesión.