Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 04 de julio de 2022
  • Actualizado 20:32

Manfred se abstiene de declarar y afirma que está “bajo la lupa”

El Alcalde fue citado a la Fiscalía, denunciado por la supuesta comisión de dos delitos de corrupción. Aseguró que son contratos de la anterior gestión municipal.
El alcalde Manfred Reyes Villa junto a sus seguidores al salir de la Fiscalía. DICO SOLÍS
El alcalde Manfred Reyes Villa junto a sus seguidores al salir de la Fiscalía. DICO SOLÍS
Manfred se abstiene de declarar y afirma que está “bajo la lupa”

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue citado a declarar en la Fiscalía tras una denuncia por la presunta contratación irregular de empresas de seguridad para Movilidad Urbana y otras dependencias municipales. La autoridad de abstuvo de declarar.

El Alcalde reconoció sentirse “bajo la lupa”, aunque aseguró que estos contratos corresponden a la anterior gestión.

La autoridad fue citada para las 10:00 a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros, Tributarios y Delitos Estatales, situada en el edifico Abugoch de la calle Jordán.

Reyes Villa fue llamado para prestar declaraciones ante la denuncia de la Jefatura Departamental de Control de Empresas Privadas de Vigilancia de la Policía. Le denunciaron por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Llegó minutos antes, ingresó en medio de gritos de respaldo y salió en el mismo ambiente.

Se abstuvo de declarar ante la fiscal a cargo del caso. Dejó ver su confianza con que "no le encontrarán nada", por lo que continuará trabajando por la ciudad.

EL CASO

El secretario Administrativo y Financiero de la Alcaldía, Mauricio Muñoz, explicó que el tema está referido a la empresa que proporciona trabajadores para que presten servicios en Movilidad Urbana y otras áreas, como la Intendencia o Seguridad Ciudadana.

Aclaró que la compañía, cuya responsable es S.V.C., fue “beneficiada” desde 2016, cuando había otras autoridades municipales.

Expuso contratos de 2016 (28 de junio de ese año), 2017, dos de 2018 a las misma empresa con el mismo Número de Identificación Tributaria (NIT), 2019, 2020 y 2021.

En 2021, detalló, hubo también dos contratos: el primero, del 7 de enero, entre la Alcaldía, representada por Orlando Veizaga, quien era cabeza de la Secretaría Integral de Protección al Ciudadano; y otro firmado en la misma fecha.

“Son contratos que nosotros heredamos, ya que entramos en mayo (de 2021)”.

Muñoz expresó que “de manera sistemática” se hicieron los contratos con la misma persona, salvo una adenda.

“Cuando nosotros entramos, heredamos contratos con la señora. En algún momento se hace un contrato modificatorio, una adenda por el 10%, fruto de la pandemia, del monto total del contrato para continuar en la época de fin de año y todo lo demás. Es decir, nosotros continuamos con algo que ya existía”.

Pero, el 27 de diciembre de 2021, la Policía Nacional, a través de la Jefatura Departamental de Control de Empresas Privadas de Vigilancia, notificó a la Alcaldía de manera formal respecto a la exigencia de que todas las empresas que brindan seguridad privada, seguridad y vigilancia de bienes inmuebles, condominios, bancos, deben tener una licencia de funcionamiento y tienen que presentar una tarjea de identificación (TDI).

También se les habría informado qué empresas pueden ser contratadas, considerando los permisos de la Policía Boliviana y el aval del Ministerio de Gobierno.

“A partir de esta notificación, el municipio de Cochabamba, a la cabeza de Manfred Reyes Villa, y las secretarías que operan este tipo de contratos y la Secretaría de Gobernabilidad no han firmado ningún contrato ni se ha consolidado ningún contrato más con la señora S.V.C., justamente a raíz de esta alerta y porque nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad”.

La autoridad manifestó que mientras ella no tenga sus documentos en regla, no será tomada en cuenta.

“Ante las temerarias acusaciones por parte de la Fiscalía e investigación de que se habría hecho por contratos lesivos al Estado y que eso hubiera causado un daño económico, no ha existido nada de eso. El Alcalde ha instruido que se ponga en los requisitos la licencia de funcionamiento“.

Con este argumento, Muñoz dijo que “cae en saco roto” cualquier intención que se pretenda apuntar a que el Burgomaestre hubiera cometido delitos.

Aclaró que tampoco se erogaron recursos en favor de S.V.C. desde el momento en el que la Alcaldía fue notificada por la Policía.

“Nosotros consideramos que este también es un tema político. Obviamente, temen la gestión de progreso y desarrollo que el alcalde Reyes Villa está trayendo”, expresó, y aseguró que cumplirán todo lo que la normativa instruye.

El contrato con aquella empresa ya venció; y la Alcaldía ya habría comenzado procesos de contratación para 2022 con los requisitos necesarios.