Cochabamba

Tras la anulación de 12 obrados del alcalde Manfred Reyes Villa, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que es el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, es el encargo de definir la continuidad o no de estos procesos.

“Cuando se tomó la decisión de presentar estas causas, a partir de decisiones de naturaleza política, pero también de naturaleza procesal y jurídica, se cometió un error que el Tribunal Constitucional ahora ha sancionado con la nulidad de obrados y la instrucción al fiscal General del Estado de definir la continuidad de estos procesos”, señaló Lima, en contacto con la casa televisiva Red Uno.

PRECEDENTE

El titular de Justicia explicó que la decisión del Tribunal Constitucional, respecto a la anulación de los obrados, está relacionada con “la competencia de juez natural, de quien debería haber llevado adelante estos procesos”.

Lima descartó que la determinación del ente constitucional no toma una decisión sobre la inocencia o culpabilidad de Reyes Villa.

“Está planteando una decisión de origen ¿quién es la autoridad competente para determinar el juzgamiento del debido proceso, en el caso de un exprefecto?”, indicó Lima sobre la determinación del ente constitucional, tras explicar que esta decisión marcará precedentes para más de 21 juicios que se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional “esperando” ser tramitados.  

Lima responsabilizó del “error” jurídico al expresidente Evo Morales y a la entonces ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Transparencia Nardi Suxo. Desde el ala “evista” del MAS, acusaron a Lima de, con esta acción, sellar un “acuerdo” político con Reyes Villa para limpiar su expediente y viabilizar su candidatura a las próximas elecciones.

El ministro de Justicia negó la denuncia y aseguró que la determinación del Tribunal Constitucional es jurídica, “no se trata de temas políticos o temas que quieran politizarse”, enfatizo.

JUSTICIA

Lima reveló que hace meses atrás, Reyes Villa envió una nota al Ministerio de Justicia, en la cual pidió aplicar el principio de “justicia restaurativa” en los casos penales donde fue hallado responsable penalmente.  

Al respecto, el titular de Justicia explicó que la “justicia restaurativa” es una figura legal prevista por la Ley 1390 de Fortalecimiento de Lucha Contra la Corrupción, para dar solución a casos en los que existe daño económico, buscando la reparación integral del afectado.

En muchos casos, la persona que causó un daño económico paga el daño ocasionado y el proceso, incluso, puede extinguirse.

“Esto no es algo novedoso es algo que siempre se ha planteado en Cochabamba con relación a exalcalde o a otras autoridades. Es uno de los distritos donde más se está aplicando la solución de los problemas y denuncias de este tipo de hechos en la vía de la justicia restaurativa”, enfatizó al respecto.

Sin embargo, también indicó que primero es preciso esperar el pronunciamiento de Lanchipa. “Hay muchos caminos. El que he planteado es uno de ellos, pero lo primero que debemos esperar nosotros, como hombres de derecho, es el pronunciamiento del fiscal general del Estado. Es esa instancia la que debe hablar ahora”, finalizó Lima.