Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 14 de junio de 2024
  • Actualizado 01:30

EL DEBATE SE ORIGINÓ EN COCHABAMBA

Ley puede lanzar vacuna obligatoria, pero ven vulneración; sugieren bono

Para el constitucionalista Williams Bascopé, primaría la salud pública y colectiva sobre el individuo. Rigoberto Paredes Ayllón advierte que se afectarían los derechos fundamentales.
Un sanitario alista una vacuna para un ciudadanos en Cochabamba.  Dico Solís
Un sanitario alista una vacuna para un ciudadanos en Cochabamba. Dico Solís
Ley puede lanzar vacuna obligatoria, pero ven vulneración; sugieren bono

El debate que apunta a que pueda implementarse la vacunación obligatoria y/o restricciones sujetas a que los ciudadanos cuenten con un carnet que certifique su inmunización contra la COVID-19 ganó terreno en Cochabamba en solo una semana. La problemática es sensible. Así lo asumen desde el derecho constitucional y también los profesionales de la salud, que ya han priorizado el tema en sus agendas.

El ausentismo notado en los centros de inoculación del departamento motivó al Servicio Departamental de Salud (SEDES) a poner sobre la mesa la probabilidad de pedir que la inoculación se vuelva obligatoria. En el municipio de Sucre, por su parte, las autoridades han decidido que todos los que lleven adelante actividades comerciales tengan el certificado que acredite que recibieron las dosis. Del mismo modo, los universitarios.

Desde el derecho advierten que la obligatoriedad es muy posible con una ley a nivel nacional. El argumento es que existiría una “ponderación de derechos” en la que primaría el “bien supremo”, es decir, la salud colectiva por encima de lo individual. No obstante, en caso de que esto se concrete inicialmente promovido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), habría una vulneración a los derechos fundamentales, como lo es el de la libertad.

El constitucionalista Rigoberto Paredes Ayllón explica que en países como Italia, Estados Unidos y Bélgica se ha normado la vacunación de niños contra difteria y poliomielitis, por ejemplo. En Brasil -ejemplifica- la inyección contra la COVID-19 es obligatoria. “El Tribunal Supremo la avaló, casi por unanimidad, estableciendo que las autoridades podrían sancionar a los que no se inmunicen, a través de prohibiciones como el ingreso a restaurantes si una persona no cuenta con el carnet”.

Recuerda que en Moscú, capital de Rusia, el ayuntamiento decretó la obligatoriedad “del 60% de los empleados de empresas de cara al público”. En caso de que estos no acepten, podrían “buscar otro trabajo”.

No obstante, aclara que se violarían derechos fundamentales. “Obligar a una persona a que se vacune en contra de su voluntad vulnera el derecho a la libertad. Es de suma importancia que se respete la voluntad de quienes disentimos de la necesidad de vacunarse. Es un tema que vulnera el derecho a la libertad, entendido como la capacidad de autodeterminarse, por lo cual está en juego la integridad física, autonomía de la voluntad y autonomía del paciente”.

Existen argumentos cruzados, pues podrían aseverar que la obligatoriedad iría en favor de la salud colectiva. “Criterios como el del Tribunal Español señalan que obligar a la población a vacunarse estarían relacionados en aras de la salud pública y del interés general en cuanto a la seguridad colectiva. En este caso, entrarían en juego criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, ya que, en caso de que la vacunación voluntaria no alcance los niveles requeridos para la inmunidad de grupo, un Estado podría modificar su normativa protegiendo un bien superior, que sería el interés colectivo”.

El constitucionalista Williams Bascopé cree en la ponderación de valores. “En ponderación de derechos, lo que prima es la vida y también la salud de toda una colectividad. Cuando hay conflicto de derechos, se ponen en una balanza para ver cuál prima. El derecho a la vida de toda una colectividad podría sobreponerse sobre un grupo que no quiera someterse”. 

Explica que la ALP podría encauzar la ley y luego realizar la consulta al Tribunal Constitucional porque este “tendría que darle un valor normativo de alcance, pues también está el derecho de cada ciudadano de decidir por su vida”. Y si la consulta no es efectuada, las personas podrían plantear su inconstitucionalidad.

LEY NATURAL Desde la medicina, las posiciones son distintas. La doctora Ivone Quintanilla no está de acuerdo con la obligatoriedad, pues entiende que podrían existir efectos adversos con los años. “Somos seres humanos y hay una ley que nos protege, que es la Ley Natural. No debería ser obligatorio, sino voluntario. Es cierto que hay efectos secundarios leves, pero también severos”. Planea sostener una reunión pronta con el sector sanitario.

BONOS Y CAMPAÑA El médico Fabián Pacheco considera que inmunizarse es elemental para frenar los contagios y volver a la “normalidad”. Cree que los incentivos, premios, sorteos e implementación de bonos pueden ser funcionales. Si bien no está de acuerdo con la obligación, sí apoya las restricciones para realizar trámites o viajar, que actuarían indirectamente. “El obligar no es la solución, sino incentivar, dar beneficios a quienes se vacunaron, darles bonos e indirectamente restringir accesos. Por ejemplo, Canadá no aceptará a nadie que no se haya vacunado y que quiera ingresar”.