Gobierno central puede frenar iniciativas departamentales
13 de julio de 2010 (20:21 h.)
La elección de gobernadores se respaldó en la Ley Electoral Transitoria la misma que quedará en desuso con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización -en actual tratamiento- que implica un nueva forma de administración política, administrativa y financiera del país.
En la nueva legislación el Gobierno central aún tiene la facultad de frenar proyectos departamentales. Si el gobierno de Cochabamba diseña un proyecto y de manera concurrente, como el del Proyecto Múltiple Misicuni, pide recursos económicos al Gobierno central y éste no cede por razones -por ejemplo- políticas, existen instancias de solución, señaló el coordinador de la Dirección Departamental de Autonomías, Gonzalo Vargas. Los argumentos también pueden ser orden técnico y financiero.
Si bien se han considerado instancias de reclamo los procesos pueden ser prolongados, además de generar posibles conflictos entre los departamentos y la autoridad central. Los mismos se encuentran descritos en los artículos 125 y 128.
El Servicio Departamental de Autonomías está facultada de prever situaciones cuando hay conflictos de competencia entre entidades autónomas. En caso de que no se resuelva pasa al Tribunal Constitucional que debe dirimir ese tipo de divergencias.
Cuando intervienen elementos de carácter político -según Vargas-, existe el Consejo Nacional de Autonomías que está conformado por la representación de los gobernadores, las representaciones municipales y de los pueblos indígenas que deliberarán para dar solución a los problemas.
En el contexto actual, la mayoría de las gobernaciones, alcaldías y representaciones indígenas está concentrada en poder del actual partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo.
“La realidad actual es ésa”, reconoció Vargas a tiempo de explicar que en el caso de que en el ámbito político haya trabas y el Consejo Autonómico no pueda resolver este tipo de problemas se tendrá que apelar al Tribunal Constitucional como la máxima instancia de resolución de conflictos.