Fiscal del caso comidas niega favor a Leyes y admite presión del Gobierno

La investigación del caso denominado Comidas, en el que está involucrado el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por la presunta adquisición irregular de alimentos para la Policía y las Fuerzas Armadas, estuvo marcada por presiones hacia uno de los fiscales desde la Alcaldía y el Gobierno central.

El representante del Ministerio Público, que está a cargo del caso, es investigado por un audio en el que junto a una abogada, funcionaria municipal, se refieren a beneficios en favor de Leyes. Este medio tuvo acceso a la grabación así como a un informe dirigido al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y la máxima autoridad departamental, Óscar Terrazas, en el que se hace conocer la presión recibida a través de llamadas y amenazas por parte del asesor jurídico del Ministerio de Gobierno.

El fiscal reconoció que desde que conoció la denuncia, en un turno, hubo intereses de por medio y pese a esto cumplió con todos los procedimientos enmarcados en las normas.

“Las denuncias en mi contra tienen otro trasfondo y no es precisamente lo que refieren en los audios. Se ha actuado conforme a derecho y objetividad. Me voy a someter a la investigación”, explicó.

Recordó que el proceso en su contra es con pruebas obtenidas de manera ilegal y forzada para perjudicarlo, pero en su momento aclarará todo. Por el momento, se abstuvo de dar su declaración en la Fiscalía.

Los intentos de favorecer a Leyes vinieron desde la Alcaldía, a través de dos llamadas diferentes de funcionarios públicos, la última que es investigada en la Fiscalía. Mientras tanto, desde el Gobierno, fueron contactos reiterados con amenazas y hasta persecución con la intención de aprehenderlo.

LOS HECHOS El fiscal a cargo del caso desde el 27 de abril fue cuestionado por la aprehensión del alcalde el 27 de mayo, Día de la Madre. Tres semanas antes, entre el 5 y 6 de mayo, se registró la conversación grabada con la abogada, supuestamente para beneficiar a la autoridad, lo que desvirtúa las denuncias de favorecimiento.

El 20 de mayo, el fiscal puso en conocimiento de sus superiores las presiones recibidas mediante llamadas. El informe, al que tuvo acceso este medio, se entregó el 17 de junio, tras el retorno a las actividades, en medio de la cuarentena.

“A partir de la recepción de la denuncia en fecha 27 de abril, mi persona ha estado recibiendo llamadas del abogado Roberto Barbosa en su calidad de asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, llamadas que en un principio fueron a efecto de manifestar el apoyo por parte del Ministerio de Gobierno en el presente caso que nos ocupa”, dice el documento.

Continúa señalando que las llamadas se tornaron amenazantes en virtud de la suspensión de las declaraciones de Leyes y “de modo abusivo, altanero y despectivo se refirió a la comisión de fiscales como fiscales ineptos”. El funcionario gubernamental expresa su molestia y dice que hace seguir con “mis policías de inteligencia” al Fiscal General porque no contesta las llamadas del titular de Gobierno, Arturo Murillo.

“Estoy por el Abugoch (oficinas de la Fiscalía) con los del DACI (policías de Inteligencia) y soy capaz de ir a levantármelos”, advierte.

El fiscal recuerda que el 20 de mayo la situación de amenazas se tornó más incómoda cuando estaba junto a sus colegas en la Caja Nacional de Salud para realizarse la prueba del COVID-19 y conoció que el abogado estaba en el lugar haciendo averiguaciones con el argumento que debía aprehenderlos por órdenes del Ministro de Gobierno y el Viceministro de Transparencia. En la carta también denuncia que existe una instrucción para hacerle un seguimiento, “llegando a actos ilegales”.

Sobre un segundo audio, en el que se involucra al fiscal, dijo desconocerlo, aunque considera que salió a raíz de la presión que viene recibiendo.

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APUNTES

Cronología

·        El fiscal de la División Económicos y Financieros conoció el caso el 27 de abril, en un turno. La denuncia contra el alcalde José María Leyes y otros tres funcionarios fue interpuesta por los concejales Edwin Jiménez, Celima Torrico y Carlos Coca. Se realiza el precintado de la oficina de contrataciones de la Alcaldía.

·        Se conforma una comisión conformada por cuatro fiscales a la cabeza del fiscal de turno. Son asignados dos de Anticorrupción y uno de Antinarcóticos.

·        El 28 de abril, el fiscal a cargo es denunciado por la Alcaldía por atentado contra la salud pública e impedir el ejercicio de funciones. El argumento es que en la oficina precintada estaba contratos para la cuarentena por el coronavirus COVID-19.

·        El 29 de abril se procede al desprecintado, luego del secuestro de la documentación.

·        El 8, 13, 18 de mayo se suspenden las audiencias a solicitud de los acusados.

·        El 15 de mayo, la acción de libertad de Leyes por supuesta persecución contra el Ministerio Público sale improcedente.

·        El 18 de mayo, los fiscales se aíslan y la comisión se refuerza con otros tres representantes del Ministerio Público.

·        El 26 de mayo se tramita la aprehensión fundamentada de los cuatro acusados.

·        El 27 de mayo se realiza el allanamiento. En el inmueble de Leyes se halla un arma y una carta sobre una posible fuga. En la audiencia se determina medidas sustitutivas a la detención.

·        Se solicita la ampliación de la investigación contra tres funcionarios más.

·        El 15 de junio se pasa el caso a otro fiscal con la imputación y ampliación.