Las autoridades de Gobierno anunciaron que el 23 de noviembre llegarán a Bolivia  cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar una investigación sobre las muertes de Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima, y el senador por el MAS Leonardo Loza, durante los actos que se llevaron adelante ayer en Sacaba.

El propósito del Gobierno es abrir “todos los expedientes” de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público a la investigación que llevará adelante la CIDH, lo que permitirá, identificar “a los autores intelectuales y materiales” de lo sucedido.

“Para que ningún político asesino diga que es una persecución política va a ser importante, pieza clave, que la justicia internacional y nacional intervenga en esta situación", dijo Loza, durante los actos de conmemoración por los 12 caídos en Huayllani.

ACCIONES Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, la delegación de expertos entregará a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe técnico para que, sobre esa base, inicie las acciones legales contra los responsables.

Loza puntualizó que las muertes ocurridas durante los enfrentamientos de noviembre, en 2019, en diferentes municipios de Bolivia “no deben quedar impunes”.

"El año pasado como esta fecha nos han matado, nos han  hecho llorar, nos han hecho sufrir (...) Tiene que hacerse justicia para quienes asesinaron a mis hermanos, quienes asesinaron en Sacaba y Senkata tienen que pagar como corresponde", aseguró el Senador por la Llajta.

Debido a los varios fallecidos por los conflictos tras los comicios generales de octubre de 2019, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades.

En su informe, una comisión legislativa explicó que, luego de una evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes “fueron causadas por armas de reglamento” de la Policía y las Fuerzas Armadas.