El gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE-Valle Hermoso), Ramiro Becerra, denunció hoy martes que la gestión anterior de Río Eléctrico, dependiente de la estatal, dejó un daño económico de 350.000 bolivianos, lo que representa "prácticamente un año de utilidades" y que "afectó a 60 familias que trabajan allí" y también "provocó perjuicio para los beneficiarios de los bonos, como el Juana Azurduy". Presentaron la denuncia penal ante el Ministerio Público el 15 de junio de este año. 

De acuerdo con la documentación proporcionada por la gerencia durante una conferencia de prensa, el 4 de noviembre de 2020, ENDE y Río Eléctrico suscribieron el Contrato Administrativo para la prestación del servicio de "Supervisión del Proyecto Hidroeléctrico El Cóndor" Nº 13011 por un monto de "4.074.624 (cuatro millones sesenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro) bolivianos y un plazo de ejecución de 780 días calendario".

Posteriormente, el exgerente general, Freddy Salinas, solicitó a la mesa directiva de Río Eléctrico la autorización para la suscripción oficial de dicho documento. "Ese contrato fue desconocido por su propio directorio porque ni siquiera hubo una consulta previa, por lo que quedó sin efecto", explicó Becerra ante los medios de comunicación. 

La documentación complementaria señala que la actual gestión presentó cargos mediante la realización de una "auditoría especial interna" porque presuntamente fueron cometidos "delitos de orden público tipificados en el Código Penal, puntualmente en los artículos 145 (cohecho pasivo propio), 146 (uso indebido de influencias), 151 (concusión, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza), 154 (incumplimiento de deberes y daño económico), 221 (contratos lesivos al estado), 224 (conducta antieconómica) y 228 (contribuciones y ventajas ilegítimas; uso indebido de información privilegiada). "De esta manera han obtenido beneficios económicos, ventajas u otros como disposición de cargos y otros", indica un fragmento de la denuncia. 

"Todo esto lo hicieron con el fin de privatizar la empresa. Río Electrico opera las centrales hidroeléctricas y es un motor económico para la región donde se encuentra. Lo irónico es que también existió una colaboración de algunos dirigentes sindicales que aportaron con su silencio cómplice. La intención era hacer una gestión ineficiente y errática. En menos de seis meses fueron nombrados tres gerentes. Primero estuvo Gamal Serham. A los días entró otro gerente, René Chávez. Y posteriormente es sustituido por el señor Salinas. Ninguna empresa puede subsistir con un manejo errático de la gerencia. La empresa tiene una utilidad anual de 300 a 400 mil bolivianos. El daño (350.00) abarcó prácticamente toda la ganancia", expresó Becerra.

La denuncia también describió un "accionar inadecuado", puesto que a pesar de que el contrato no había sido suscrito, fueron autorizados y aprobados informes de unidades de control, gestiones de compra de bienes (materiales, activos y otros), cometiendo delitos de "conducta antieconómica (art. 224 C.P.) e incumplimiento de deberes (art. 154 C.P.). El documento alega que los mencionados gastos "no contaban con previsión presupuestaria específica aprobada o directamente no contaban con los informes correspondientes, situación que debía ser observada y rechazada".

Becerra acotó: "Compran computadoras, uniformes e incluso contrataron personal sin que haya sido suscrito el contrato. Fueron erogados gastos de aproximadamente 350.000 bolivianos y no hubo el ingreso necesario para subsanar el mismo. Además, 1.750 niños fueron perjudicados y no recibieron el bono Juancito Pinto o el Juana Azurduy. Las utilidades de la empresa son para el pueblo boliviano.