Integrantes de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) no solicitaron ningunaautorización, a las instancias municipales correspondientes, para la instalación de una motocicleta supuestamente rescatada de una quema durante los conflictos sociales registrados entre octubre y noviembre de 2019. 

El objeto ahora permanece como “monumento”, a criterio de la RJC, en la plazuela de Cala Cala, en la zona norte de la ciudad, bajo el resguardo de la misma organización.

El director de Patrimonio Cultural y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura del municipio de Cochabamba, José Heresi, informó que no “ha llegado a la Secretaría de Cultura ninguna solicitud de emplazar un monumento de forma legal y cumpliendo con la normativa”. No obstante, aclaró que tampoco “recibió ninguna denuncia ni observación sobre la instalación de la motocicleta”. 

En cuanto a las acciones que tomará el municipio respecto a la situación legal del emplazamiento, Heresi adelantó que la dirección de Patrimonio y Servicios Culturales solicitará una investigación sobre la instalación del motorizado y decidirá qué medidas asumir al respecto, junto a las secretarías de Planificación, Asuntos Jurídicos y Cultura y Turismo.

“Se procederá a la revisión de la norma y se verá si cumple con todos los aspectos legales y la normativa vigente para que (la motocicleta) se pueda quedar ahí o, caso contrario, proceder a retirarla”, explicó el responsable de Patrimonio y Servicios Culturales.

No obstante, el arquitecto Roberto Flores, especialista en el área, aseguró que debe procederse al retiro inmediato del vehículo, ya que no cumple con los requisitos estéticos, paisajísticos e históricos de un monumento y no se solicitó autorización a las autoridades correspondientes.

“Se tendría que retirar de forma inmediata, porque no forma parte del diseño original de remodelación realizada por el mismo municipio, porque no tiene autorización para ser colocada y, además, es una chatarra que no cumple ningún canon estético”, aconsejó.

Asimismo, sugirió que en lugar de emplazar una motocicleta, podría construirse un memorial en honor a las personas que fallecieron durante los conflictos sociales del año pasado.

La ordenanza municipal 3291/2004 señala que todo “arte monumental público debe resaltar y perdurar en la memoria colectiva de la población hechos significativos de la historia universal, nacional, regional o local o personajes destacados por su contribución al desarrollo de la vida política, cultural o científica”.

Respecto a si existen otros emplazamientos de objetos con características similares en la ciudad, el investigador recordó que este es el primer caso en el que un grupo de personas (RJC) “impone” un símbolo de este tipo a la población. Sin embargo, recordó que hace un par de años autoridades afines al Movimiento Al Socialismo, quienes intentaron cambiar el nombre de la plaza de Las Banderas y la plazuela Gerónimo de Osorio en un afán “descolonizador”, pero fueron frenados ante el rechazo de la ciudadanía. 

Consultado sobre el funcionamiento de alguna normativa que respalde la instalación de esa motocicleta, Heresi advirtió que “no existe ninguna ordenanza que (avale) a un colectivo de vecinos, de actores políticos o de cualquier índole a que pueda avasallar o colocar ‘monumentos’ en cualquier lugar de la ciudad”. 

Por su parte, Flores, en términos técnicos y sociales, resaltó que “la motocicleta se pierde en el espacio, es irrelevante y no tiene ningún tipo de trabajo artístico o escultórico. Lejos de querer unir a la sociedad, lo único que está generando es mayor división y confrontación, y con últimos acontecimientos registrados hace un par de días con un grupo de mujeres de pollera, promueve el segregacionismo”.

El investigador hizo referencia al incidente registrado el viernes 17 de enero, en el que miembros de la RJC fueron fueron cuestionados y criticados por sus acciones de amedrentamiento contra una grupo de ciudadanos a los que desalojaron de la plazuela a empellones y utilizando bombas de estruendo. El hecho fue registrado en varios videos difundidos a través de las redes sociales.

Uno de los líderes de RJC, Yassir Molina, justificó esta acción señalando que lo ocurrido ese día fue para evitar que ese grupo de personas “retire las motocicletas” instaladas en uno de los jardines de la plazuela. Sin embargo, posteriormente, se aclaró que las personas expulsadas del área verde pertenecían a una organización que participaba de un evento administrativo en la zona.

Respecto al procedimiento legal que debe realizarse para el emplazamiento legal de monumentos en la ciudad de Cochabamba, José Heresi manifestó que se necesita la autorización del Gobierno Municipal y de la Secretaría de Cultura y Turismo, pero esta debe estar avalada por un Comité de Valoración de Arte y Estética Urbana encargado de otorgar un respaldo normativo a la instalación. Hasta la fecha esta mesa de trabajo aún no ha sido conformada, pero, en el transcurso de este mes, a través de una convocatoria, se llamará a todos los actores que deben formar parte de ella.

L. Z.