Diputado ofrece paquete de leyes para convertir a Cochabamba en eje económico nacional
Apuntando a convertir a Cochabamba en eje económico nacional, el diputado de la Alianza Unidad (Unidad) Luis Laredo ofrece un paquete de proyectos de ley que buscan generar inversión, fortalecer la competitividad, conectar al departamento con mercados nacionales e internacionales, impulsar talento y tecnología y redistribuir recursos estratégicos a la región.
La autoridad sostiene que una agenda legislativa que levante la economía de Cochabamba debe estar orientada a convertir a Bolivia en un país confiable, productivo y competitivo, “con Cochabamba como eje territorial de referencia”.
Su propuesta plantea ejes económicos, institucionales y sociales.
Entre los planes está el Proyecto de Ley de Estabilidad Jurídica y Protección a la Inversión Productiva, que establece un marco que declara proyectos estratégicos, fija garantías contractuales y crea una red de ventanillas únicas que coordina permisos y certificaciones entre niveles de gobierno. Este instrumento incorpora plazos administrativos definidos, procedimientos electrónicos con trazabilidad pública y mecanismos especializados de solución de controversias. La norma acompaña la ejecución con mesas técnicas territoriales que integran gobierno nacional, gobernaciones, municipios, cámaras productivas y universidades, y con auditorías externas que validan cumplimiento y resultados. El propósito consiste en acelerar la ejecución de obras productivas, atraer financiamiento y asegurar que cada proyecto cuente con seguimiento público y evaluación de impacto.
“Este proyecto garantizaría la seguridad jurídica para la inversión privada nacional y extranjera, consolidando a Bolivia como un destino confiable para el capital privado nacional e internacional”.
El Proyecto de Ley de Conectividad Económica y Transformación Digital integra inversiones en infraestructura logística con proyectos de banda ancha y plataformas de trazabilidad para cadenas productivas. El diseño prioriza corredores que conecten centros productivos con nodos de distribución y puertos secos, y estándares de interoperabilidad que facilitan comercio y reducción de costos logísticos. Los proyectos se estructuran con estudios de viabilidad, esquemas de cofinanciamiento y pilotos de digitalización que permiten medir la reducción de costos por tonelada kilómetro y la mejora en tiempos de despacho.
“La infraestructura logística y digital debe considerarse como plataforma para que el sector privado y los sectores productivos del país en cualquier región expanda exportaciones y se integre plenamente a cadenas de valor internacionales”.
Entretanto, el Proyecto de Ley de Economía del Conocimiento y Talento Joven impulsa investigación, desarrollo e innovación con programas de formación dual entre empresas y universidades, fondos concursables para proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) y espacios de incubación y aceleración para emprendimientos tecnológicos.
Esta política prioriza la retención de talento regional, la creación de clústeres sectoriales y la vinculación directa entre oferta académica y demanda productiva. La ejecución combina convenios con centros de investigación, líneas de financiamiento público–privado y comités técnicos que evalúan proyectos por criterios de impacto y escalabilidad.
PACTO FISCAL
El paquete de propuestas incluye el Proyecto de Ley del Nuevo Pacto Fiscal para Cochabamba, que propone fórmulas de redistribución de recursos que vinculan transferencias a criterios productivos y territoriales. El pacto establece mecanismos de cofinanciamiento para infraestructura estratégica, fondos condicionados a resultados productivos y cláusulas de corresponsabilidad entre niveles de gobierno. La negociación se desarrolla mediante mesas intergubernamentales y dictámenes jurídicos que aseguran compatibilidad constitucional, con el fin de fortalecer la autonomía regional y mejorar la ejecución de inversiones públicas orientadas al desarrollo productivo.
“Se busca establecer una redistribución que impulse el equilibrio entre los niveles de estado nacional y subnacionales con una proporción de 50 por ciento para las regiones y 50 por ciento para el nivel central”.
Además, está el Proyecto de Ley de Simplificación Normativa Empresarial, que busca materializar la desburocratización mediante la digitalización de trámites, la creación de ventanillas únicas y la eliminación de duplicidades regulatorias que afectan a micro, pequeñas y medianas empresas.
Esta medida incluye un inventario regulatorio, capacitación a funcionarios municipales y una plataforma integrada para apertura de empresas y cumplimiento sectorial. El objetivo consiste en reducir tiempos de apertura, disminuir costos administrativos y elevar la satisfacción empresarial con procesos ágiles y transparentes.
OTRAS PROPUESTAS
Entre otros planes de Laredo están el Proyecto de Ley de Modernización Tributaria y Laboral, que propone una actualización normativa que armoniza incentivos para la formalización con medidas que mejoran la competitividad empresarial y la sostenibilidad fiscal; el Proyecto de Ley de Reforma Laboral y Programa Primer Empleo que articula incentivos a la contratación juvenil, programas de aprendizaje y sistemas de seguimiento de trayectorias laborales; el Proyecto de Ley para la Regulación Responsable de la Protesta Social que prevé institucionalizar protocolos de diálogo y mecanismos de mediación que permiten la expresión ciudadana y la continuidad de la actividad productiva; el Proyecto de Ley de Transparencia y Fiscalización para fortalecer la rendición de cuentas mediante la creación de un Registro Público de Proyectos Productivos Estratégicos y la obligación de publicar auditorías, contratos y avances de ejecución en un portal de datos abiertos; y el Proyecto de Ley de Políticas de Reconciliación y Unidad que prevé vincular proyectos productivos con procesos de inclusión social mediante acuerdos de beneficio compartido, programas de capacitación local y participación ciudadana en la planificación territorial.
