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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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EN COCHABAMBA

Vivir con pavor: familia denuncia secuestro y asedio con escopetas por tráfico de tierras

De concretarse la toma por parte de avasalladores, la familia Orihuela, dueña del Centro Turístico Las Orquídeas en Incachaca, perdería la inversión realizada en los rubros de turismo, agricultura, ganadería y producción piscícola, emplazada sobre una extensión de 120 hectáreas. 

Raúl Orihuela muestra algunas de las fotografías en las que identifica a los presuntos lotedores de su predio, ubicado en Incachaca. VIOLETA SORIA
Raúl Orihuela muestra algunas de las fotografías en las que identifica a los presuntos lotedores de su predio, ubicado en Incachaca. OPINIÓN
Vivir con pavor: familia denuncia secuestro y asedio con escopetas por tráfico de tierras

El 12 de agosto de 2022 quedará grabado para siempre en la memoria de la familia Orihuela, propietaria por más de 60 años de más de un centenar de hectáreas del Centro Turístico Las Orquídeas, ubicado en Paracti, a pasos de la turística Incachaca.

Ello, debido a que aquella madrugada, a las 2:30, alrededor de 40 personas ingresaron a este predio y, a punta de dinamitas, machetes y escopetas, desalojaron a sus habitantes, quienes tuvieron que escapar en medio de la noche a través del monte, informó a OPINIÓN, Raúl Orihuela, uno de los propietarios del predio.

La versión del señor Orihuela apunta a que, posteriormente a este hecho, los avasalladores habrían secuestrado a uno de los seis trabajadores que se encontraba en este lugar y, ayudados por combos, habrían demolido la casa donde habitaba la familia Orihuela.

“Lo que quieren es, especialmente, a mí y a todos mis hermanos (desean) asesinarnos para quedarse con los terrenos, incluida mi casa”, señaló don Raúl, todavía afectado por los sucesos vividos aquel 12 de agosto pasado.

Vive con completo temor. En esa condición asegura que los avasalladores actuarían a la cabeza de Pedro Quezada Laime, junto a seis cabecillas y abogados que movilizarían a varios atacantes que provendrían de Yungas de Vandiola, Locotal e incluso de la zona de K'ara K'ara, al sur de la urbe cochabambina.

El miedo no es nuevo, puesto que Orihuela asevera que los traficantes de tierra habrían atentado contra su integridad y su propiedad en seis ocasiones pasadas.

Los ataques tendrían ya historia. Este medio accedió a unos documentos que dan cuenta de que, en mayo de 2021, el Juzgado Mixto de Sentencia del Trabajo y Seguridad Social N 1 de Sacaba dictó cuatro años de prisión en el penal de San Pablo de Sacaba para Pedro Quezada Laime y Alberto Hualca Salas Quispe, acusados por "robo y lesiones leves y graves contra Orihuela", en un ataque previo.

EL PREDIO ASEDIADO

El sector asediado abarca 120 hectáreas donde existe producción agrícola, piscícola y ganadera. “Nosotros tenemos una posición de más de 60 años desde mis abuelos”, asegura Orihuela, mientras muestra el folio real del predio, el cual cuenta con medidas precautorias o prohibición de innovar por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), debido a que se encuentra en proceso de saneamiento.

DAÑOS INCALCULABLES

Orihuela aseguró que la demolición de su casa ocasionada, por supuestos loteadores, le pasa una factura de 12 mil dólares invertidos. Adicionalmente, reporta una pérdida de 12 a 15 mil bolivianos, producto de las cosechas de papa que sembró en sus predios, pero que fueron a parar a manos de los avasalladores.

A ello se suma que los habitantes ilegales cortaron las tuberías que sirven para oxigenar las piscinas donde esta familia cría truchas. Como resultado, 15 mil alevines murieron a falta de oxigeno, lo que representa una perdida de 8 mil dólares.

El panorama es desolador, puesto que las cabañas de madera construidas para los turistas que llegan a la zona también fueron demolidas. “Para poder invertir en mis terrenos tuve que viajar a Canadá y retornando he invertido en tuberías, toda una estructura en ganadera, pero todo he perdido”, narró.

CASUCHAS EN LA ZONA

A fin de sentar presencia en el lugar, los avasalladores instalaron casuchas de calamina y ladrillo en una hectárea del sector. Estas son habitadas alegando que compraron el terreno. Se conoce que la hectárea en este predio es ofertada por montos que oscilan entre 4 y 6 mil dólares y su entrega es realizada a simple minuta de venta.

El 9 de abril de 2021, cerca de 90 efectivos policiales ingresaron a la zona, a requerimiento fiscal, para desalojar a los habitantes ilegales. “Cuando entró la Policía toditos han escapado”, contó Orihuela.

SIN PAZ

A pesar de que la familia Orihuela ya sentó las denuncias ante el INRA y puso en marcha acciones legales para que los hechos no queden en la impunidad, los propietarios aseguran que perdieron la paz y se encuentran en permanente alerta. Esta familia lamenta que con los avasallamientos el turismo de la región quedó afectado.