Cochabamba

El pasado 5 de mayo transcurría una jornada laboral habitual para la periodista de Unitel Paola Cadima y su camarógrafo Juan Rodo Adrián. Ninguno imaginó que la cobertura periodística del conflicto por la basura en Cochabamba se convertiría en un suplició. Ella terminó golpeada y violentada sexualmente. Él con hematomas y daños en las costillas, brazo y muslo izquierdo.

Los agredieron en Cotapachi, donde la Alcaldía de Cercado tiene una celda para el depósito de basura que es rechazada por pobladores de Colcapirhua. 

Los trabajadores de la prensa reflejaban el enfrentamiento entre los “defensores” del botadero y los oponentes, los colcapirhueños. Pero, su presencia no gustó a por lo menos 200 personas que no dudaron en atacarlos.

“Hombres me agredieron, me golpearon, me tocaron las partes íntimas y me arrebataron dos teléfonos móviles”, contó Cadima a la Unidad de Monitoreo de los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Su caso es uno entre tres que se dieron en Cochabamba en lo que va del año 2025, según un reporte de la delegación de la Defensoría del Pueblo.

La cifra es mayor si se da una mirada al resto del país. Durante 2024, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas documentó un total de 150 vulneraciones a la libertad de prensa.

De los 150 casos registrados por el Observatorio, el 50% fue en contra de varones (75 casos) y el 20% en contra de mujeres (30). 

Además, según una encuesta nacional realizada por la Defensoría del Pueblo, la vulneración vivida por Paola Cadima y Juan Rodo es común en el gremio. Casi el 70% de los trabajadores de la prensa de Bolivia enfrentó algún tipo de trasgresión en el ejercicio periodístico.

Esta cifra es desalentadora para los periodistas de Bolivia, que ayer 10 de mayo conmemoraron su día.

MÁS CASOS

En el marco del mismo lío por la basura, pero en una jornada diferente, la periodista Ángela Mamani, del medio Voces Regionales, también fue víctima de los grupos sociales en conflicto.

Mamani cumplía con su labor informativa cuando fue interceptada por protestantes en inmediaciones a la puerta del cuartel de Cotapachi. Según testimonios, un dirigente y sus seguidores la golpearon violentamente y le sustrajeron su equipo de trabajo en medio de insultos y amenazas.

En línea con ambos casos, la delegada defensorial departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, mencionó que los mayores perpetradores de vulneraciones en contra de periodistas suelen ser las organizaciones y grupos movilizados.

Esto fue develado en una encuesta nacional realizada por la Defensoría del Pueblo en todo el país durante la gestión pasada.

En respaldo, Unitas agregó que estas transgresiones se concentran casi siempre en contextos de alta conflictividad. Ejemplificó que en la marcha en rechazo al proceso por estupro y trata de personas en contra del expresidente Evo Morales hubo 42 episodios de violencia en contra de periodistas.

OTROS APUNTADOS

Además de las organizaciones y grupos movilizados, los periodistas de Bolivia alguna vez fueron vulnerados por sus empleadores, líderes políticos, entidades públicas y fuerza pública. Los apuntados son “los principales perpetradores de sus derechos”, señaló la encuesta de la Defensoría. 

¿Y por qué no denuncian? La desconfianza en la justicia, el temor a represalias y las limitaciones prácticas, como la falta de tiempo, recursos y conocimiento de los procedimientos de denuncia son algunas de las razones que impiden a los periodistas iniciar procesos.

El caso de la reciente agresión a Unitel, por ejemplo, aún no pudo ser abordado por la Defensoría del Pueblo. La delegada defensorial de Cochabamba convocó a las víctimas, pero, por cuestiones laborales, no pudieron asistir.

Más de la mitad de los trabajadores de la prensa de Bolivia demandaron al Estado que les proporcione las garantías necesarias para el desarrollo de su labor periodística.

PEDIDO

Frente a este incremento de violencia en contra de trabajadores de la prensa, Unitas pidió al Estado boliviano crear un mecanismo de protección para estos profesionales.

“(…) Urge crear un mecanismo que prevenga, proteja y garantice la investigación y sanción contra quienes vulneran su labor de defensa”, expresó a través de un comunicado oficial.

“Esto incluye medidas preventivas, apoyo legal, y protocolos de actuación ante agresiones, con la debida sanción de los responsables”, acotó el informe de esa institución.

Lo datos presentados, según aseveraron, evidencian el alto nivel de riesgo que enfrentan estos periodistas en el ejercicio de sus labores.

ACCIONES

Si bien Unitas ya remitió una solicitud de creación de mecanismos de protección para periodistas, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba también alista un paquete de actividades institucionales en favor del gremio periodístico, a propósito del mes del Periodista Boliviano.

Álvarez dijo que el 12 y 13 de mayo la institución instalará puntos móviles en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba para atender quejas o reclamos de trabajadores de la prensa.

La intención es que, a corto plazo, los casos que registren se constituyan en investigaciones defensoriales.

 “No suplimos a un abogado”, remarcó Álvarez, pero la Delegación Defensorial podrá hacer seguimiento de los casos y que se cumplan procesos, plazos y demás.