Cochabamba

El manejo de basura y un contrato anunciado para la ciudad de Cochabamba y los conflictos también referidos a la gestión de residuos sólidos en la zona de Cotapachi, en el Valle Bajo, convergen, según autoridades y fuentes relacionadas con el problema, en un punto en común, la participación de la empresa Tunqui en ambos escenarios.

Hay versiones de una celda “clandestina”. En lo oficial, se desconoce dónde está la celda de la nueva empresa que prevé firmar contrato con la Alcaldía de Cochabamba. Mientras tanto, Tunqui mantiene silencio.

Incluso desde gestiones municipales anteriores, el tema de la basura es un problema latente en distintos municipios. Los líos suelen exponerse también en medio de conflictividad política.

COTAPACHI En la zona de Cotapachi, están los botaderos de basura de los municipios de Colcapirhua y Quillacollo.

El conflicto más reciente en la zona comenzó a fines de noviembre con bloqueos y duró alrededor de 12 días. Entonces, pobladores de Cotapachi cerraron el ingreso de los carros recolectores de basura al botadero municipal de Colcapirhua. El 4 de diciembre se vivió una primera jornada de violencia, cuando funcionarios municipales de Colcapirhua intentaron ingresar al vertedero y se enfrentaron con los bloqueadores; aquel día reportaron una veintena de heridos.

El bloqueo continuó, y el problema escaló el 8 de diciembre a un punto crítico. Con el fin de restablecer el servicio de recolección y disposición final de la basura, hubo un operativo policial para despejar el ingreso al botadero colcapirhueño. Eso derivó en dinamitazos y se reportó también el uso de armas de fuego. Durante el enfrentamiento, murieron Marco Padilla Meneses (38) y Sinforiano Carrillo (47); además, también hubo heridos, entre policías y habitantes de la zona.

Pero, el fondo del problema no fue expuesto con claridad.

Hubo versiones de problemas por límites, mismas que fueron desvirtuadas en la reunión de autoridades departamentales, de Colcapirhua, de Quillacollo y la Defensoría del Pueblo.

Tras cuartos intermedios y reinstalación de reuniones, con la participación de más actores, incluidos los habitantes del lugar, se dio la firma de un “acta de acuerdo amistoso”, con el que terminó el conflicto.

Entre los puntos mencionados en el documento se incluye que las alcaldías de Quillacollo y Colcapirhua hagan gestiones para el cierre técnico de los botaderos hasta mayo de 2026, cronogramas de trabajo y la conformación de comisiones, además de las gestiones para ejecutar proyectos en la zona de Cotapachi, en beneficio de la localidad. Así, se garantizó la calma y se retomaron las actividades de recojo y disposición de la basura.

Pero, surge información adicional.

Ya en días anteriores, el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, dijo que mencionar un tema de límites fue “una excusa” para no evidenciar “intereses personales” e “intereses económicos”.

“No olvidemos, hay unas celdas de emergencia que se ha hecho ahí la empresa Tunqui (…). Recordemos quiénes se han adjudicado el tema (de basura) en Cochabamba”, sostuvo, y relacionó la situación con la asociación accidental que está en puertas de firmar contrato en la ciudad de Cochabamba para el manejo de residuos sólidos.

Entretanto, se conoció por fuentes (de quienes se mantiene reserva) relacionadas con este tema que, en inmediaciones del botadero de basura de Quillacollo, en Cotapachi, hace unos días, ahí operaba maquinaria identificada con logotipos de “Tunqui”, y que ya existe un techado y se hacen trabajos para lo que sería una planta para tratar residuos sólidos.

En la conferencia de prensa en la que el Gobernador informó el jueves sobre el acuerdo con el que concluían los conflictos, fue consultado sobre los trabajos de la empresa Tunqui en Cotapachi. La autoridad respondió: “Han manifestado los vecinos que hay una celda clandestina”. Se prevé una inspección.

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Silvia Soliz, por su lado, expresó que el conflicto generado en Cotapachi habría sido a raíz de que la empresa intenta hacer “celdas clandestinas” en ese espacio.

“Al parecer estas empresas estarían incluso financiando para que exista este conflicto, porque están pretendiendo llevar la basura a este sector de manera irregular, de manera clandestina, sin tener la licencia ambiental”.

El abogado Eduardo Mérida, quien defiende a las víctimas de los enfrentamientos en Cotapachi, respecto al tema expresó que existe una pugna entre los alcaldes y la pugna de la población “cansada de la contaminación”.

Reconoció que hay comunarios que trabajan en el sector de construcción de la nueva celda. “Recién la comunidad interviene; pero, parte de la comunidad, porque hay gente civil que no se mete a aquello”, sostuvo, y explicó que entiende que existe un grupo dirigencial específicamente vinculado a estos temas y que coordina con las alcaldías.

Desde la Alcaldía, el vocero municipal, Mauricio Noya, expresó que, en cuanto a las acusaciones contra Tunqui, esa debe ser la instancia que responda.

“Nosotros no tenemos ninguna información, documentación y tampoco creo que nos corresponde como Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, al margen de haber tenido una relación contractual con esta empresa, realizar ningún tipo de informe en torno a esta situación concreta”.

Entretanto, la empresa Tunqui guarda silencio. OPINIÓN contactó con uno de los representantes vía WhatsApp, pero la persona dejó los mensajes en visto.

CONTRATO, K’ARA K’ARA Y LA EMERGENCIA Tunqui es en la actualidad, junto a Colina, parte de la Asociación Accidental Complejo Industrial del Valle (CINVA), que ganó la licitación para hacerse cargo del tratamiento e industrialización de la basura de la ciudad de Cochabamba, además del cierre técnico de la Macrocelda 2-3 en K’ara K’ara.

El cierre técnico tiene un plazo ampliado, por determinación judicial, hasta el 30 de abril de 2026, fecha que coincide con los últimos días de la gestión municipal 2021-2026 de Manfred Reyes Villa.

Hasta esa fecha, existe la autorización del ingreso de basura a K’ara K’ara (acción necesaria para el cierre técnico, según la Alcaldía). Por tanto, la celda (cuyo sitio se desconoce en lo formal) de CINVA no se utilizaría, en ese tiempo.

El contrato entre CINVA y la Alcaldía, que se prevé firmar hasta el 30 de diciembre, es por 25 años, por más de 1.300 millones de bolivianos.

Pero, Tunqui está en escena en el manejo de la basura desde antes.

El pasado 11 de diciembre, venció un contrato que tenía con la Alcaldía de Cochabamba. Trabajó en K’ara K’ara haciendo tratamiento y trabajos para el cierre técnico.

Además, entre mayo y septiembre de este 2025, el Complejo Industrial Cochabamba Tunqui LTDA fue la firma encargada del tratamiento de la basura de la ciudad de Cochabamba, en una celda de emergencia en Cotapachi. Ese contrato se dio luego de los conflictos con K’ara K’ara, porque existía la prohibición del Tribunal Agroambiental de ingreso de basura a partir del 21 de abril. Luego, ese plazo se fue ampliando y, en la actualidad, rige el de abril de 2026.

Tunqui se mantuvo al margen de las declaraciones públicas. En la reunión del 28 de octubre, en la que participaron las empresas interesadas en la adjudicación para la industrialización de la basura de Cochabamba, fue la única que evitó el contacto con la prensa.

En estos días, tampoco fue posible conocer su postura.

Mientras, la Alcaldía anuncia la firma del contrato con la firma de la cual es también parte Tunqui.