Contraloría halla indicios de responsabilidad a la Prefectura por compra de 26 vehículos
22 de septiembre de 2007 (19:29 h.)
La Contraloría General de la República concluyó que existen indicios de responsabilidad civil y administrativa en la adquisición de la maquinaria y equipo pesado, y 26 vehículos livianos de lujo, realizado por la Prefectura de Cochabamba.
Además confirman la utilización ilegal de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la compra de vehículos y lotes de repuestos sin requerimiento, entre otras denuncias administrativas que no habían sido observadas con anterioridad.
De acuerdo al análisis de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa incurrió en la malversación de fondos al adquirir 26 vehículos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
El resultado preliminar de la auditoría especial sobre adquisición de maquinaria y equipo pesado, que incluye vehículos livianos, mediante contratos suscritos en diciembre de 2006, informa que existen indicios de responsabilidad civil y administrativa.
Prefectura
El vocero de la Prefectura, Wilson Espinoza trató de explicar y justificar el resultado, dijo que no existen sobreprecios y corrupción como quisieron hacer ver los consejeros y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS)
“Existen recomendaciones y las vamos a enmedar pero no hay corrupción”, expresó el vocero prefectural, a tiempo de ratificar que se trató de una “auditoría política” porque hubo injerencia de los diputados en la Contraloría.
Espinoza reiteró que sólo se tratan de recomendaciones que serán tomadas en cuenta, dijo también que presentarán sus descargos y documentación adicional en los 15 días, aunque todavía no fueron notificados.
Recomendaciones
Así también, se emiten 24 recomendaciones que hacen al manejo administrativo de los aspectos evaluados en la auditoría.
El prefecto Manfred Reyes Villa, en días pasados se adelantó al informe y advirtió que se estaba preparando un “linchamiento judicial en su contra” y que habrían presionado a la Contraloría General de la República.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas explicó que la autoridad departamental, en 15 días debe presentar sus descargos, y si la auditoría ratifica la conclusión deberá devolver el dinero. Además se señalará la responsabilidades que tengan el prefecto Manfred Reyes Villa, como máxima autoridad y el secretario general Jhonny Ferrel, como responsable del proceso de contratación.
Aunque la Contraloría no especifica el daño económico, Herbas estima que es 180 millones de bolivianos.
“Han violado las normas que van desde decretos supremos, resoluciones ministeriales hasta la propia Ley 3058. Esta auditoría ha verificado todos estos aspectos”, expresó Herbas.
Contravenciones
La auditoría especial permitió identificar varias contravenciones a las normas que no habían sido denunciadas como la compra de lotes de repuestos para el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de la Prefectura.
Además la auditoría ha verificado que se han pintado placas a los vehículos y muchos no tienen el logotipo de la entidad pública.
Señala también que por el monto de la compra debía haberse realizado una licitación internacional y no sólo nacional (de carácter doméstico).
Entre otras recomendaciones, la auditoría indica que se realizó el pago anticipado a los proveedores, considerada una falta grave.
Proceso
Herbas aclaró que el resultado conclusivo de la Contraloría, sí ratifica el informe preliminar y permitirá iniciar las acciones administrativas y judiciales para la recuperación del daño económico.
La autoridad legislativa desvirtuó la denuncia del prefecto Manfred Reyes Villa, quien aseguró que se estaba preparando un linchamiento judicial.
“Nosotros hemos tenido toda la paciencia de esperar para quitarle el ingrediente político; el resultado ya tenía que emitirse en julio, pero la Contraloría tomó el tiempo prudente”, sostuvo Herbas.
Los argumentos planteados por la Prefectura respecto a la compra hace, simplistas a decir de Herbas, suponer un mal uso de los recursos públicos del IDH que, según la Ley 3058, deben ser destinados para infraestructura, salud y educación.
Además de la supuesta malversación, se ha violado el Decreto Supremo 27327 promulgado por el ex presidente Carlos Mesa, que expresa en su artículo 20 la prohibición de la adquisición o alquiler de vehículos en las entidades públicas.
Además confirman la utilización ilegal de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la compra de vehículos y lotes de repuestos sin requerimiento, entre otras denuncias administrativas que no habían sido observadas con anterioridad.
De acuerdo al análisis de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa incurrió en la malversación de fondos al adquirir 26 vehículos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
El resultado preliminar de la auditoría especial sobre adquisición de maquinaria y equipo pesado, que incluye vehículos livianos, mediante contratos suscritos en diciembre de 2006, informa que existen indicios de responsabilidad civil y administrativa.
Prefectura
El vocero de la Prefectura, Wilson Espinoza trató de explicar y justificar el resultado, dijo que no existen sobreprecios y corrupción como quisieron hacer ver los consejeros y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS)
“Existen recomendaciones y las vamos a enmedar pero no hay corrupción”, expresó el vocero prefectural, a tiempo de ratificar que se trató de una “auditoría política” porque hubo injerencia de los diputados en la Contraloría.
Espinoza reiteró que sólo se tratan de recomendaciones que serán tomadas en cuenta, dijo también que presentarán sus descargos y documentación adicional en los 15 días, aunque todavía no fueron notificados.
Recomendaciones
Así también, se emiten 24 recomendaciones que hacen al manejo administrativo de los aspectos evaluados en la auditoría.
El prefecto Manfred Reyes Villa, en días pasados se adelantó al informe y advirtió que se estaba preparando un “linchamiento judicial en su contra” y que habrían presionado a la Contraloría General de la República.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas explicó que la autoridad departamental, en 15 días debe presentar sus descargos, y si la auditoría ratifica la conclusión deberá devolver el dinero. Además se señalará la responsabilidades que tengan el prefecto Manfred Reyes Villa, como máxima autoridad y el secretario general Jhonny Ferrel, como responsable del proceso de contratación.
Aunque la Contraloría no especifica el daño económico, Herbas estima que es 180 millones de bolivianos.
“Han violado las normas que van desde decretos supremos, resoluciones ministeriales hasta la propia Ley 3058. Esta auditoría ha verificado todos estos aspectos”, expresó Herbas.
Contravenciones
La auditoría especial permitió identificar varias contravenciones a las normas que no habían sido denunciadas como la compra de lotes de repuestos para el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de la Prefectura.
Además la auditoría ha verificado que se han pintado placas a los vehículos y muchos no tienen el logotipo de la entidad pública.
Señala también que por el monto de la compra debía haberse realizado una licitación internacional y no sólo nacional (de carácter doméstico).
Entre otras recomendaciones, la auditoría indica que se realizó el pago anticipado a los proveedores, considerada una falta grave.
Proceso
Herbas aclaró que el resultado conclusivo de la Contraloría, sí ratifica el informe preliminar y permitirá iniciar las acciones administrativas y judiciales para la recuperación del daño económico.
La autoridad legislativa desvirtuó la denuncia del prefecto Manfred Reyes Villa, quien aseguró que se estaba preparando un linchamiento judicial.
“Nosotros hemos tenido toda la paciencia de esperar para quitarle el ingrediente político; el resultado ya tenía que emitirse en julio, pero la Contraloría tomó el tiempo prudente”, sostuvo Herbas.
Los argumentos planteados por la Prefectura respecto a la compra hace, simplistas a decir de Herbas, suponer un mal uso de los recursos públicos del IDH que, según la Ley 3058, deben ser destinados para infraestructura, salud y educación.
Además de la supuesta malversación, se ha violado el Decreto Supremo 27327 promulgado por el ex presidente Carlos Mesa, que expresa en su artículo 20 la prohibición de la adquisición o alquiler de vehículos en las entidades públicas.