En Cochabamba, hay 25 personas con discapacidad privadas de libertad

Mario camina con la ayuda de un bastón en los pasillos del penal de San Antonio porque casi no ve. Enrique, en la misma cárcel, es impulsado por otro interno porque está en silla de ruedas. En el recinto penitenciaron de El Abra, hay otras tantas personas que reciben la solidaridad de sus compañeros también privados de libertad porque solos no pueden realizar actividades normales, como caminar. Mario y Enrique son nombres cambiados.

En los distintos recintos penitenciarios del departamento de Cochabamba, hay un total de 25 personas con discapacidad que están privadas de libertad. Están procesadas por diferentes delitos.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, expresa que, “en justicia”, personas como las que tienen discapacidad, deberían tener algún beneficio, como la detención domiciliaria; pero, por la relevancia de los delitos esta situación se dificulta.

“Nos exigen también los jueces, muchas veces, ver qué grado de discapacidad hay, si hay familia o si hay asistencia. De acuerdo a norma, personas enfermas mentales no deberían estar, personas de la tercera edad no deberían estar y personas con discapacidad tampoco deberían estar; pero, sí existen”.

Explica que, en su mayoría, las personas con discapacidad que están en los centros penitenciarios tienen privación de libertad por delitos de alta relevancia, como temas de violación.

“Eso impide un poco que nosotros podamos insistir ante el Órgano Judicial, porque hay una víctima y las víctimas están siempre al tanto del movimiento de estas personas al interior de los centros penitenciarios”.

La autoridad describió que se logró la salida de personas con discapacidad con inamovilidad, sobre todo, en las piernas. Pero, se trató de gente que no había cometido delitos relevantes. En la actualidad, ellos tienen detención domiciliaria, como establece la norma.

El director departamental de Régimen Penitenciario, Tito Gonzalo Arze, informa que, de acuerdo con un relevamiento de datos, en los penales cochabambinos hay 25 personas con discapacidad distinta, entre intelectual y física, entre otras.

Mario camina por los pasillos del penal de San Antonio guiándose con un bastón, una vara ligera y larga que identifica a las personas ciegas; por lo general, algún otro interno le ayuda, sobre todo para ir al baño u otros sectores.

Según cuenta, perdió la vista por completo en el ojo izquierdo y con el derecho ve solo con una capacidad del 10%.

“En el izquierdo tengo un desprendimiento de retina; y en este otro ojo (señala el derecho) solo es un 10% lo que veo. En el baño, caminar es un poquito peligroso, para eso necesito ayuda”.

Relata que está recluido desde hace más o menos un mes, procesado por una denuncia de acoso sexual.

Su condición de discapacidad le impide cumplir con las tareas que les son asignadas a otros internos.

Él pondera la solidaridad de quienes están alrededor suyo.

“Momentáneamente, no me hacen hacer eso (las actividades) porque no veo. Sí me están colaborando algunos internos”.

Su hermana y su mamá son sus visitas habituales. Su proceso está en etapa inicial.

En días recientes, comenzaron las jornadas de descongestionamiento. Pero, Mario no califica para el beneficio de una alternativa a permanecer en el penal. “La abogada me dijo que todavía”.

Por su lado, Enrique ya no puede movilizarse solo. Está en una silla de ruedas y necesita todo el tiempo el impulso de alguno de sus compañeros.

Explica que utiliza la silla de ruedas desde hace unos meses. Él esta hace nueve años privado de libertad en el recinto penitenciario de San Antonio, acusado por el delito de violación.

También es parte de la lista de personas con discapacidad al interior de los penales de Cochabamba.

“Recién me he enfermado desde octubre (de 2022). He entrado al baño y de ahí ya no he podido levantarme. Desde ahí estoy así, y no he podido caminar”.

Describe que tiene atención de sanidad y que hay un médico que está pendiente.

“Los de la oficina me han dado un ayudante, eso me está ayudando, un interno. No tengo familia, ni papá ni mamá. Durante nueve años estoy sin visita. Ya no camino”.

UN CENSO

Limpias manifiesta que, en la actualidad, se trabaja en la realización de un censo, para tener información actualizada, una lista que detalle los grados de discapacidad de cada una de estas personas en cada uno de los penales del país. El cumplimiento de este objetivo se coordina con el área de salud.

“Va a servir, por lo menos, para ver en qué centro podemos brindarles una mejor atención, tal vez tenerlos ahí y con una atención diferenciada”, sostiene.

El Director Departamental de Régimen Penitenciario dijo que ya se instruyó el trabajo en Cochabamba para el relevamiento de datos precisos y concretos.

La autoridad nacional de Régimen Penitenciario recuerda que ya trabajaron en protocolos de atención a personas con discapacidad, adultos mayores, población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer (LGBTQ+) y jóvenes.

“Hemos ido trabajando bastantes protocolos, y eso quiere decir que queremos diferenciar la atención a este tipo de población vulnerable que está dentro de los centros penitenciarios”.

AYUDA ENTRE INTERNOS

Limpias asegura que en los recintos penitenciarios existe la atención necesaria cuando los internos lo requieren, una atención externa que se viabiliza por parte de la administración penitenciaria del Órgano Judicial.

“Pero, creemos importante también el apoyo que realizan sus compañeros. Hay una solidaridad con ese tipo de población; siempre están al tanto de ellos. Hay casos muy extremos que necesitan ya de parte de personal médico, un enfermero que pueda atenderlos“.

En El Abra, el penal de mayor seguridad de Cochabamba, también hay internos con discapacidad.

Uno de los representantes de las personas privadas de libertad de ese reciento penitenciario informa que les brindan colaboración.

“Lastimosamente, aquí a todos nos meten el mismo gangocho, como se dice vulgarmente. Hay personas de la tercera edad, muy mayores, que igual están metidos aquí, y todos somos tratados por igual. Esos problemas son con los que tropezamos día a día (…). Debería de haber un espacio diferente o que haya un arresto domiciliario”, sugiere.

Lamenta que estando en la cárcel, muchos sufren el abandono hasta de sus familiares. La situación es más crítica cuando se trata de personas con discapacidad o de poblaciones vulnerables.

“Hasta la familia se olvida; es así. Con eso es con lo que nosotros tenemos que estar tropezando. Como encargados, como sea tenemos que estar pendientes de ellos para ver cómo ayudarles”.

Las autoridades de Régimen Penitenciario aseguran que existe atención de salud.

Limpias detalla que en los centros penitenciarios más alejados de las ciudades en el país existen ambulancias o vehículos que puedan trasladarlos inmediatamente-

“En centros penitenciarios donde tenemos cercanía de centros de atención o de salud son rápidas las medidas que se asumen en caso de una emergencia”, acota.

En semanas anteriores entregaron una ambulancia en Chonchocoro (La Paz).

Asegura que existen planes de continuar equipando otros recintos, como El Abra en Cochabamba, o lugares que no están cerca de hospitales de tercer nivel.

Arze remarca que se cuenta con personal capacitado también para garantizar que no se vulneren derechos de los internos. Además, dice sobre Cochabamba, cada recinto cuenta con un consultorio médico y hasta atención odontológica, aunque con las condiciones mínimas.

La normativa vigente dispone que se puede beneficiar a algunas personas que están privadas de libertad en algunos casos, como cuando se trata de adultos mayores; personas con enfermedad grave o incurable, en periodo terminal; personas con grado de discapacidad grave o muy grave siempre que la atención amerite un cuidado especial; padres y madres que tuvieran a su cuidado uno o varios de sus hijos pequeños, entre otros.

Sin embargo, esta posibilidad se dificulta cuando se trata de personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de asesinato, violación a niño, niña o adolescente, delitos contra la libertad sexual, traición a la Patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando.