Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 08 de diciembre de 2021
  • Actualizado 11:44

CIDH otorga "medidas de protección" para alcaldesa de Vinto y Nelson Cox

La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, durante las agresiones que sufrió durante la crisis postelectoral. Dico Solís
La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, durante las agresiones que sufrió durante la crisis postelectoral. Dico Solís
CIDH otorga "medidas de protección" para alcaldesa de Vinto y Nelson Cox

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 25 de diciembre de 2019 su Resolución 67/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo a.i., y Nelson Marcelo Cox Mayorga, Delegado Departamental Defensorial de Cochabamba. Los mismo sucedió con la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y sus hijos.

Según la solicitud, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, particularmente en La Paz y Cochabamba, fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, lo que ha implicado serios obstáculos e impedimentos para que los funcionarios que trabajan en tales oficinas pudiesen realizar sus labores debidamente y que personas que buscan ser atendidas por la Defensoría pudiesen acercarse o ingresar con normalidad.

"En el análisis del presente asunto, la Comisión tomó en cuenta la importancia de las instituciones nacionales de derechos humanos, como las Defensorías del Pueblo, en su rol crucial en la observancia y respeto de los derechos humanos en las Américas y en sus respectivos países", explican en la nota de prensa difundida hoy por la OEA.

Según este documento, "la Comisión identifica con especial preocupación los alegados hechos de en la oficina de La Paz y Cochabamba en que, durante las manifestaciones, se habría recurrido a 'reacciones verbales con tono agresivo', con gritos considerados 'infamantes a funcionarios de la institución'", buscando generar afinidad política-partidaria de la institución defensorial.

Incluso, según los solicitantes, cuando funcionarios habrían intentado ingresar, se habrían presentado empujones y jaloneos hacia ellos.

La Comisión también observa que la situación ha ido acompañada de una campaña de desprestigio, por diversos medios de comunicación, hacia la institución de la Defensoría del Pueblo. 

A esta campaña, según la solicitud de Cox y Cruz, se suman las "declaraciones de desprecio" por parte de agentes policiales hacia el trabajo de funcionarios de la Defensoría y, particularmente en tonos amenazantes, en contra del Delegado Departamental Defensorial de Cochabamba.

Asimismo, sobre este último, terceras personas se habrían presentado durante tres días consecutivos a finales de noviembre de 2019 en el domicilio particular de Nelson Cox pidiendo que renuncie, hasta altas horas de la madrugada, utilizándose petardos y explosiones estruendosas en las ventanas del edificio y amenazándose a familia y vecinos.

En consecuencia, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó a Bolivia que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga; adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas beneficiarias puedan desempeñar sus actividades sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.

VINTO En el caso de Patricia Arce, según comunicó la CIDH, la Comisión consideró que, dado el contexto, existe una "condición de vulnerabilidad en que se habría encontrado o podría encontrarse actualmente la beneficiaria ante un nuevo evento como el ocurrido, donde sus derechos se habrían encontrados expuestos a terceras personas ante la ausencia de un esquema de seguridad que la acompañe".

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión consideró que, desde el estándar prima facie, Maria Patricia Arce Guzmán y sus hijos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó a Bolivia que: adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Maria Patricia Arce Guzmán, y sus hijos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.